La Comisión de Uso de Borde Costero de la región de Los Lagos rechazó cuatro nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), perpetuando una tendencia que se ha consolidado en los últimos dos años y que responde a una presión política y económica para modificar la Ley Lafkenche.
Esta normativa promulgada en 2008, protege el uso consuetudinario del borde costero, es decir, prácticas tradicionales como la pesca, la recolección de algas, la navegación y actividades culturales o espirituales de comunidades indígenas, particularmente del pueblo mapuche lafkenche
Según indicó la agrupación Obervatorio Ciudadano, las peticiones, impulsadas por comunidades mapuche de las islas Puluqui-Tabón, Nercón, Isla Tranqui y Yaldad, permanecieron en tramitación entre siete y diez años, muy por encima del plazo máximo de dos años y medio que establece la normativa, evidenciando una dilación que las comunidades afectadas consideran una vulneración a sus derechos fundamentales.
La decisión fue adoptada por los 56 miembros de la comisión, presidida por el gobernador Alejandro Santana, y se suma a una lista de 18 solicitudes ECMPO rechazadas desde 2024. Este comportamiento no es un caso aislado, sino que configura una tendencia clara de obstrucción sistemática a la figura legal que permite a las comunidades indígenas administrar sus territorios marinos.
A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Observatorio Ciudadano este patrón de rechazos se produce a pesar de los dictámenes de la Corte Suprema, que exigen que las negativas sean fundamentadas en criterios técnicos y no en razones políticas, un mandato que, según la organización ha sido reiteradamente ignorado por las autoridades regionales.
El contexto de esta ofensiva contra la Ley Lafkenche se enmarca en una presión activa desde el gobierno de José Antonio Kast y la industria salmonera, que impulsan una reforma legal que modificaría los alcances de la norma.
«Autoridades regionales han justificado los rechazos argumentando que los ECMPO frenan el desarrollo económico y que las comunidades “abusan” de la ley, aunque no han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones», señaló la agrupación.
En paralelo, el Senado tramita una reforma a la ley sin la participación de los pueblos originarios, quienes son los principales afectados por esta modificación, lo que profundiza la sensación de exclusión y arbitrariedad en el proceso.
Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, creados por la Ley Lafkenche (20.249), no otorgan propiedad privada ni concesiones exclusivas sobre el territorio marino. Su objetivo es permitir que las comunidades indígenas del litoral administren sus espacios y se coordinen con otros usuarios —como la acuicultura, la pesca industrial o el turismo— para garantizar que ninguna actividad amenace la persistencia de sus usos tradicionales. Existen actualmente 31 ECMPO activos que funcionan en armonía con los diversos actores del borde costero, y no hay casos documentados de abusos a la ley, lo que desmiente los argumentos utilizados para justificar los rechazos y la reforma legal en curso.
Los cuatro proyectos rechazados representan realidades culturales y productivas diversas que ahora quedan desprotegidas. El ECMPO Puluqui-Tabón buscaba resguardar la pesca y recolección de algas tradicionales en dos islas; el ECMPO Nercón protegía un espacio con humedales, aves migratorias y hábitat de pequeños cetáceos; el ECMPO Isla Tranqui enfrentaba una fuerte presencia de actividades salmoneras y mitilicultoras; y el ECMPO Yaldad contaba con el respaldo de pescadores artesanales, mitilicultores, la junta de vecinos y organizaciones locales. Todas estas comunidades, que esperaron entre siete y diez años una resolución, vieron cómo su esfuerzo y paciencia fueron desestimados sin fundamentos técnicos sólidos.
Las comunidades afectadas ya han recurrido a la justicia para denunciar los retrasos y la falta de fundamentación en los rechazos, acusando una vulneración sistemática de sus derechos.
La insistencia en defender los ECMPO radica en que son la única figura legal que permite a los pueblos originarios administrar sus territorios marinos y coordinar usos para asegurar la continuidad de sus actividades tradicionales.
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