La Fundación Biósfera MIA informó este jueves 1/10 la presentación de una comunicación ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La documentación fue recibida por la plataforma del Comité -cuya Secretaría ejerce la Cepal-, y en ella se plantea «si el Estado de Chile está cumpliendo la obligación de garantizar el acceso a la justicia ambiental que asumió al adherir al Acuerdo en 2022».
«El 5 de agosto de este año una etapa de cohete abandonada hace cerca de 19 meses impactó la Luna, y el episodio fue registrado desde el Observatorio Paranal, en la Región de Antofagasta. Al no constar pronunciamiento alguno de los organismos competentes, la Fundación interpuso un recurso de protección para que los ministerios de Relaciones Exteriores y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se pronunciaran», explicaron.
«No pedimos indemnizaciones ni medidas contra particulares. Pedimos que el Estado considerara el asunto», agregaron.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso, «sin pedir informe a los ministerios ni escuchar alegatos, entre otras razones porque la acción de protección no podría interponerla quien no tenga interés inmediato y directo comprometido».
El máximo tribunal rechazó luego la reposición, y la apelación se encuentra -hasta el cierre de esta nota- en la Tercera Sala de la Corte Suprema, que la tramita en forma preferente. La causa está patrocinada por los abogados Matías Valenzuela Muñoz, Ricardo Ávila Pino y Claudio Aránguiz Sepúlveda.
«Le pedimos al Estado lo mínimo, que mirara lo que pasó y dijera algo. La acción fue declarada inadmisible sin que alcanzáramos a alegarla», señaló el abogado Ricardo Ávila Pino.
«La pregunta que llevamos al Comité no es sobre la Luna. Es si en Chile existe un tribunal ante el cual se pueda reclamar cuando lo afectado pertenece a todos. Si para entrar se exige un interés individual sobre un bien que por naturaleza es común, nadie podrá entrar nunca», argumentó el jurista.
En ese sentido, el profesional recordó que el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a contar con una legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente precisamente para evitar resultados como este.
«La basura espacial es un problema que no tiene dueño y nos afecta a todos, y no va a ser el último. Si el derecho chileno no le encuentra un lugar a este, tampoco se lo encontrará a los que vienen», sostuvo por su parte el abogado Matías Valenzuela.
«No pedimos al Comité que revise una resolución judicial chilena, porque no le corresponde. Le pedimos que examine si el criterio con que se nos cerró la puerta es compatible con el Acuerdo. Solicitamos además ser oídos en audiencia, ya que hasta ahora ninguna instancia nacional nos ha escuchado de viva voz», puntualizó.
¿Qué viene ahora?
Si la comunicación es declarada admisible, se pedirá al Estado una respuesta escrita en un plazo de 4 meses, y otros Estados y miembros del público podrán presentar observaciones.
«Hemos informado al Comité que la apelación está pendiente y le comunicaremos la decisión de la Corte Suprema apenas se dicte, cualquiera sea su sentido», señalaron desde Biósfera MIA.
En paralelo, el diputado Marcos Barraza (PC) requirió a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Medio Ambiente información sobre la actuación del Estado frente al impacto observado.
«Respetamos la decisión que adopte la Corte Suprema y la esperamos con confianza. Tiene hoy la posibilidad de que esta pregunta se responda en Chile y por un tribunal chileno. Pocos países tienen tantas razones para tomarse en serio el Acuerdo de Escazú. Chile copresidió junto a Costa Rica su negociación, y su cielo es uno de los instrumentos con que la humanidad observa el universo», recordó el abogado Claudio Aránguiz Sepúlveda.
«Chile ayudó a escribir este tratado. Confiamos en que sus tribunales sabrán leerlo», concluyó el profesional.
Seguiremos informando.
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