Tras conocerse el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a la creación de una instancia encabezada por un ‘economista independiente’ para la reforma al Estatuto Administrativo, la Asociación de trabajadores/as del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Anfusepna) hizo un llamado a que el debate «no se reduzca a criterios económicos ni al reordenamiento fiscal», exigiendo una mesa participativa que aborde la precarización laboral y el resguardo de la salud mental de los equipos.
Recordemos que, en el marco de la denominada «agenda de consolidación fiscal» impulsada por el Gobierno de Kast, se anunció por parte de Quiroz la convocatoria a una «comisión transversal» dirigida por un «economista independiente» para revisar el Estatuto Administrativo del Gobierno.
La instancia, aseguró el titular de Hacienda, buscará ajustar la normativa a las exigencias actuales mediante conversaciones con especialistas académicos y técnicos de diversos sectores, y está lista para comenzar su tarea en las próximas semanas.
Ante este escenario, Anfusepna emitió un pronunciamiento público manifestando su preocupación y fijando postura sobre los ejes que deben orientar esta discusión institucional.
En primer término, desde la organización reconocieron la urgencia de modernizar un marco normativo normativo heredado de la dictadura para responder a las necesidades del Estado contemporáneo.
Sin embargo, advirtieron que «una revisión técnica centrada en la economía y la academia no puede dejar fuera la experiencia de los funcionarios que atienden directamente a la niñez, la adolescencia y a sus familias en todo el país».
Por esta razón, sostuvieron que resulta indispensable que la comisión opere en un espacio de diálogo amplio, transparente e incluyente con las asociaciones del sector público.
Especificidad del trabajo
El gremio profundizó en la especificidad del trabajo en el sistema de protección especializada, remarcando que «intervenir ante situaciones de vulneración de derechos expone a las y los profesionales a contextos de alta exigencia técnica, emocional y social».
En ese sentido, plantearon que los derechos de los trabajadores y los derechos de la niñez son principios estrictamente interdependientes, por lo que asegurar condiciones laborales dignas no representa una demanda corporativa, sino una garantía directa para entregar intervenciones de calidad y dar continuidad al cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
Para evitar que la precarización afecte las capacidades de respuesta del Estado, Anfusepna fundamentó la necesidad de un estatuto fortalecido «que resguarde a equipos sobrecargados, sin estabilidad laboral o sin condiciones laborales adecuadas» donde se ve afectada la continuidad y calidad de la atención que reciben quienes más necesitan del Estado.
También, agregaron, «que se vele por reducir la rotación, aumentar la protección efectiva de la salud física y mental en espacios de autocuidado y la asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones».
Finalmente, los representantes del personal señalaron que la modernización del Estado debe articularse de forma armónica con la protección de quienes ejecutan las políticas públicas, evitando que los ajustes o reordenamientos presupuestarios impacten en la seguridad y la atención de los usuarios.
Frente a la pronta constitución de la comisión en el Ministerio de Hacienda, expresaron su disposición a participar activamente desde una mirada técnica y social, reafirmando que resguardar las condiciones de trabajo de quienes desempeñan labores de protección constituye una forma concreta de defender los derechos y la dignidad de la infancia vulnerable.
«Defender condiciones laborales dignas, estabilidad, salud funcionaria y recursos suficientes no es defender privilegios. Es también defender servicios públicos que funcionen y una mejor protección para la niñez y adolescencia» remarcaron las y los trabajadores del Servicio.
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