El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y otros imputados del Caso Audio, apuntando a una red de gestiones que se encargó de influir en nombramientos y decisiones judiciales.
La acción legal del organismo presidido por la consejera Ana María Hübne, que fue ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía, acusa a Ulloa de los presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial.
La querella también involucra a los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, junto con el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a quienes se les atribuye participación como autores del delito de soborno, sin descartar otros ilícitos que puedan surgir durante la investigación del Ministerio Público en el marco del caso Audio.
De acuerdo con un comunicado emitido por el CDE, los antecedentes recopilados en la indagatoria darían cuenta de una red de relaciones personales entre los imputados Hermosilla, Vargas y Donoso, quienes, en su calidad de profesionales y personas de confianza, habrían realizado gestiones para «favorecer el nombramiento de Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, así como la designación de otras personas en cargos del Poder Judicial».
La querella del organismo detalla las diversas acciones que configuraron las solicitudes de beneficios para el exministro, quien una vez en el cargo nombramiento, resolvió en diferentes causas «en favor de los intereses representados por los referidos abogados», sin inhabilitarse a pesar de las vinculaciones personales existentes.
Asimismo, se le atribuye la entrega de información reservada «obtenida en el ejercicio de su cargo, como antecedentes sobre acuerdos, votaciones y asuntos disciplinarios de tribunales superiores antes de que se hicieran públicos».
Transferencias millonarias a Ulloa
En el caso de Sergio Yáber, la querella señala que habría transferido periódicamente a Antonio Ulloa cerca de $74,3 millones en el período comprendido entre febrero de 2019 y abril de 2025, justo cuando el exministro votó a su favor «en un proceso para proveer el cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago2.
Según el CDE, este tipo de acciones , además de ser constitutivas de los delitos que se indican, revisten una especial gravedad que «afecta seriamente el estado de derecho y principios tan básicos como el de igualdad ante la ley«.
Querella del CDE complica la situación penal del exministro Ulloa
Esta querella del CDE complica la situación penal de Ulloa, luego de que en noviembre pasado, el Senado aprobara la Acusación Constitucional en su contra, formalizando su destitución como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dicha acción fue impulsada por los notables abandonos de deberes de Ulloa, especialmente tras conocerse su vinculación con Luis Hermosilla, exabogado de Sebastián Piñera y Andrés Chadwick y para quien la Fiscalía Oriente, solicita 17 años de presidio por delitos de infracción a la Ley General de Bancos, estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil y distintos delitos tributarios, en el marco del denominado Caso Audio-Factop.
Según los antecedentes el exmagistrado le solicitó ayuda al penalista, tanto para ser nombrado en el tribunal de alzada, como para otras designaciones jurídicas.
Incluso un reportaje de CIPER sacó a l a luz conversaciones entre ambos que revelan gestiones para influir en nombramientos de jueces y fiscales judiciales, sugiriendo un mecanismo paralelo al institucional. En uno de los mensajes, Ulloa solicita a Hermosilla intervenir a favor de candidatos «leales y de nuestro sector».
Asimismo, el exministro fue acusado de haberle entregado información reservada a Hermosilla y no haberse abstenido de participar en una causa en la que intervenía el mismo penalista, además del abogado Samuel Donoso, pese a la estrecha relación que mantenía con ambos
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