Tribunal Ambiental admite a trámite reclamación que busca revertir permiso de proyecto Copiaport-E

El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación presentada contra la aprobación ambiental del megaproyecto portuario Copiaport-E, acción judicial que fue ingresada el pasado 17 de julio por organizaciones sociales, pescadores artesanales y habitantes de la Región de Atacama.

La reclamación busca dejar sin efecto la resolución del Comité de Ministros de Kast que rechazó las impugnaciones ciudadanas y mantuvo vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto.

Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, señalaron que el hecho de que el recurso haya sido admitido no constituye todavía un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto, pero permite iniciar una nueva etapa judicial en la que el Tribunal podrá revisar los cuestionamientos formulados por las comunidades.

«Nos alegra que el recurso haya sido acogido a trámite. Es un hito que permitirá que el Tribunal Ambiental conozca las alegaciones de las y los reclamantes y marca el inicio de una nueva etapa procesal», declaró Valentina Gatica, abogada del equipo de apoyo jurídico de OLCA.

Gatica recordó en ese sentido que, junto a esta acción, se presentaron ante el Primer Tribunal Ambiental otras 4 reclamaciones vinculadas al proyecto Copiaport-E, que se encuentran actualmente a la espera de ser admitidas a trámite.

Un megapuerto sobre un territorio de alto valor ecológico

Copiaport-E contempla la instalación de un puerto industrial en el sector de Punta Cachos y Bahía Chasco, en Bahía Salado, entre las comunas de Copiapó y Caldera.

Con una inversión estimada en US$450 millones, el proyecto considera infraestructura para el almacenamiento y embarque de graneles, además de la transferencia de contenedores, fertilizantes y carga general.

Para las comunidades, la iniciativa representa la instalación de un nuevo enclave extractivista sobre un territorio de alto valor ecológico, donde conviven ecosistemas costeros, pesca artesanal y formas de vida estrechamente vinculadas al mar.

En entrevista con OLCA, Eduardo Herrera, investigador e integrante del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA), advirtió que la instalación del puerto amenaza un ecosistema cuya importancia no puede evaluarse considerando sus componentes de manera aislada.

«El valor ecológico de Bahía Chasco es muy alto. Es una bahía con praderas de algas pardas y pastos marinos que permiten la presencia de diversos organismos bentónicos y peces. Estos ambientes también atraen a tortugas y otras especies que llegan hasta el lugar para alimentarse», explicó.

Para el investigador, estas características hacen que Bahía Chasco sea incompatible con la instalación de infraestructura portuaria de gran escala. La intervención de las praderas de algas y pastos marinos afectaría las relaciones ecológicas que sostienen la biodiversidad de toda la bahía.

Luis Palacios Valenzuela, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Artesanos del Mar de Caldera, STI Punta Frodden, destacó que Bahía Chasco es también un espacio productivo fundamental para quienes viven del mar, pues en el sector se desarrollan labores de buceo, recolección de orilla, pesca y extracción de distintas especies de huiro, junto con recursos como lapas, locos, piures y almejas.

Estas actividades sostienen el trabajo de pescadores y organizaciones que dependen del borde costero para su subsistencia: «No estamos en contra del progreso. El problema es que se están perdiendo espacios de trabajo de los buzos mariscadores, recolectores de orilla y pescadores, y esos espacios no se recuperan», advirtió Palacios.

Para el dirigente, resguardar Bahía Chasco no significa defender únicamente una actividad productiva, sino proteger el patrimonio natural y alimentario que existe en sus aguas para las generaciones futuras.

«Lo más importante es cuidar la zona ecológica donde están estos recursos. El mundo es un todo: la tierra, el agua, las nubes y la lluvia. Si no buscamos una forma correcta de cuidar el mar, lo estamos destruyendo», sostuvo el pescador artesanal y buzo mariscador.

Participación ciudadana sin respuestas de fondo

Uno de los principales argumentos de la reclamación es que el Comité de Ministros vulneró el derecho a la participación ciudadana al rechazar las observaciones presentadas durante la evaluación ambiental sin analizar adecuadamente sus fundamentos.

Los cuestionamientos apuntan tanto a los impactos del megaproyecto como a la forma en que las autoridades respondieron a las preocupaciones planteadas por las comunidades.

Para Valentina Gatica, este conflicto también deja en evidencia las limitaciones de la institucionalidad ambiental chilena frente a iniciativas de gran escala.

«Este caso demuestra que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no ha sido capaz de reconocer la diferencia entre proyectos y megaproyectos. Estos últimos requieren un tratamiento mucho más exhaustivo y exigente, con estándares más altos, debido a la magnitud de sus afectaciones sobre el ambiente y la población», explicó.

La abogada cuestionó además el alcance de la revisión realizada por la instancia ministerial: «El análisis del Comité de Ministros fue meramente formal, sin abordar ni discutir en profundidad los aspectos sustantivos del proyecto y las legítimas preocupaciones de la ciudadanía. De esta forma, se termina facilitando su aprobación sin un verdadero cuestionamiento de los impactos declarados».

La admisión de la reclamación abre la posibilidad de que los argumentos de las comunidades sean examinados judicialmente. El litigio no solo será relevante para el futuro de Punta Cachos y Bahía Chasco, sino también para otros territorios que enfrentan megaproyectos cuyos impactos no han sido abordados con la profundidad y exigencia que demanda su magnitud.

Seguiremos informando.