“La dignidad de nuestra defensa del río no se compra con dinero: lo que estamos defendiendo son nuestros derechos, nuestro territorio y el futuro de nuestras comunidades”, afirmó la Machi Millaray Huichalaf, al exigirle a Noruega que investigue a la empresa estatal Statkraft AS por los impactos causados sobre territorio sagrado, al amparo de la Ley de Transparencia de la nación europea.
La autoridad del pueblo Mapuche Williche acompañó a los representantes del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y de la Fundación Ko en la acción pública que llevaron a cabo el pasado martes frente a la sede del Parlamento noruego (Stortinget), en Oslo
La delegación estuvo acompañada por representantes del pueblo Sámi y de organizaciones de la sociedad civil noruega, en una jornada que buscó visibilizar la situación de las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos de Statkraft y exigir que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados de manera efectiva.
Durante la actividad, los participantes desplegaron una lona y realizaron un momento fotográfico colectivo como forma de denuncia pública. Con ello, buscaron llamar la atención sobre la necesidad de que los derechos indígenas sean considerados en las decisiones que afectan gravemente sus territorios y su cosmovisión.
En concreto, exigieron que Statkraft asuma su responsabilidad por los daños denunciados por las comunidades Mapuche Williche y responda ante ellas.
Los participantes señalaron que la lucha por el Pilmaiquen trasciende fronteras, «desde Wallmapu hasta Noruega», y que el llamado es claro: «¡Fuera Statkraft del Pilmaiquen! ¡Río Pilmaiquen sin represas!».
Esta acción no fue un hecho aislado: se produjo poco más de un mes después de que el Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, que representa a más de 150 comunidades de la cuenca del Pilmaiquén y zonas aledañas, presentara en Noruega una queja contra Statkraft bajo la Ley de Transparencia, con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional (IJT).
Esa queja solicita a la Autoridad Noruega de Consumo que investigue si Statkraft cumplió con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos en relación con los proyectos Rucatayo y Los Lagos.
Este requerimiento se realizó bajo el amparo de la Ley de Transparencia noruega que exige a las empresas cubiertas por ella realizar procesos de debida diligencia sobre los derechos humanos fundamentales y las condiciones laborales dignas, conforme a las Directrices de la OCDE.
Cabe señalar que esta es la primera ocasión en que un pueblo originario de América Latinan utiliza esta normativa noruega para cuestionar las operaciones de una corporación de ese país en su territorio y solicitar una investigación.
La controversia se centra en la central hidroeléctrica Rucatayo y el proyecto Los Lagos, ambas iniciativas de Statkraft en la cuenca del Pilmaiquén, donde el riesgo de inundación de espacios sagrados ha desatado la alarma. La Ley de Transparencia noruega, cuyo cumplimiento es supervisado la Autoridad Noruega del Consumidor, exige a las grandes empresas realizar procesos de debida diligencia en derechos humanos que abarquen todas sus actividades, incluso aquellas ejecutadas fuera de las fronteras de la nación europea. La denuncia solicita a este ente regulador que investigue si la compañía estatal cumplió cabalmente con su obligación en esta materia.
La acción pública frente al parlamento en Oslo tuvo lugar después de que Statkraft confirmara que el llenado del embalse de la central hidroeléctrica Los Lagos concluyó el 21 de agosto.
Previamente, la empresa había informado que el proyecto avanzará hacia las pruebas operativas y la energización, y que, conforme a su planificación actual, tiene previsto iniciar operaciones comerciales durante el segundo trimestre de 2027. Este anuncio, reafirmó la urgencia de la delegación por plantear sus demandas en el país de origen de la empresa.
Machi Millaray Huichalaf: “La dignidad de nuestra defensa del río no se compra con dinero”
En ese contexto, la Machi Millaray Huichalaf planteó que “el Pilmaiquén es nuestro territorio y nuestros derechos como pueblo indígena no desaparecen porque un proyecto avance”.
Indicó que decidieron viajar hasta Noruega “para que nuestra voz sea escuchada directamente”, y reiteró que “la dignidad de nuestra defensa del río no se compra con dinero”.
En sus declaraciones dejó claro que lo que está en juego son «los derechos, el territorio y el futuro de las comunidades«. Asimismo, subrayó que las comunidades no plantean una oposición general a las energías renovables, sino que demandan que cualquier transición energética respete los derechos de los pueblos indígenas y garantice su participación efectiva en las decisiones que afectan sus territorios.
Por su parte, Amanda Huichalaf, vocera del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, advirtió que “los proyectos han tenido impactos que se viven de manera distinta por las mujeres, las infancias y las familias Mapuche”.
Señaló que también “han generado divisiones dentro de nuestras comunidades y un contexto en el que defender nuestros derechos puede significar estigmatización y criminalización”.
Para Huchalaf “no basta con llamar diálogo a un proceso si nuestra participación no tiene capacidad real de influir en las decisiones que afectan nuestras vidas y nuestro territorio”.
La vocera explicó que la visita a Noruega busca romper el aislamiento que, desde la perspectiva de las comunidades, ha incidido y dificultado que su experiencia sea ampliamente escuchada en Chile.
El abogado Mapuche Francisco Aliaga Huentrutripay aportó un marco jurídico e histórico a la demanda y recordó que “las comunidades llevan años utilizando diferentes vías jurídicas en Chile para defender sus derechos”, y que también acudieron al mecanismo de la OCDE y, ahora, a la Ley de Transparencia noruega.
Según Aliaga, “llegar a Noruega no significa comenzar una nueva lucha: significa continuar una defensa que lleva años”, frente a la necesidad de contar con mecanismos capaces de examinar la actuación de una empresa noruega desde la perspectiva de la debida diligencia en materia de derechos humanos.
Noruega debe investigar a Starkraft
A través de un comunicado, las comunidades del pueblo mapuche williche, indicaron que la consulta indígena que se desarrolló en nuestro país en relación con Los Lagos no abordó la construcción u operación del proyecto en su conjunto, sino que se limitó específicamente a medidas administrativas vinculadas con hallazgos arqueológicos.
Recordaron además que Statkraft desistió en 2023 del proyecto hidroeléctrico Osorno y renunció a la autorización ambiental y a los derechos de agua asociados, argumentando que esta medida respondió al diálogo establecido con las comunidades y al reconocimiento del valor cultural del territorio.
Indicaron que la empresa pertenece en su totalidad al Estado noruego, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca, un escenario que según la delegación que se dirigió hasta Olso hace especialmente relevante que el caso sea conocido y examinado en la nación europea.
Las comunidades dejaron en claro que el viaje hasta Noruega no tiene como propósito «convertir las afectaciones a sus derechos en una negociación para obtener una compensación monetaria«. Su objetivo es que se lleve a cabo una investigación seria e independiente de la queja, y se esclarezca si Statkraft «cumplió efectivamente con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos» y a la par se determine el «papel y las responsabilidades que correspondan al gobierno noruego, como propietario de la empresa».
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