Durante la jornada del viernes la senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ana Crispín denunció un acto injerencia por la presencia de un “representante de Estados Unidos”, dentro del hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia a quien señaló de haber repartido códigos QR a algunos legisladores para incidir en el voto a favor de la propuesta del oficialismo de destituir al fiscal general, Roger Mariaca, que se encontraba al frente de la investigación del caso Cerimedo.
«Un representante de las Américas de Estados Unidos estaba con su laptop, con su QR, a una diputada. In fraganti, se le ha pescado y se han cerrado en una oficina. No están corriendo maletas, están corriendo QR. Hay uno de argentina y otro país viendo que se cumpla el interés que tiene en este caso», dijo Crispín a los medios de comunicación, según consignó el portal Urgente.bo.
Posteriormente, Claudia Peña, exministra de autonomías del gobierno del expresidente Evo Morales, reposteó en redes sociales el mensaje de una persona quien identificó a quien estaba repartiendo los QR entre los parlamentarios y se pudo constatar que se trata de Hermes Grullón, quien formaría parte del servicio exterior de Estados Unidos.
De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, Grullón se desempeña como funcionario del Servicio Exterior del Departamento de Estado de la nación norteamericana.
Este antecedente fue corroborado por el medio Bolivia Verifica, que indicó que el propio Grullon les había proporcionado el código QR que compartió durante la sesión de la ALP.
«Según explicó, se trata de un código QR de contacto de WhatsApp, utilizado para compartir información de contacto y facilitar la comunicación mediante esa aplicación», publicó el medio citado.
Por su parte, el analista español Julián Macías Tovar señaló que los códigos QR que repartió el funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. «eran para tener reuniones personales y condicionar votos».
Suspenden al fiscal general que investigaba el caso Cerimedo
Durante la sesión del viernes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió suspender de manera definitiva a Roger Mariaca del cargo de fiscal general del Estado, con 113 votos a favor de los 128 legisladores presentes en el hemiciclo.
La resolución fue aprobada después de la promulgación de la modificación de la Ley del Ministerio Público, por parte del Gobierno de Rodrigo Paz. Esta norma establece la suspensión del fiscal general de Estado cuando exista una imputación en su contra o una medida cautelar.
Luego de que el Departamento de Estado de EE.UU. anunciara que les había anulado sus visas, Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron interceptados y luego detenidos el pasado miércoles dentro del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, de la ciudad de Santa Cruz.
En paralelo, otros persecutores fueron aprehendidos en operativos realizados en Santa Cruz como en Sucre, Chuquisaca.
La revocación de las visas y prohibición de entrada a EE,UU. también alcanzó a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, y se aplicó además a ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú, dentro del mecanismo Escudo de las Américas, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
“Mariaca, elegido en 2024 para un término de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar al narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, indicaron desde Washington para justificar la medida.
El analista político Vladimir Torrez calificó la caída del fiscal Mariaca como el “inicio de la puesta en marcha del Escudo de Las Américas y del peso de la influencia de Estados Unidos (EE.UU.) en la política boliviana”.
Para el experto en política Marcelo Arequipa, en cambio, la aprehensión de Mariaca significa que el gobierno bolivoano quiere dejar “en un punto aparte” el caso que involucra al operador político de la derecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, quien ese encuentra recluido en el penal de Chonchocoro, tras ser imputado por la Fiscalía de Bolivia por el presunto delito de “feminicidio en grado de tentativa”, al ser acusado de presuntamente haber enviado “sicarios” para que asesinaran a su expareja, la abogada Nadia Beller.
El exasesor del presidente Rodrigo Paz también tiene causas abiertas por legitimación de ganancias ilícitas; violencia intrafamiliar y presunta cobertura a vuelos ligados al narcotráfico.
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