Por Álvaro Ramis Olivos
El jueves 3 de septiembre, después de exponer en el Foro Madrid, Javier Milei fue recibido en La Moneda. La reunión duró menos de una hora y de ella salió un comunicado conjunto. La discusión pública se fue de inmediato al Estrecho de Magallanes, porque semanas antes el jefe de la Fuerza Aérea argentina había insinuado que la zona austral era territorio de su país. El texto dejó constancia de que el régimen jurídico del Estrecho está fijado por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, y que ambos establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del paso.
Esa constancia describe algo que rige desde hace 145 años. Obtener la firma se parece a conseguir que el vecino declare por escrito que la casa es de uno. Tranquiliza cuando el vecino venía gritando lo contrario desde la vereda, aunque no agregue una sola habitación. De paso quedó sin tocar el decreto argentino de 2021 que hablaba de un control conjunto del Estrecho, un documento que varios ministros chilenos querían ver derogado y que nadie puso sobre la mesa.
El movimiento real está algunos párrafos más abajo. Chile reiteró su respaldo a los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ese respaldo tampoco es nuevo. Chile viene apoyando en Naciones Unidas el llamado a que Argentina y el Reino Unido negocien, y el propio comunicado lo describe como el tradicional apoyo del gobierno chileno. La novedad viene enseguida. Milei agradeció ese respaldo y agregó que se valorarán los esfuerzos del gobierno chileno para evitar que se consoliden actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona en disputa, en materia de hidrocarburos y pesca.
Esa frase toca bolsillos concretos. Las islas se abastecen en parte desde el continente y buena parte de ese tráfico pasa por Punta Arenas: vuelos, naves, provisiones, servicios portuarios. Si Chile se compromete a dificultar esas operaciones, la cuenta no la pagan los ministros en Santiago. La pagan los magallánicos, que llevan décadas armando una economía austral sobre esa conectividad. Nadie les ha explicado todavía qué significan esos esfuerzos ni hasta dónde llega el compromiso.
La asimetría está en los verbos. Chile compromete esfuerzos y Argentina los valorará. Cualquiera reconoce la fórmula en la vida cotidiana, donde uno pone la plata y el otro pone el aprecio. Ocurre algo parecido con la única contrapartida concreta que aparece en el texto, el compromiso argentino de detener y extraditar a la brevedad posible a Galvarino Apablaza. Chile escucha esa promesa desde hace más de 15 años, bajo gobiernos de todos los colores.
El mismo gobierno que hizo del alineamiento con Washington su sello en política exterior aparece ahora alineándose con Buenos Aires.
La crítica tampoco está viniendo desde la izquierda. En El Mostrador, Richard Kouyoumdjian, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab, un centro de estudios de defensa cercano a la derecha escribió que lo ocurrido fue un intercambio de acceso a minerales y gas por respaldo a la reclamación argentina, y que el borrador llegado desde Buenos Aires venía tan cargado que la Cancillería tuvo que moderarlo. Su frase de cierre resume el asunto: nosotros comprometimos esfuerzos, ellos enviaron señales.
También señala lo que el comunicado calla. Está el monte Fitz Roy, un tramo limítrofe todavía sin resolver en Campo de Hielo Sur. Y está la plataforma continental, que es la prolongación submarina del territorio de un país y el área donde ese país puede explotar el fondo marino. Argentina inscribió internacionalmente una plataforma extendida que se superpone con la chilena, y esa superposición nace en buena parte de reclamar como propios archipiélagos que hoy administra otro Estado. Ninguno de los dos asuntos aparece en el comunicado, ni tampoco el mecanismo de solución de controversias que el Tratado de 1984 creó justamente para estos casos.
Que un analista de defensa afín a la derecha critique a un gobierno de derecha se explica por la distancia que hay entre una alianza de gobiernos y una política de Estado. El Foro Madrid es una familia ideológica y produce confianza mutua, agendas compartidas, fotografías. El cálculo de interés nacional corre por otro carril. Cuando la afinidad ocupa ese lugar, se termina firmando lo que el aliado necesita para su campaña y postergando lo que el propio país necesita para su frontera. Milei va a la reelección y anunció su estrategia sobre el Atlántico Sur en cadena nacional pocas horas después de salir de La Moneda.
El mismo gobierno que hizo del alineamiento con Washington su sello en política exterior aparece ahora alineándose con Buenos Aires. Alinearse sale barato desde un escritorio en Santiago y sale caro en la región donde está el límite.
Discutir esto no exige experticia jurídica. Basta preguntar qué entregó Chile exactamente, qué recibió a cambio y en qué plazo, y quién asume el costo si el compromiso se cumple. El Congreso tiene facultades para pedir el detalle. Magallanes tiene derecho a la respuesta antes de que llegue en forma de vuelos cancelados.
Por Álvaro Ramis Olivos
Teólogo, doctor en filosofía. Presidente Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
Fuente fotografía
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