Diputado Roberto Celedón por formalización del Caso Bruma: «Aquí a lo menos ha habido encubrimiento por parte de la empresa»

De acuerdo a lo informado en la audiencia por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, los antecedentes reunidos por el Ministerio Público permiten imputar el cuasidelito o delito imprudente con el resultado de homicidios múltiples.

Diputado Roberto Celedón por formalización del Caso Bruma: «Aquí a lo menos ha habido encubrimiento por parte de la empresa»

Este miércoles 18/3 la Fiscalía formalizó a los tripulantes del buque Cobra, por la colisión y posterior naufragio de la embarcación Bruma, hecho que -recordemos- causó la muerte de 7 pescadores.

Según consignaron medios nacionales, la fiscalía solicitó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma quincenal para los tres imputados, mientras los familiares de las víctimas exigen prisión preventiva.

Tras la audiencia, el diputado Roberto Celedón (Ind.) dijo compartir la posición de las familias, haciendo ver que a su juicio, también existe responsabilidad penal por parte de la empresa.

«Por los antecedentes públicos que conocemos en relación al Caso Bruma, yo comparto plenamente la posición de la familia. Aquí hubo homicidio, no solo culposo; hubo homicidio lisa y llanamente, porque se sabía que se iba a colisionar a una nave pesquera, necesariamente por el volumen de las 50 y tantas toneladas que tiene Cobra. Y eso es lo que expresan también los audios que se han escuchado últimamente», planteó el parlamentario.

«Y segundo», agregó el diputado Celedón, «existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y aquí a lo menos ha habido encubrimiento por parte de la empresa».

«En relación a las medidas cautelares, estoy completamente de acuerdo con la familia (…) no podemos olvidar que Cobra dobló y se dirigió, y vio con antelación a la nave Bruma. Procede la medida cautelar de prisión preventiva», indicó el legislador.

Por último, Celedón recordó también que existe, a partir del año 2022, «la ley de instigación al suicidio, conocida como la Ley Antonia. Y todos deberíamos solicitar que se investigue la muerte de don Juan Sanhueza, porque se suicidó estando citado por la PDI y reunido previamente con la empresa, que probablemente los obliga a negar todo; él, por su formación, por ética, por el deber de decir la verdad, pudo ser víctima de la instigación al suicidio».

De acuerdo a lo informado en la audiencia por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, los antecedentes reunidos por el Ministerio Público permiten imputar el cuasidelito o delito imprudente con el resultado de homicidios múltiples.

En esa línea, la persecutora entregó un relato de los hechos: «El día 30 de marzo del año 2025, aproximadamente a las 03:08 horas, al noreste de la Isla Santa María en la comuna de Coronel, la nave pesquera Cobra, pesquero de altamar de 64.7 metros de eslora, 12 metros de manga, de 3.600 HP y 1.315 toneladas de registro grueso y 458 de registro neto, colisionó o abordó con su proa a la lancha a motor Bruma, de 14.7 metros de eslora, 4.3 metros de manga, 320 HP y 23.3 toneladas».

Lo anterior, añadió la fiscal Cartagena, «lo hizo (el Cobra) en su banda de babor, realizando un impacto de alta energía que dañó y fragmentó la estructura de la lancha, provocando su desarticulamiento, causando su hundimiento, la desaparición y la muerte de los tripulantes a bordo: José Luis Medel Sepúlveda, Jonathan Daniel Torres Saldaña, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Valladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz y Carlos Hugo Escárate Ramírez».

Según la fiscal regional, la indagatoria llevada a cabo permite establecer que, al momento del choque, el buque Cobra estaba al mando del capitán de la nave, Roberto Mansilla Gallardo (imputado), participando además en las labores de navegación Luis Macaya Andrade, Jaime Sandoval Lepe (ambos imputados) y Juan Sanhueza Enríquez, tripulante general de cubierta quien posteriormente se suicidó.

Para el Ministerio Público, la tragedia se produjo «a consecuencia del actuar negligente y de la infracción de la normativa y reglamentación marítima vigente por parte de los imputados Mancilla, Macaya y Sandoval».

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