“La participación ciudadana debe tener efectos reales”: comunidades llevan a la justicia ambiental la aprobación de la ruta entre Maipú y Pudahuel

El Segundo Tribunal Ambiental admitió a trámite una reclamación contra la aprobación del proyecto vial Ruta 68/78 de más de 9 kilómetros que atravesará Maipú y Pudahuel, que fue presentada por comunidades y organizaciones que plantean que “la participación ciudadana debe tener efectos reales”.

La decisión abre una nueva etapa judicial que revisará si la evaluación ambiental respondió de forma fundada a los cuestionamientos planteados por la ciudadanía.

Según el informe de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el proyecto emplaza en el sector Poniente de Santiago, entre las comunas de Pudahuel y Maipú, próximo al río Mapocho, justo entre el enlace del “Sistema Oriente – Poniente” con la “Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar” por el norte, y el empalme con la “Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78” por el sur”.

Esta iniciativa vial contempla la habilitación de un corredor vial expreso de aproximadamente 9,17 km de longitud,
con el que se busca mejorar la conectividad de las comunas involucradas. Asimismo, prevé ofrecer una vía expedita
desde y hacia los principales puertos del país y facilitar el acceso hacia San Antonio y Valparaíso.

Según el documento el objetivo del proyecto apunta a descongestionar los accesos y salidas hacia las regiones colindantes a la Región Metropolitana, brindando una conexión directa en la zona poniente hasta ahora inexistente y beneficiar a 300.000 personas que hacen vida en las comunas de Pudahuel y Maipú.

Durante el proceso de calificación ambiental las municipalidades de Maipú y Pudahuel se opusieron a la construcción de la Ruta 68/78 argumentando incompatibilidad territorial e impactos negativos sobre el entorno, Sin embargo, el proyecto obtuvo la aprobación ambiental en diciembre de 2025 y de acuerdo con la Dirección de Concesiones del MOP, el desarrollo de las obras había alcanzado un avance de 18,66% para junio de 2026.

«No se entregaron respuestas a las observaciones ciudadanas»

Las personas y agrupaciones que participaron en el proceso de evaluación ambiental, acusaron en la reclamación que «no se entregaron respuestas suficientemente fundadas a diversas observaciones ciudadanas, particularmente aquellas relacionadas con los impactos sobre la calidad del aire, el aumento del material particulado, otros vectores de contaminación asociados al proyecto y sus eventuales efectos sobre la salud de las comunidades».

Asimismo, cuestionaron que las observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana no habrían recibido una respuesta conforme a las exigencias legales, «una situación que afecta el derecho de las comunidades a participar de manera efectiva en las decisiones ambientales».

Mayka Martínez, una de las reclamantes en la causa, explicó que tras acudir a la justicia ambiental, las comunidades esperan que sus antecedentes técnicos sean efectivamente considerados.

«Las comunidades participaron con antecedentes técnicos y preocupaciones concretas sobre los impactos que este proyecto puede generar. Esperamos que esas observaciones sean realmente consideradas y no queden reducidas a una formalidad administrativa», indicó.

Martínez planteó que ante las alertas y observaciones presentadas por las comunidades la respuesta del Estado y sus instituciones debe ser bien fundamentada y de carácter técnico.

«Cuando la ciudadanía advierte riesgos asociados al material particulado y otros vectores ambientales, la autoridad tiene el deber de responder de manera fundada y técnica. Ese es un requisito esencial para generar confianza en la institucionalidad ambiental», afirmó.

El caso de la ruta entre Maipú y Pudahuel adquiere relevancia en el marco del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que fue ratificado por Chile y que apunta al fortalecimiento de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

«Las comunidades tienen derecho a acceder a la justicia cuando sus observaciones no fueron respondidas»

En opinión de las comunidades que presentaron la reclamación, la admisión a trámite de su recurso constituye precisamente una de las garantías que contempla la democracia ambiental, en un escenario actual en el que existen dudas sobre el cumplimiento de estos estándares.

Akl respecto, la defensora socioambiental Bárbara Astudillo Delgado indicó que la decisión del Tribunal constituye una señal relevante para la protección de los derechos de participación ambiental.

«La admisión de esta reclamación reafirma que las comunidades no solo tienen derecho a participar, sino también a acceder a la justicia cuando consideran que sus observaciones no fueron debidamente respondidas. Ese es precisamente el espíritu del Acuerdo de Escazú: garantizar que la participación sea efectiva y que existan mecanismos para revisar las decisiones ambientales«, planteó.

A juicio de Astudillo, este proceso también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la calidad de las evaluaciones ambientales en nuestro país.

«Cuando hablamos de material particulado, de otros vectores de contaminación y de respuestas insuficientes a las observaciones ciudadanas, estamos hablando de democracia ambiental. El desarrollo de infraestructura debe realizarse con transparencia, participación efectiva y respeto por las comunidades, no dejando sin respuesta las preocupaciones legítimas de quienes vivirán los impactos del proyecto», planteó, a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, destacó que el caso del proyecto vial Ruta 68/78 representa un precedente a tomar en consideración sobre el cumplimiento de los estándares de participación que Chile ha asumido tanto en su legislación ambiental como en sus compromisos internacionales.

Tra la admisión de la reclamación, el Segundo Tribunal Ambiental dará inicio a la revisión de los antecedentes aportados por las partes para determinar si la evaluación ambiental del proyecto cumplió con las obligaciones legales relativas a la participación ciudadana, la debida fundamentación de las respuestas a las observaciones y la adecuada consideración de los impactos ambientales advertidos por las comunidades; mientras tantos las obras de construcción del proyecto siguen en desarrollo.

*Imagen destacada: Proyecto vial Ruta 68/78 /Dirección de Concesiones del MOP.