Plata pública para el rodeo: Gobierno aprueba más de $160 millones para construir ruedo de medialuna en Quirihue

Desde Animal Libre advirtieron que no se está financiando una necesidad urgente, una política de cuidado ni un avance para la comunidad y que se está fortaleciendo "una práctica donde animales son obligados a ser víctimas de un abuso sistemático del que no pueden escapar"

Plata pública para el rodeo: Gobierno aprueba más de $160 millones para construir ruedo de medialuna en Quirihue

El Gobierno de José Antonio Kast aprobó una millonaria inversión para la construcción del ruedo de una medialuna, para impulsar el rodeo en la comuna de Quirihue, Región de Ñuble, decisión que ha desatado un encendido debate sobre el uso de recursos fiscales en actividades que involucran maltrato animal.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), la administración del ultraderechista asignó $160.028.072 para edificar este recinto donde los huasos realizan la competencia del rodeo. El financiamiento proviene del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), instrumento que, según su propia definición, busca «equiparar el desigual desarrollo urbano y la disparidad en las capacidades de los municipios para proveer de infraestructura y equipamiento comunitario».

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de siete proyectos aprobados para distintas comunas de Ñuble, los que en conjunto superan los $716 millones en inversión pública.

El delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, confirmó a T13.cl que el proyecto ya cuenta con la aprobación respectiva y solo resta el trámite administrativo para concretar la transferencia de recursos al municipio de Quirihue. Según la autoridad, la construcción comenzaría en el corto plazo y ningún vecino se habría opuesto a la iniciativa, asegurando que en la comunidad «estaban todos felices».

¿Financiar la violencia?: «Una medialuna no es una obra inocente«

Sin embargo, la decisión gubernamental ha enfrentado duras críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los animales, como es el caso de Animal Libre, que calificó esta inversión como un uso inapropiado de los fondos públicos al destinarse a una actividad que implica maltrato animal sistemático.

«Una medialuna no es una obra inocente. Ni ‘mejoramiento urbano'», señaló la agrupación fundada en 2010 por Mauricio Serrano, enfatizando que en ese espacio «se encierra la violencia: novillos perseguidos, acorralados y golpeados. Una y otra vez».

El colectivo cuestiona duramente que no se esté financiando una necesidad urgente, una política de cuidado ni un avance para la comunidad, sino que se fortalezca «una práctica donde animales son obligados a ser víctimas de un abuso sistemático del que no pueden escapar».

«Los novillos no son deportistas. No son símbolos patrios. No son instrumentos de identidad nacional. Son seres sintientes. Y nada nos habilita a explotarlos», enfatiza el pronunciamiento de Animal Libre, que plantea una reflexión sobre el nocivo impacto del rodeo.

La controversia trasciende el monto de la inversión y abre una discusión más amplia sobre las prioridades del gobierno de Kast. Mientras se destinan recursos millonarios a infraestructura para el rodeo, la organización planteó que $160 millones podrían destinarse a políticas reales de protección animal, educación, salud, infraestructura comunitaria libre de violencia o necesidades urgentes de los territorios.

«Pero se eligió una medialuna. Y esa elección también habla del país que seguimos siendo», sentenció la agrupación en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Instagram.

«Ningún peso público puede sostener prácticas basadas en someter animales»

El cuestionamiento de fondo apunta a la normalización de una práctica como el rodeo que atenta contra los derechos de los animales.

«Ningún peso público puede sostener prácticas basadas en someter animales», indicó Animal Libre, al tiempo que planteó tres exigencias concretas: El rodeo necesita dejar de ser normalizado, necesita dejar de ser financiado y necesita dejar de existir.

La decisión ya está tomada y los fondos asignados, pero la polémica permanece instalada: ¿es legítimo que el dinero de todos los chilenos financie una práctica que, para muchos, representa una forma de violencia institucionalizada?-

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