Desde Codepu cuestionaron que "más del 80% de las querellas terminó por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en las investigaciones, menos del 10% de las causas lograron formalizar a eventuales responsables y un mínimo porcentaje logró sentencias condenatorias", mientras que la Comisión Chilena de DDHH -junto a la ANEF- calificaron como "vergonzosos" los intentos de "indultar o reducir penas a personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estallido Social".