A siete años de la revuelta de octubre de 2019, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), emitieron, por separado, declaraciones dando a conocer su visión y proyección de las históricas movilizaciones que marcaron al país.
Codepu: «No ha existido justicia ni reparación integral»
En primer término, desde Codepu recordaron que «hace siete años el descontento legítimo ante los abusos, injusticias y alzas irrumpió las calles y plazas de todo el país. Fueron momentos en que la dignidad de las personas se puso en el centro de las preocupaciones de la sociedad».
«El estallido social se transformó en una verdadera revuelta social y popular. Las aspiraciones de justicia social se hicieron presentes a través de movilizaciones masivas, cacerolazos, asambleas territoriales, paros y manifestaciones de todo tipo tras años de frustraciones ante las políticas económicas neoliberales que beneficiaban y benefician aun a los grandes empresarios y el gran capital».
«El poder económico y sus representaciones políticas», continúa la declaración de Codepu, «retrocedió asombrado ante el despliegue social».
«Empresarios ante las cámaras de televisión señalaron su disposición a subir inmediatamente los salarios; sus representaciones políticas buscaban fórmulas para canalizar el descontento popular; mientras el accionar policial y militar se desplegaba para contener el descontento. Desde los grandes medios impulsaron toda una campaña de desprestigio y criminalización de la movilización popular poniendo el acento exclusivamente en los grados de violencia social».
En este punto, Codepu remarcó que «la respuesta represiva del Estado generó la más grave crisis de derechos humanos ocurrida desde la dictadura».
El recuento es estremecedor: «al 31 de julio de 2020, las violaciones constatadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) daban cuenta de homicidios; homicidios frustrados; miles de querellas por torturas y otros tratos crueles, centenares de ellas con violencia sexual; miles de detenidos, incluidos niños, niñas y adolescentes; y más de 460 personas con trauma ocular provocado por disparos de la policía uniformada».
«La masividad de los delitos impactaron en Chile y el mundo. Hubo diversos pronunciamientos y condenas con la finalidad de dejar establecido que las detenciones arbitrarias, las torturas, la violencia sexual, las mutilaciones, los crímenes son prácticas prohibidas que deben ser prevenidas y en caso de que estas ocurran deben ser sancionadas», enfatizaron desde Codepu.
Respecto a la prevención y la justicia, desde la entidad calificaron el resultado como «paupérrimo».
«Más del 80% de las querellas terminó por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en las investigaciones, menos del 10% de las causas lograron formalizar a eventuales responsables y un mínimo porcentaje logró sentencias condenatorias. En las causas y querellas con el patrocinio de Codepu, las cifras son similares».
«No ha existido justicia ni reparación integral, la impunidad se impuso y en los últimos años se ha ido consolidando una tendencia negacionista a las violaciones a los derechos humanos que hoy pretende aplicar indultos y beneficios a los pocos agentes del Estado condenados», advirtieron desde la Corporación, planteando que Chile «requiere una profunda transformación del sistema judicial».
«Hoy, se constatan realidades que señalan que los abusos, las injusticias y las alzas continúan afectando a la población en su conjunto. Inflación, desempleo, recortes en el presupuesto y una proyección de bajísimo crecimiento económico para este año nos habla de la creciente y difícil situación que afecta a vastos sectores sociales».
«Son tiempos de extremada dureza para aquellos que viven de su trabajo mientras en la antítesis se le rebajan impuestos y se les otorgan garantías a los sectores del gran empresariado y al gran capital», cuestionaron.
Luego, enumeraron: «Se da continuidad y consolidan disposiciones legales cada vez más criminalizadoras de la protesta social. Se opta por el disciplinamiento social en las escuelas y liceos, se posterga programas económicos de vivienda y obras públicas que favorecerían el empleo mientras se confía en quien considera a Latinoamérica su patio trasero y su embajador asume una desembozada actitud injerencista».
«Las perspectivas económicas y sociales son pesimistas», concluyeron, añadiendo: «Ciertamente, la revuelta social como toda la historia de luchas sociales y populares deja lecciones para el mundo social. Entre muchas otras: la masividad, la disposición de hacerse presente en la historia, el ánimo de no aceptar abusos y desigualdades habitan en la memoria de todas y todos quienes construyeron en las calles un nosotros».
«Hoy, para el campo social y popular es tiempo reflexionar y actuar. Tiempo de pensar en las luchas pasadas. Tiempo de defender los derechos humanos, exigir derechos y luchar por la dignidad humana, por mayor igualdad y justicia social», concluye la declaración de Codepu.
Comisión Chilena de DDHH: «Vergonzosos intentos de indultar o reducir penas»
Por su parte, la Comisión Chilena de Derechos Humanos compartió una declaración con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) que compartimos íntegramente a continuación:
DECLARACIÓN PÚBLICA CCHDH – ANEF
Al cumplirse siete años del denominado Estallido Social, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) declaran lo siguiente:
1. Reafirmamos la justeza y legitimidad de las profundas causas que dieron origen a una de las más multitudinarias expresiones de rechazo al modelo político, económico, social y cultural heredado de la dictadura cívil y militar y administrado durante la transición.
El 18 de octubre de 2019 quedará consignado en la historia de Chile como un hito de la voluntad de lucha de nuestro pueblo en defensa de su dignidad y derechos.
Las jornadas de protesta iniciadas en octubre de 2019 expresaron el rechazo mayoritario de millones de chilenas y chilenos a las profundas desigualdades sociales y económicas, la concentración de la riqueza y los abusos institucionalizados. Ellas levantaron la exigencia de transformaciones estructurales capaces de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales.
2. Transcurridos siete años de este proceso, las demandas que dieron origen a esta expresión de movilización popular permanecen insatisfechas y, en diversos ámbitos, sus causas se han profundizado.
La cuestión constitucional continúa pendiente. Las políticas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, bajo una narrativa de emergencia económica, seguridad y reconstrucción nacional, pretenden consolidar retrocesos en materia democrática y de derechos humanos.
Producto de políticas de shock, de ajuste fiscal y reducción del Estado, las condiciones de vida de amplios sectores de la población se han deteriorado, poniendo en riesgo el ejercicio de derechos sociales básicos como la alimentación, la educación, la salud y la seguridad social.
3. Denunciamos los intentos de estigmatizar y criminalizar la protesta social, desconociendo su carácter de derecho fundamental y herramienta legítima de expresión ciudadana.
El derecho a manifestarse constituye una dimensión esencial de toda sociedad democrática y debe ser protegido y garantizado por las instituciones del Estado. Por esta vía, los poderes que hoy gobiernan en favor de los sectores dominantes de nuestra sociedad, pretenden anular toda posibilidad de transformación social que cuestione sus privilegios.
4. Los derechos sociales reclamados durante el Estallido Social no se garantizan en abstracto: se hacen realidad mediante servicios públicos de calidad y gracias al trabajo de las trabajadoras y los trabajadores públicos.
Por ello, advertimos con especial preocupación que la reducción del Estado y de su personal se ha convertido en un eje central de la gestión de gobierno, pese a que el gasto público de Chile se mantiene por debajo del promedio de los países de la OCDE y a que gran parte del presupuesto está comprometido por obligaciones legales.
5. Esta orientación afecta de manera particularmente grave a la institucionalidad de derechos humanos y de memoria. Estos hechos fueron denunciados en una sesión especial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La CIDH solicitó información al Estado sobre estas materias, mientras que la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que todo cambio institucional o presupuestario que afecte a dicha institucionalidad debe evaluarse a la luz de las obligaciones internacionales de Chile.
6. Recordamos, asimismo, la violenta respuesta del gobierno de Sebastián Piñera a las movilizaciones de octubre de 2019, que se tradujo en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.
Estas conductas no admiten relativización y deben ser investigadas, sancionadas y reparadas conforme al derecho internacional.
Resulta especialmente preocupante la persistencia de altos niveles de impunidad. De las más de 12.000 denuncias por violencia institucional registradas durante el Estallido Social, solo 219 causas concluyeron con sentencia condenatoria y 14 personas cumplen una condena de prisión efectiva, lo que equivale a cerca del 0,1% de las denuncias.
Esta impunidad evidencia un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de prevenir, investigar con diligencia y sancionar eficazmente las violaciones de derechos humanos, así como de garantizar justicia y reparación a las víctimas.
Al respecto, cabe recordar lo señalado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, al término de su visita oficial a Chile, el 9 de agosto de 2024: «El lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social resulta especialmente preocupante si se compara con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados».
7. A esta situación se suman los vergonzosos intentos de indultar o reducir penas a personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estallido Social, impulsados por sectores que también promueven beneficios para autores de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Toda medida de indulto o reducción de pena debe ajustarse estrictamente a las obligaciones internacionales del Estado y cumplir sus requisitos: cumplimiento de los dos tercios de la pena, colaboración con las investigaciones judiciales y genuino arrepentimiento, entre otros. Ninguna de estas condiciones se cumplen respecto de los eventuales beneficiarios de estas medidas.
Basta recordar que 1.182 chilenos y chilenas se encuentran aún en la condición de detenidos desaparecidos, y sus familiares, después de más de 50 años, siguen sin conocer su paradero.
Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con las víctimas, sus familias y quienes luchan por verdad, justicia y garantías de no repetición. Exigimos al Estado y a sus poderes el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, so pena de incurrir en responsabilidad ante la comunidad internacional y su sistema de protección internacional de los derechos humanos.
8. Finalmente, la CCHDH y la ANEF reafirman su compromiso con la construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria, en la cual el respeto y la garantía de los derechos humanos – en especial los derechos económicos, sociales, culturales y laborales – constituyan la base de un verdadero Estado Democrático y Social de Derecho. Reivindicamos el papel fundamental del Estado y de sus trabajadoras y trabajadores en la garantía de derechos, la prestación de servicios públicos de calidad y la protección social de toda la población.
A siete años del Estallido Social, reiteramos que las demandas por Dignidad, Justicia, Igualdad y Derechos Sociales mantienen plena vigencia.
COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS (CCHDH)
AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES (ANEF)
Santiago, 18 de octubre de 2026
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