La convocatoria llega con un recorte presupuestario del 9,6% y una polémica cláusula sobre violencia y pornografía que la oposición tilda de censura previa. Mientras el Ministerio defiende una reestructuración para ganar eficiencia y equidad, gremios y académicos alertan sobre la creciente precarización laboral y un posible sesgo ideológico en la asignación de recursos