La querella presentada por el abogado Gabriel Salinas solicita que se investiguen los celulares privados y fiscales del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del exsubsecretario Luis Silva, con el fin de revisar sus chats y determinar si hubo comunicaciones con los abogados de los exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet sentenciados por delitos de lesa humanidad y que fueron beneficiados con rebajas en sus condenas.
En el mismo libelo, que fue acogido por Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Salinas pide al Ministerio Público incautar correos electrónicos, minutas y archivos adjuntos de ambos querellados, que habrían sido enviados y recibidos en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2026, con la finalidad de “ fijar el conocimiento fáctico (a sabiendas) de los fallos de la Corte Suprema”.
Según consignó El Mostrador, el jurista también solicita que la Brigada del Cibercrimen de la PDI revise la metadata de los documentos vinculados a los decretos exentos que redujeron las condenas a represores de la dictadura, con el propósito de emplear las direcciones IP para identificar las estaciones de trabajo donde se redactaron estos documentos, cuáles fueron las modificaciones aplicadas y quiénes formaron parte de ese proceso.
En paralelo, requiere que se analicen las declaraciones de los jefes de la División Jurídica y de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, junto con las de Rabat y Silva.
Rebajas de penas a represores de la dictadura
La controversia surgió luego de que el Ministerio de Justicia otorgara reducciones de condena a tres exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sentenciadas por violaciones a los derechos humanos, dos de los cuales, Patricio Leonidas González Cortés y Heraldo Veloso Gallegos, cumplen penas en el penal de Punta Peuco, mientras que el tercer caso corresponde a César Luis Acuña Luengo, recluido en Colina I.
Los tres fueron condenados por los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, los cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que fueron detenidos y desaparecidos en septiembre de 1987.
Según los antecedentes, el exsubsecretario Silva envió dos informes a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas Moya, en los que indicó que correspondía otorgar las reducciones de pena a Gonzáles y Veloso, argumentando que ambos condenados cumplían los requisitos establecidos por la Ley 19.856 y que no existían causales de exclusión para negarles el beneficio.
Sin embargo este beneficio, había sido expresamente denegado por la administración de justicia en septiembre de 2025.
Asimismo, el pasado 20 de mayo, el subsecretario de Justicia, Pablo Mira Hurtado, en calidad de ministro subrogante fue el encargado de firmar el decreto que redujo la condena de Acuña en 19 meses. Esto ocurrió apenas un día después de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara al Ministerio que se pronunciara sobre la solicitud del condenado, sin exigir que se concediera el beneficio.
En su querella, el abogado Gabriel Salinas planteó que la resolución ratificada por la Corte Suprema establece que a los condenados por crímenes de lesa humanidad no corresponde aplicarles “el estatuto doméstico ordinario de reducción de penas”, pues ello contravendría el principio rector al invocar de “forma torcida” la buena conducta certificada por Gendarmería.
Según el escrito, al emitir informes y decretar rebajas de condenas a criminales de lesa humanidad se fracturó el “bloque constitucional”, “pretendiendo aislar la aplicación de la Ley Nº19.856 de los compromisos sistémicos del Estado chileno en materia de derechos humanos”, como el Estatuto de Roma y la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíben mecanismos de impunidad encubierta.
“Intentar sobreponer un reglamento administrativo común de ejecución carcelaria, por sobre una prohibición constitucional de rango convencional por sobre el bloque de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, constituye un acto de pura arbitrariedad desnuda, desprovisto de toda cobertura jurídica de validez”, plantea el documento, según consignó El Mostrador.
De acuerdo con el jurista, con esta infracción los querellados habrían incurrido prevaricación administrativa, por dictar una resolución “manifiestamente injusta”.
En la acción legal, señaló que tanto Rabat como Silva habrían suscrito voluntariamente informes y decretos para provocar un efecto “antijurídico”, actuando con dolo y faltando al deber de “pericia y control superior”.
“El núcleo esencial de la prevaricación administrativa es que se emitan resoluciones injustas, pasando el límite de los derechos esenciales de la naturaleza humana. Esto tiene que ver con que se está rebajando la condena no a delincuentes comunes, sino a violadores de derechos humanos. Entonces, bajo este aspecto, estamos frente a una ilegalidad administrativa”, explicó Salinas al medio citado.
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