Por Patricio Medina Johnson
El 17 de enero de 2026, mientras buena parte de Chile dormía, un incendio forestal empezó a arder en el sector de Penco-Lirquén, en la Región del Biobío, con tanta intensidad que las imágenes satelitales nocturnas lo mostraban más luminoso que las ciudades vecinas. Cuando se terminó de contar el daño, el país tenía 21 muertos, más de 4.100 viviendas destruidas y 34 mil hectáreas quemadas, el 92% de ellas en Biobío. El propio ministro de Seguridad Pública lo dijo sin rodeos en plena emergencia: era un mega incendio de la misma magnitud que los de 2017, 2023 y 2024. Es decir, el cuarto en nueve años. Y ya sabemos que viene un quinto: Conaf advirtió hace apenas tres semanas ante la Cámara que la temporada 2026-2027 llega con el fenómeno de El Niño, temperaturas anómalas proyectadas para enero y febrero, y una solicitud inédita de declarar estado preventivo de emergencia por incendios entre Atacama y Magallanes.
El 99,7% de los incendios forestales en Chile tiene origen humano, según cifras que el propio Ministerio del Interior ha reconocido. Eso no es solo negligencia individual: existe un incentivo económico perverso detrás de una parte de esos incendios, ligado al cambio de uso de suelo con fines inmobiliarios una vez que el terreno queda quemado, razón por la cual la nueva ley en discusión busca prohibir construir en sitios siniestrados. Pero la intencionalidad y la sequía prolongada —que ya lleva más de una década— son solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que menos se cuenta, es de gestión pública.
Y ahí el patrón es descorazonador. En 2017, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados constató que el presupuesto de Conaf para prevención y combate había crecido 87% entre 2010 y 2017, y que aun así el desastre de ese verano —calificado de previsible por la propia comisión— ocurrió igual. Nueve años después, en enero de 2026, un diagnóstico técnico documentó exactamente el mismo tipo de falla: no se concretó a tiempo la licitación de helicópteros medianos por mala gestión del proceso, y Chile simplemente no cuenta con capacidad de combate nocturno, justo la que más se necesitaba en Biobío y Ñuble esa noche. Una auditoría interna, además, encontró que Conaf arrastra año a año más de 26 mil millones de pesos en gastos comprometidos, un problema recurrente que expertos en gestión de emergencias han vinculado directamente a su forma jurídica.
Porque Conaf fue, durante más de cinco décadas, una corporación de derecho privado y no un servicio público, algo que el propio Tribunal Constitucional ya había señalado como insostenible en 2008. La ley que finalmente la reemplaza por un Servicio Nacional Forestal ingresó al Congreso en 2017 y se promulgó recién en mayo de 2025; no vamos a verla operando antes de mayo de 2027. Ocho años de trámite para resolver un nudo que todos reconocían desde hace más de una década. La ley de prevención de incendios corrió una suerte parecida: estuvo 22 meses estancada en el Senado hasta que la tragedia de enero y una campaña ciudadana con más de 40 mil firmas obligaron a votarla, y en marzo volvió a trabarse en comisión mixta por artículos que un grupo de parlamentarios calificó de expropiatorios. Esa comisión ni siquiera logró sesionar en agosto por falta de quórum, y hace apenas unos días su propia presidenta confirmó lo peor: la ley no alcanzará a regir para la temporada 2026-2027 porque todavía faltan los reglamentos para implementarla. Seguimos legislando a golpe de catástrofe, y ni siquiera así llegamos a tiempo.
Lo que hace falta no es otro anuncio de recursos duplicados —el Gobierno ya destacó haber más que duplicado el presupuesto de combate en cuatro años— sino un cambio de lógica. Presupuesto plurianual para manejo del fuego, no partidas que se negocian cada noviembre. Escalar a nivel nacional el piloto de detección satelital con inteligencia artificial que ya opera en el lago Peñuelas, en lugar de dejarlo como vitrina. Resolver la capacidad de combate nocturno antes de enero, no después de contar los muertos. Y cuando por fin opere el nuevo Servicio Nacional Forestal, dotarlo de un presupuesto a la altura de sus nuevas atribuciones, no solo cambiarle el nombre a la institución. Porque si 2017, 2023, 2024 y 2026 enseñan algo, es que Chile no tiene un problema de diagnóstico: tiene un problema de ejecución. Y la próxima temporada, la que ya viene con alerta de El Niño, empieza en menos de dos meses.
Por Patricio Medina Johnson
Economista, consultor en control de gestión y análisis financiero. Columnista y panelista en La Mano Invisible, Próceres y Sin Filtro. [email protected]
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Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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