Por Ricardo Manzur Carrasco
En marzo de 2025, investigadores de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA) tomaron muestras de las aguas residuales de más de 100 ciudades en todo el mundo. El objetivo era medir, con precisión química, cuánta cocaína circulaba realmente por el organismo de sus habitantes. El resultado lo publicaron en su informe Wastewater Analysis and Drugs, y lo que encontraron en Chile debería haber gatillado una emergencia sanitaria nacional.
Copiapó, capital de la Región de Atacama, registró niveles cercanos a 1.500 miligramos de cocaína por cada 1.000 habitantes por día. El promedio de las demás ciudades analizadas ronda los 120 miligramos. A modo de comparación, Ámsterdam, una de las ciudades con mayor consumo documentado de Europa, registra valores similares a los de la capital atacameña. En Chile, Concepción, la segunda ciudad más incluida en el análisis, apenas supera los 200 miligramos.
Copiapó quedó tercera en el ranking mundial, detrás de Whitehorse en Canadá y Middlesbrough en Reino Unido. Primera en América Latina. Y la noticia duró tres días en la agenda pública.
El gobierno de Kast respondió con lo que siempre responde: más policías, más incautaciones, más cifras de detenciones. El ministro del Interior anunció operativos. Carabineros publicó fotos de droga decomisada. Y la pregunta que nadie hizo fue la única que importa: ¿por qué hay tanta gente que usa?
El liderazgo que nadie quiso ganar
El 16° Estudio Nacional de Drogas de SENDA 2024 confirma que Chile lidera el consumo de cocaína en América Latina junto a Argentina. El 3,3% de la población adulta usó cocaína en el último año. La pasta base afecta al 0,7%. Y el alcohol, la droga más extendida y más normalizada, llega al 39,2% de los adultos en el último mes, con casi la mitad reportando al menos un episodio de embriaguez.
Esos números no describen a un país con una crisis de narcotráfico. Describen a un país con una emergencia de salud pública que decidió desde hace décadas gestionar como asunto de orden público.
«Chile dejó de ser un país de tránsito y la droga comenzó a quedarse. Hay una gran demanda, y eso está, de alguna manera, invisibilizado en la discusión.» — Carlos Charme, ex director de SENDA.
Charme lo dijo hace años. El diagnóstico no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la escala del problema, la potencia de las sustancias que circulan y la brecha entre el tamaño del problema y la respuesta del Estado.
El análisis europeo no solo midió la cantidad de cocaína en las aguas de Copiapó. También identificó un patrón de ingesta que crece hacia el fin de semana, con un peak los domingos. Eso no es el perfil de una ciudad tomada por el narcotráfico. Es el perfil de una ciudad donde la cocaína forma parte del ocio normalizado de miles de personas que trabajan, pagan impuestos y no aparecen en ninguna estadística de detenidos.
Son el paciente funcional del norte. El trabajador minero que rinde en la faena y se destruye en el pueblo. El profesional que usa en la fiesta del fin de semana. El adolescente que la prueba porque alguien le dijo que es más suave que el alcohol. Ninguno de ellos es el objetivo de la política de drogas chilena. Todos ellos son el problema que esa política decide no ver.
Lo que hacen los países que sí aprendieron
Colombia, el país que produce la mayor parte de la cocaína que llega a Chile, tomó en 2023 una decisión que habría sido impensable hace diez años: publicó una Política Nacional de Drogas 2023-2033 que abandona explícitamente el enfoque de erradicación forzada de cultivos y lo reemplaza por un modelo centrado en salud pública, reducción de daños y sustitución voluntaria. El presidente Petro lo llamó el fin de la guerra contra las drogas. Sus resultados son todavía parciales. Pero el giro conceptual importa: quien depende de una sustancia ya no es tratado como delincuente sino como alguien que necesita atención médica.
Uruguay reguló el cannabis en 2013 y construyó una de las series de datos sobre uso de drogas más completas de la región. Lo que encontró desarmó el argumento central de la prohibición: el uso entre adolescentes no aumentó tras la regulación. El mercado negro se redujo. Y el Estado recuperó el control sobre la calidad del producto que circula, lo que permite intervenir sanitariamente cuando aparecen sustancias adulteradas.
México despenalizó en 2009 la posesión personal de varias sustancias, incluyendo cocaína en cantidades pequeñas. La medida no disparó el uso. Sí redujo el número de personas encarceladas por delitos menores, la mayoría jóvenes de sectores vulnerables.
Y el debate político sobre el tema se agota en cuántos kilos se incautaron y cuántos detenidos hubo en el último operativo.
Argentina opera desde hace años salas de uso supervisado para personas con dependencia severa a pasta base, financiadas por el Estado en algunas provincias. La evidencia internacional sobre estos espacios, presentes en más de 100 lugares en Europa y Canadá, es consistente: bajan las sobredosis, disminuyen las infecciones de transmisión sanguínea y crean puntos de contacto con personas que de otro modo nunca llegarían al sistema de salud.
Chile no tiene nada parecido. El Plan de Acción 2024-2030 de SENDA, presentado por el gobierno anterior, tiene 42 medidas y 123 acciones. La palabra ‘reducción de daños’ aparece de forma marginal. El enfoque central sigue siendo la prevención y el control delictual.
El silencio que el Estado mantiene a propósito
Cuando un robot de la Unión Europea analiza las aguas de Copiapó y encuentra niveles de cocaína que superan a los de Ámsterdam, el gobierno ve un asunto policial. Las familias que llaman a los centros de rehabilitación ven otra cosa: un sistema sanitario que no tiene dónde recibirlos.
Solo una de cada 12 personas con dependencia activa en Chile accede a tratamiento efectivo, según la Estrategia Nacional de Drogas 2024-2030 de SENDA. En la Región de Atacama, la oferta privada de centros de rehabilitación es prácticamente inexistente. La red pública tiene listas de espera de semanas. Y el debate político sobre el tema se agota en cuántos kilos se incautaron y cuántos detenidos hubo en el último operativo.
Copiapó es el caso más visible de algo que ocurre en todo el país. Chile lleva 30 años gestionando la dependencia a sustancias desde el Ministerio del Interior y no desde el de Salud. Las consecuencias son medibles: más gente usando en silencio, menos gente pidiendo ayuda, y un Estado que cuenta lo que decomisa y calla lo que no trata.
El informe de la EUDA duró tres días en la agenda chilena. Las aguas de Copiapó seguirán contando lo mismo el próximo año.
Por Ricardo Manzur Carrasco
Ricardo Manzur Carrasco es periodista con más de 20 años de experiencia, ex editor nacional de La Cuarta. Especialista en comunicación de salud mental y adicciones. Certificado por OPS/OMS y SENDA en neurobiología del consumo y política de drogas. Completó un proceso formal de recuperación de dependencia severa al alcohol. Las expresiones de esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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