El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) advirtió que la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no avanzar en el proceso de expropiación de la ex Colonia Dignidad debilita la verdad, justicia y reparación de las vulneraciones y crímenes cometidos en este recinto durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”, anunció el fin de semana el ministro de Vivienda, Iván Poduje, descartando continuar con el proceso que instruyó la administración del expresidente Gabriel Boric y que afecta a 117 hectáreas del enclave alemán, con la finalidad de convertirla en un sitio de memoria.
En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado argumentó que la medida responde a la falta de recursos disponibles. “Solo la parte urbana se estima en $47 mil millones. No los tengo», afirmó.
Ante esta decisión por parte de la administración de Kast, el INDH planteó que la Misión de observación sobre la ex Colonia Dignidad que desarrolló en 2024 logró exponer las diversas afectaciones a derechos humanos que padecieron quienes allí vivieron desde inicios de la década de 1960 hasta los años 90.
«Tanto niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres fueron sometidos a condiciones de vida que vulneraron su integridad personal, el derecho a la educación, a la vida privada, a contraer matrimonio y a fundar una familia, entre otras situaciones que se encuentran documentadas», indicó el instituto en un comunicado,
El INDH recordó que en este enclave fundado en 1961 por el líder nazi Paul Schäfer en la comuna de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule, y posteriormente convertido en un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico militar de Pinochet, fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas un número indeterminado de personas, cuyo destino final aún se desconoce, por lo que este lugar representa un «sitio de interés para las investigaciones que conduce la justicia y que lleva adelante el Plan Nacional de Búsqueda».
En el texto, el organismo destacó que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado imponen obligaciones ineludibles en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, dirigidas tanto a las víctimas como al conjunto de la sociedad, por lo que la decisión del mandatario de ultraderecha de no avanzar en la expropiación de parte del Monumento Nacional de la ex Colonia Dignidad «debilita una de las medidas más significativas para resguardar evidencias, asegurar su preservación y garantizar el acceso público a un sitio de memoria de alto valor histórico y judicial».
El INDH indicó que este compromiso del Estado no puede relativizarse y señaló que por el contrario, debe ser reafirmado «mediante una propuesta clara, transparente y participativa, que incorpore de manera efectiva a las víctimas y a la sociedad en su conjunto», con la finalidad de asegurar «la protección integral del sitio, la continuidad de los procesos judiciales y el cumplimiento de los estándares internacionales».
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