La controversia por el nuevo Casino Dreams de Talca suma un capítulo que podría comprometer penalmente a autoridades municipales. La Corporación Bioecoterra, representada por el abogado Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, amplió la querella criminal declarada admisible en marzo de 2026, incorporando antecedentes sobre las decisiones de la Municipalidad de Talca que permitieron avanzar un proyecto de US$21 millones junto a un humedal urbano, sin evaluación ambiental obligatoria.
La acción busca investigar posibles delitos funcionarios, incluida una eventual prevaricación administrativa, a partir de resoluciones municipales cuya legalidad y oportunidad han sido cuestionadas.
Un decreto del alcalde bajo sospecha
Uno de los antecedentes centrales es el Decreto Alcaldicio N.º 06230, fechado el 30 de septiembre de 2025 y firmado por el alcalde Juan Carlos Díaz y el secretario municipal Andrés Maureira. El documento resolvió «No revocar ni iniciar procedimiento de invalidación» del permiso de edificación N.º 268, otorgado al casino por la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Sin embargo, el decreto fue notificado recién el 29 de octubre de 2026, trece meses después, pese a que la DOM ya lo había invocado en comunicaciones anteriores. Además, fue utilizado para responder una nueva solicitud de invalidación presentada por Bioecoterra en agosto de 2026, aunque originalmente resolvía una petición de agosto de 2025.
A ello se suma otra interrogante: ¿tenía el alcalde atribuciones para adoptar esa decisión? La legislación urbanística y la jurisprudencia de Contraloría reconocen competencias específicas a los directores de Obras Municipales para invalidar los permisos que otorgan. El decreto, en cambio, fue firmado por el alcalde, invocando las normas generales de invalidación administrativa.
De confirmarse que la decisión correspondía exclusivamente a la DOM, podría existir un vicio de competencia. La eventual responsabilidad penal, sin embargo, requiere acreditar otros elementos.
Una exigencia ambiental que pasó a figurar como no aplicable
La ampliación de la querella también cuestiona la tramitación de la recepción definitiva del casino, solicitada por Sociedad de Ríos Claros, empresa vinculada a Dreams, el 29 de septiembre de 2026.
En el expediente figuraba una exigencia relacionada con el artículo 25 bis de la Ley 19.300. Sin embargo, en el registro municipal publicado el 29 de octubre, el requisito aparecía como «SUBSANADO – NO APLICA».
Según Bioecoterra, el cambio de estado se produjo en aproximadamente quince días, sin que en los antecedentes publicados constara una Resolución de Calificación Ambiental ni un nuevo pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que lo explicara.
Aunque un proyecto excluido legalmente del SEIA puede no estar sujeto a determinadas exigencias ambientales, los querellantes cuestionan quién adoptó esa decisión y con qué fundamentos, especialmente cuando el SEA ya había iniciado un procedimiento para revisar su pronunciamiento original.
El abogado Gabriel Muñoz explica:
“Solicitamos ampliar la querella y una audiencia cautelar urgente por resoluciones notificadas tardíamente, incluida una del alcalde que rechazó iniciar una invalidación solicitada a la DOM. El cambio de criterio ambiental también debe esclarecerse: podrían configurarse nuevos delitos y la recepción municipal no puede imponerse como un hecho consumado”.
Excavaciones más profundas y un humedal en riesgo
El conflicto comenzó cuando Sociedad de Ríos Claros obtuvo, en junio de 2025, una resolución del SEA que determinó que su proyecto no requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La decisión se basó en antecedentes que describían fundaciones de aproximadamente 1,4 metros de profundidad, con información técnica de hasta 1,6 metros. Sin embargo, tras una fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, la empresa informó obras subterráneas mayores: fundaciones de 2,4 metros, instalaciones de agua potable de 2,75 metros y alcantarillado de hasta 3 metros.
Las diferencias son relevantes porque antecedentes de la Dirección General de Aguas sitúan el nivel freático aproximadamente a 1,3 metros y describen un acuífero de alta vulnerabilidad.
El 15 de julio de 2026, el SEA del Maule inició un procedimiento de invalidación de su resolución original, abriendo una revisión sobre la decisión que permitió construir sin evaluación ambiental obligatoria.
“El casino está en una zona de riesgo de inundación y existen informes técnicos que advierten una conexión hidrológica entre el terreno y el humedal del río Claro y estero Piduco. Avanzar sin evaluar los impactos del proyecto actual puede afectar las aguas subterráneas y ese ecosistema”, advierte Muñoz.
Pese a los cuestionamientos, la DOM aprobó en agosto de 2026 una modificación del permiso original que aumentó la superficie edificada de 7.655 a 7.933 metros cuadrados y el aforo de 4.490 a 4.587 personas, además de reemplazar distintos planos de arquitectura.
¿Podría existir prevaricación administrativa?
La nueva acción judicial busca determinar si las actuaciones municipales excedieron las irregularidades administrativas y podrían constituir delitos.
La prevaricación administrativa sanciona, bajo las condiciones previstas por el Código Penal, a funcionarios públicos que dictan resoluciones manifiestamente injustas, ya sea a sabiendas o por negligencia o ignorancia inexcusables.
En este caso, los querellantes solicitan investigar las actuaciones del alcalde Juan Carlos Díaz y de la Dirección de Obras, encabezada por Constanza Muñoz Gaete, para esclarecer la competencia de quienes resolvieron, la cronología de los documentos y los fundamentos de las decisiones adoptadas.
Una notificación tardía, un eventual vicio de competencia o una decisión administrativa cuestionable no constituyen por sí solos prevaricación. Para establecer ese delito deben acreditarse todos sus requisitos legales.
Dreams ha defendido la legalidad de su proyecto y sostiene que cuenta con las autorizaciones correspondientes. La ampliación de la querella no implica que existan delitos acreditados ni responsabilidades penales establecidas.
Sin embargo, el caso abre un nuevo frente: ya no se trata solamente de determinar si un casino de US$21 millones debió someterse a evaluación ambiental antes de construirse junto a un humedal urbano, sino también de esclarecer si las autoridades municipales actuaron conforme a la ley o adoptaron resoluciones manifiestamente injustas que podrían comprometer su responsabilidad penal.
Obtén tu Pasaporte y apoya a El Ciudadano
Elimina la publicidad, accede a contenido exclusivo y sé parte de la comunidad.
Cancela en cualquier momento · Sin permanencia
