Estado de excepción de seguridad pública: atribuciones presidenciales propias de una dictadura

Kast pretende legalizar prácticas autoritarias propias de una dictadura. Hoy acaba de presentar un proyecto de reforma constitucional al Congreso. Lo más preocupante es la creación de un estado de excepción constitucional denominado estado de excepción de seguridad pública. Este le permitiría declarar una zona bajo dicho régimen con facultades similares a las que hoy existen ante una guerra externa, pero sin pasar por el Congreso durante 240 días, es decir, ocho meses.

Actualmente, el estado de sitio, en caso de guerra civil, y el estado de asamblea, en caso de guerra externa, requieren la aprobación del Congreso Nacional dentro de cinco días. Pero Kast quiere que su estado de seguridad pública pueda mantenerse sin esa aprobación por hasta ocho meses.

Durante todo ese tiempo, pretende contar con atribuciones para restringir los derechos de reunión, libertad personal —es decir, permitir detenciones sin orden judicial—, locomoción y asociación; intervenir comunicaciones de distinto tipo —lo que, con la tecnología actual, podría incluir comunicaciones realizadas por internet— y disponer la requisición de bienes, afectando el derecho de propiedad.

Repito: todo ello sin control judicial ni del Congreso.

Escuchó bien: quiere tener atribuciones equivalentes a las que existen en caso de guerra externa, pero sin requerir la autorización del Congreso Nacional durante hasta ocho meses. Bastaría con que a la tropa de inexpertos y fascistas de su gobierno se les ocurra declarar una población o una comuna como zona con estado de excepción de seguridad pública para que puedan detener a cualquier persona, intervenir sus comunicaciones (incluyendo aquellas que realiza por Internet) y requisar sus bienes. Todo ello sin orden judicial y dependiendo de la decisión del Presidente y de la autoridad de Carabineros que quede a cargo.

A los militares los dejó de lado, por ahora, pues el proyecto establece que una ley de quórum calificado regulará el apoyo que puedan prestar durante el estado de excepción de seguridad pública.

Esta reforma constitucional no trae medidas de seguridad. Trae medidas de control sobre la población. Ya sabemos que no tenían un plan de seguridad, y eso quedó en evidencia con el nombramiento de la ministra Steinert. No saben cómo controlar a los delincuentes y, si ese fuera realmente el propósito, al menos incorporarían medidas como el levantamiento del secreto bancario. Esto va de otra cosa.

Todo parlamentario que apruebe la idea de legislar este proyecto autoritario será responsable de entregar respaldo legal a prácticas que restringen gravemente derechos fundamentales. Si los derechos constitucionales pueden quedar suspendidos por el mero arbitrio del Presidente de la República, sin control judicial ni del Congreso Nacional, se pone en riesgo aquello que denominamos Estado de derecho.

Si se llega a aprobar esta reforma constitucional, al igual como ocurrió con la Alemania Nazi, Kast podrá devenir en un Hitler que llegó al gobierno con voto popular.