Ajustes y control de contenidos: los Fondos de Cultura 2027 abren un duro frente entre el Gobierno y el sector artístico

Santiago, Chile – La apertura de la convocatoria de los Fondos de Cultura 2027 ha generado una fuerte controversia, con críticas de diversas organizaciones y especialistas que denuncian tanto una reducción significativa de los recursos como la inclusión de una cláusula que, a su juicio, constituye una forma de censura previa. Mientras el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio defiende un ajuste global del 9,6% y un proceso de modernización del sistema, el Frente Amplio ha presentado una minuta en la que advierte que el gobierno de José Antonio Kast estaría utilizando una ley sectorial para vetar proyectos culturales con contenidos considerados «pornográficos» o «excesivamente violentos», lo que vulneraría la libertad de creación artística garantizada por la Constitución.

Según comunica el espacio interamericano Arteinformado.com, la polémica se ha centrado en la inclusión en las bases de todos los concursos publicados hasta la fecha de una cláusula que excluye de financiamiento aquellos proyectos cuyo contenido se enmarque en las definiciones de «pornografía» o «violencia excesiva» establecidas en la Ley N° 19.846, que regula el funcionamiento del Consejo de Calificación Cinematográfica. El Frente Amplio sostiene que esta cláusula constituye «una extralimitación funcional y un uso indebido de una ley sectorial» que no otorga al Ministerio de las Culturas facultades para vetar proyectos en la etapa de admisibilidad. Según el análisis, al excluir proyectos basándose en su contenido potencial, las bases establecen «un mecanismo que se asemeja peligrosamente a una censura previa, aunque esté disfrazada de un requisito administrativo», vulnerando así el artículo 19, numeral 12, de la Constitución, que asegura la libertad de opinión y la de informar sin censura previa.

En el ámbito presupuestario, la controversia se ha centrado en las cifras. Mientras que el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) advirtió que algunas líneas específicas podrían tener disminuciones de hasta un 50%, el ministerio ha descartado esa cifra y ha precisado que la comparación correcta entre las bases de los Fondos Cultura 2026 y 2027 muestra un ajuste de 9,6%. La Subsecretaría de las Culturas ha señalado que la convocatoria 2027 contempla más de $41 mil millones para financiar proyectos culturales, y que las reducciones más pronunciadas responden a un reajuste de líneas específicas «considerando la ejecución y la demanda observada en años anteriores». El ministro Francisco Undurraga defendió las modificaciones, afirmando que el objetivo es «hacer más justo, transparente y efectivo este sistema», ampliando el acceso a los recursos públicos y evitando su concentración en un número reducido de beneficiarios. El secretario de Estado manifestó que «entiendo las angustias y dificultades que viven quienes se dedican a la cultura», y que la hoja de ruta busca «reafirmar nuestro compromiso con la cultura y establecer con claridad las prioridades que guiarán nuestra gestión».

Especialistas han cuestionado la falta de transparencia en el proceso y el impacto estructural que estas modificaciones podrían tener sobre el ecosistema cultural. Bárbara Negrón, directora del OPC, señaló que «aún existen interrogantes relevantes respecto del verdadero alcance de las modificaciones», y advirtió que el recorte afectará «el dinamismo del sector cultural en general». La investigadora cuestionó además la diferencia entre las cifras entregadas por el ministerio y las observadas por los actores del sector, afirmando que no se entiende «de dónde podría venir esa cifra del 9%» cuando el presupuesto de los fondos concursables ya había sido rebajado respecto de lo estipulado por el Congreso. Tomás Peters, académico de la Universidad de Chile, advirtió que las modificaciones «agregan incertidumbre al campo artístico» y «producirán una aceleración en la precariedad laboral de las y los trabajadores culturales», afectando especialmente la continuidad de proyectos de difusión y la programación de espacios culturales en todo el país.

Por su parte, la periodista y agente literaria Vivian Lavín criticó la ausencia de antecedentes técnicos que sustenten la decisión, señalando que «si se habla de eficiencia, deberían mostrarse los diagnósticos, los criterios y las evaluaciones que respalden esa decisión», y advirtió sobre el debilitamiento de la internacionalización de las industrias culturales chilenas. El Frente Amplio ha advertido que esta cláusula de control de contenidos se suma a una tendencia de retrocesos en materia de derechos humanos y de debilitamiento de la institucionalidad cultural, que ya se ha manifestado en un recorte del 9,8% del presupuesto ministerial, muy por encima del 3% de ajuste transversal instruido por Hacienda. La situación se produce en un contexto en el que el presupuesto destinado a cultura representa apenas el 0,5% del gasto público total, lo que, según los críticos, pone en evidencia el lugar que ocupa la cultura en el proyecto de país del actual gobierno.

Mientras el ministerio sostiene que los cambios forman parte de un rediseño para fortalecer la transparencia y efectividad del sistema, las críticas apuntan a que la verdadera intención sería imponer una agenda ideológica que limita la libertad de creación. La discusión sobre los Fondos de Cultura 2027 se ha convertido en un campo de batalla sobre el modelo de desarrollo cultural que impulsa el gobierno de Kast, y se espera que el debate se intensifique en las próximas semanas, a medida que avance el proceso. El ministro Undurraga ha llamado a «mirar juntos el futuro de Chile», pero los críticos insisten en que la falta de diálogo y la imposición de criterios unilaterales profundizan la desconfianza del sector hacia las autoridades culturales. La situación también ha puesto en evidencia las tensiones entre el gobierno y el sector cultural, que ya había manifestado su descontento con los recortes presupuestarios aplicados al Ministerio de las Culturas, y que ahora ve con alarma la posibilidad de que se establezcan mecanismos de censura en el financiamiento público. La discusión sobre la cláusula de control de contenidos podría escalar a instancias judiciales si se confirma que el Ministerio se ha extralimitado en sus funciones, lo que añadiría un nuevo capítulo a la tensa relación entre el gobierno de Kast y el mundo cultural chileno.

Fuente: Arteinformado.com.
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