ENAP Chile compra un conflicto de proporciones en el Bloque 10 en la Amazonía ecuatoriana por US$ 207 millones: el negocio que amenaza territorios indígenas intactos
La estatal chilena ENAP pagó US$ 207 millones para operar el Bloque 10 en la Amazonía ecuatoriana hasta 2033. El negocio, que no reporta ingresos al Estado ecuatoriano, busca ampliar la explotación hacia territorios indígenas intactos, lo que obligaría a una consulta previa, libre e informada ante la falta de garantías del gobierno de Noboa.
La estatal chilena ENAP acordó pagar 207 millones de dólares por la empresa que opera el Bloque 10, en la Amazonía de Pastaza, Ecuador, según detalló el sociólogo e investigador asociado de IWGIA, Pablo Ortiz-T., en un artículo de análisis. La operación, que involucra casi 40 años de barriles, conflictos y promesas incumplidas, se remonta a 1988, cuando el Estado ecuatoriano entregó a la estadounidense ARCO y a la italiana Agip unas 200.000 hectáreas de territorio Kichwa, junto a otras nacionalidades como Waorani, Sapara y Shiwiar. La OPIP pidió una moratoria petrolera y denunció que la empresa dividía a las comunidades.
En 1992 apareció el campo Villano, con hasta 200 millones de barriles de crudo pesado. Se construyó sin carretera, con helicópteros y un oleoducto hasta Baeza. El primer barril salió en mayo de 1999. Luego vino la caída: el bloque producía 30.000 barriles diarios en 2000 y hoy produce entre 7.000 y 8.100. Tras ARCO, Agip y Pluspetrol, llega ENAP de Chile. Según la estimación de Ortiz-T., el bloque dejó unos 170 millones de barriles con un valor bruto cercano a 10.000 millones de dólares, alrededor de 360 millones por año. «Eso es valor de venta, no ganancia», aclara el autor, quien recuerda que la inversión inicial para el consorcio Arco-Agip en 1988 fue de aproximadamente 600 millones de dólares.
El punto clave del negocio, según el análisis, es que «los 207 millones no entran al Estado ecuatoriano. Los recibe la empresa vendedora». ENAP compra el derecho a operar el contrato hasta 2033 y cobrar una tarifa por barril. «Paga unos 12 dólares por cada barril de reserva probada, y por ese crudo solo difícilmente recuperaría lo invertido. Su apuesta está en otra parte: ampliar hacia Oglan, con 300 millones de barriles en el subsuelo, y asegurar crudo para sus refinerías en Chile», explica Ortiz-T.
El autor advierte que «crecer significa entrar en territorios indígenas todavía intactos, que están en las cabeceras del Curaray o Moretecocha; los Sapara y los Waorani, y eso obliga a una consulta previa, libre e informada». Y plantea las preguntas de fondo: «Ecuador pone la selva y los riesgos. ¿Quién se queda con los beneficios? ¿Qué garantías habrá bajo un gobierno como el de Noboa de garantizar mínimamente los derechos colectivos de las nacionalidades de Pastaza?».
La operación de ENAP se produce en un contexto de creciente presión sobre los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana, donde la explotación petrolera ha generado conflictos históricos y promesas incumplidas. El artículo de Ortiz-T. invita a reflexionar sobre quién se queda realmente con los beneficios del petróleo de Pastaza y qué garantías existen para los pueblos que habitan la selva.
Te invitamos a leer el artículo completo de Pablo Ortiz-T. en el siguiente enlace:
Bloque 10: casi cuatro décadas de petróleo, conflicto y negocios en Pastaza
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