La controversia por el uso de la expresión “señora de la feria” con un sentido despectivo por parte de Camila Flores escaló hasta su propio partido político, ya que la ante la gran cantidad de reclamos recibidos, la dirigencia de Renovación Nacional (RN) en la Región de Valparaíso activó los mecanismos disciplinarios internos em contra de la senadora.
La decisión, concretada ante el Tribunal Supremo del partido, busca zanjar la polémica generada por los insultos de Flores congra la también senadora, Fabiola Campillai (Independiente) que encendieron las alarmas tanto en la colectividad como en la opinión pública.
El detonante de la sanción se produjo en el marco de la discusión sobre la propuesta de parlamentarios de la derecha aprobada por la Cámara Baja para indultar a Patricio Maturana, excapitán de Carabineros condenado a 12 años y 183 días de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras acreditarse su responsabilidad en el disparo de una bomba lacrimógena que impactó directamente en el rostro de Campillai el 26 de noviembre de 2019, mientras se dirigía a tomar la locomoción que la llevaría su lugar de trabajo, ocasionándole la pérdida de la visión, el olfato y el gusto.
Durante el debate se produjo un tensos intercambio de palabras entres ambas senadoras, que escaló cuando Flores insufló a Campillai afirmando: «Usted llegó acá haciéndose la víctima» y «se le salió lo poblacional, señora de feria”.
Desde la directiva regional de RN en Valparaíso justificaron la derivación al órgano superior debido a la avalancha de quejas que recibieron por parte de la militancia y la ciudadanía. El secretario general regional, Eduardo Urbina, explicó que las expresiones utilizadas por Flores generaron numerosos reclamos, incomodidades y cuestionamientos sobre la conducta de la parlamentaria.
“Recibimos bastantes reclamos, quejas, incomodidades con esas expresiones puntuales y estimamos que lo que corresponde acá es que el órgano superior del partido sea el que califique si dichas expresiones son infracciones reglamentarias o estatutarias”, declaró a Radio Bío Bío
«Estimamos que lo que corresponde acá es que el órgano superior del partido sea el que califique si dichas expresiones son infracciones reglamentarias o estatutarias«, indicó, dejando en claro que la cúpula regional de RN prefiere dejar en manos de los estatutos la resolución del conflicto.
El malestar no se limitó al interior de la colectividad política, sino que se extendió al mundo de los feriantes, quienes sintieron estigmatizada su labor con el uso despectivo de la frase.
La presidenta de la Confederación de Ferias Libres, Paola Morales, manifestó el profundo desagrado del gremio al ver que su identidad y trabajo eran utilizados como un sinónimo de grosería o falta de educación. «Como comunidad de feriantes nos dolió escuchar la frase ‘señora de la feria’, y que se utilizara como una descalificación«, sostuvo Morales, evidenciando el daño colateral que el comentario de la senadora provocó en un sector tradicionalmente reconocido por su esfuerzo y vínculo con la población.
Flores enfrentará nuevamente al Tribunal Supremo de RN
Paralelamente a la acción del Tribunal Supremo de RN, la mesa del Senado, presidida por Paulina Núñez (RN), decidió dar curso al conflicto remitiendo los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara Alta. Este movimiento implica que Flores no solo enfrentará un juicio interno por su desafuero verbal, sino que también podría ser sancionada por el organismo encargado de velar por el decoro y la buena práctica parlamentaria.
La doble investigación subraya la gravedad con que se ha tomado el episodio en las esferas políticas y la determinación de las instituciones por no normalizar este tipo de agresiones.
Este nuevo proceso ante el Tribunal Supremo del partido de derecha no es un hecho aislado en la carrera de Camila Flores, sino que se suma a una situación similar que ya enfrenta desde el pasado 8 de mayo.
En aquella ocasión, la directiva nacional de RN tomó la misma determinación luego de que personal policial ingresara al Senado para allanar su oficina en el Congreso Nacional en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco, en el marco del caso conocido como la «cuota Flores«, que indaga el presunto mecanismo que habría empleado la senadora para apropiarse indebidamente de fondos públicos tras solicitar que se le entregara en efectivo parte de las remuneraciones de sus colaboradores para financiar gastos personales. Una situación se habría prolongado por al menos siete años, por un monto cercano a los $300 millones.
En esa ocasión, la secretaria general de RN, Katherine Martorell, indicó que se habían entregado los antecedentes al tribunal para que se adopten las medidas según los estatutos, lo que evidencia un patrón de controversias que mantiene a la spoarlamentariaen el ojo del huracán judicial dentro de su propia tienda política.
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