La rebaja de condenas y el dolor de las víctimas

Por Verónica Aravena Vega

Una víctima de abuso no debería enterarse por la televisión de que su agresor volvió a la calle, pero es lo que pasó, cuando el Ministerio de Justicia de José Antonio Kast rebajó por decreto la condena de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, 27 por abuso y 29 por violación, sin avisar a ninguna de ellas. Los decretos se firmaron por vía administrativa, sin pasar por la Corte de Apelaciones y a un promedio de uno cada tres días, y cuando Interferencia los destapó la mayoría de esos hombres ya había salido de la cárcel.

Una mujer desayuna con el matinal de fondo y entre dos noticias, escucha que el Gobierno rebajó penas a condenados por abuso. En algún momento aparece en la pantalla un apellido que conoce demasiado bien, el del hombre que la agredió cuando era niña, ahora en libertad. Nadie la había llamado antes; lo supo igual que cualquiera, mirando el matinal.

Lo que se discutió esos días como un problema jurídico es, para quien sobrevivió, otra cosa muy distinta. Los libros de psicología lo llaman victimización secundaria, el daño que agregan las instituciones con su manera de responder una vez que el agresor ya hizo lo suyo. Adopta aquí una forma muy exacta, porque un abuso es, en el fondo, alguien que dispone de un cuerpo sin contar con él y, al mover estas causas a espaldas de las víctimas, el Estado repitió ese gesto con otro ropaje.

Denunciar un abuso es un acto de confianza extremo. A una víctima de abuso sexual pueden pasarle hasta dos décadas entre lo que vivió y el día en que logra ponerlo en palabras, y cuando por fin se atreve le entrega a una institución el relato de lo peor que le ha ocurrido, lo sostiene durante años frente a desconocidos y a la sospecha, sobre la promesa implícita de que esa institución está de su lado. Cuando el Estado deshace después la condena sin molestarse en llamarla, el daño no es solo el susto de saber libre al agresor, sino la traición de quien le había pedido confiar, un golpe que viene del lugar mismo al que acudió a buscar reparación. Esa condena era también, para muchas, la única prueba pública de que lo vivido fue real y grave, el único sitio donde alguien con autoridad les dio la razón. Revocarla en silencio reabre la duda que el abuso siempre deja instalada, la de si una exageró o se lo buscó y esta vez es el Estado el que parece confirmarla. Vale para la niña que declaró y vale igual para la familia que pasó años frente a tribunales por un desaparecido y se entera de que al torturador le descontaron meses sin preguntarle nada.

El cuerpo no entiende de decretos. Quien sobrevivió a una agresión suele quedar en un estado de alerta que tarda años en bajar y enterarse de golpe de que el agresor camina otra vez por la ciudad reactiva esa alarma por completo. Lo cotidiano vuelve a ser un lugar donde hay que ir pendiente, la fila del pan o el paradero del micro, cualquier esquina donde él podría aparecer. La mujer a la que un hombre le cobraba por no hacerle daño y ahora lo sabe suelto no necesita volver a verlo para empezar a vigilar cada puerta. Hay una crueldad extra en no avisar, porque incluso la posibilidad de prepararse o de pedir ayuda le fue negada y lo poco de control que la condena le devolvía se esfumó sin que pudiera hacer nada.

Cuando el Estado trata la comodidad del agresor como un asunto de trámite y la seguridad de la víctima como algo que no merece ni una llamada, le está diciendo que su sufrimiento pesa poco, que es administrativamente prescindible. Para alguien que lleva años tratando de convencerse de que lo que le pasó importaba, es una lección dura que venga, encima, del Estado que decía protegerla.

El daño no se detuvo en los niños. La misma doctrina administrativa rebajó la pena de tres venezolanos que extorsionaban a mujeres migrantes en La Serena, a las que cobraban cien mil pesos semanales bajo amenaza haciéndose pasar por el Tren de Aragua, y una mujer migrante sin los papeles en regla no corre a Carabineros a denunciar, de modo que ese miedo al Estado era parte del negocio. Alcanzó también a tres condenados por crímenes de lesa humanidad, dos de ellos en Punta Peuco, por secuestro calificado y tortura, a uno de los cuales le descontaron 19 meses de una pena de 10 años, en un país que todavía no sabe dónde están muchos de sus desaparecidos. En los tres casos operó el argumento de siempre, que la prensa bautizó Doctrina Rabat por el ministro de Justicia: cumplidos los requisitos, el Estado no estaría habilitado para negar el beneficio por grave que sea el delito, porque la ley no distingue delitos. A ninguna víctima se le avisó.

El 26 de octubre Kast salió a hablar del asunto, dijo que el Estado les había fallado a las víctimas, prometió una ley y suspendió las rebajas, y a la vez mantuvo en su cargo al ministro que las había firmado. Hablar de las víctimas justo cuando se protege al funcionario que las dejó fuera es lo que Laura Macaya viene describiendo hace años esa manera que tiene el poder de envolverse en la víctima en el momento en que la aparta, porque su dolor sirve para legitimar lo que ya estaba decidido. Un gobierno que llegó prometiendo poner a las víctimas por delante terminó repartiéndolas en dos grupos, las que le sirven al relato de la seguridad y las que le estorban, y a estas últimas las nombra para la foto y las deja fuera del expediente donde se decide su suerte. Es coherente con quien hizo bandera de la mano dura y del cuidado de la infancia y acabó soltando en silencio justo a los que decía combatir, desde los que abusaron de niños hasta los que torturaron en dictadura.

En Chile, una de cada cuatro niñas dice haber vivido abuso sexual, y de las que lo sufrieron en el último año el 61% no se lo contó a nadie, en parte porque la mitad de esas agresiones ocurre dentro de la propia casa, donde el que debía cuidar es el que hace el daño. Denunciar ya es una proeza mucho antes de que el Estado intervenga, y lo que estos decretos le enseñan a la niña que todavía calla es que hablar cuesta años y casi nunca cambia nada. Cada rebaja firmada a ciegas engrosa, para la que viene, el cálculo de que no vale la pena.

Lo mínimo habría sido avisarle y escucharla antes de tocar una condena así y que ni siquiera eso ocurriera quedó confesado en la propia reforma que ahora impulsa el Gobierno, que promete garantizar que las víctimas sean informadas y escuchadas, es decir, admite que no lo estaban. En las carpetas donde se decidió todo estaban la firma y el timbre, y no faltaba nada. No aparecían, eso sí, ni la niña que declaró, ni la mujer a la que le cobraban por no hacerle daño, ni la familia que todavía busca dónde enterrar a los suyos. A ninguna le preguntaron, y el trámite funcionó igual sin ellas.

Por Verónica Aravena Vega

Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política. Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y género. Máster en Recursos humanos. Máster en Psicología Social/organizacional. En Instagram

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