Bencinazos, camioneros y acuerdo a puerta cerrada: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con el paro de transportistas?

Por Jorge Sharp

En menos de 72 horas, el gobierno, con el ministro Claudio Alvarado a la cabeza, desactivó la movilización de los transportistas de carga en todo Chile comprometiendo el retroceso inmediato de las últimas alzas, una rebaja adicional de $100 por litro al diésel, el congelamiento de los combustibles hasta marzo de 2027 y la extensión de la franquicia tributaria del impuesto específico hasta fines de ese mismo año.

Sin embargo, más allá del contenido del acuerdo, al interrogar el conflicto desde la economía política, preguntándonos sobre quién gana, cómo, cuándo, dónde y, sobre todo, quiénes pierden, el acuerdo expresa una radiografía brutal de las asimetrías de poder en Chile.

Primero: ¿Quiénes ganan y cómo?

A diferencia de movilizaciones anteriores, en la que estos mismos gremios operaron bajo una lógica de desestabilización contra los gobiernos de Lagos, Bachelet y Boric, esta vez el conflicto enfrentó a un gobierno de derecha con parte de su base de apoyo social, económica y electoral.

Lejos de ser una contradicción insalvable, tal cual fue declarado por los voceros de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile con quienes se firmó el acuerdo, el desenlace muestra cómo se gestionan las tensiones al interior del bloque en el poder.

Para evitar un forado político mayor y el desborde en las carreteras que hubiera paralizado el país, el gobierno sacrificó temporalmente su propia ortodoxia de disciplina fiscal y no intervención en los precios, optando por una salida pro gran empresariado: amortiguar parte de los costos operacionales de las grandes flotas contratistas, las cuales se encuentran vinculadas a la minería, a la agricultura, el sector forestal y el retail, y como consecuencia, blindar la tasa de ganancias de esos grandes sectores económicos de las fluctuaciones internacionales que impactan sobre el precio de los combustibles, mediante subsidios directos y exenciones tributarias que pagan los chilenos con sus impuestos.

¿Cómo lo logran?

Ejerciendo un poder de veto a las infraestructuras críticas del país. En una economía primaria exportadora, el capital solo circula cuando las mercancías llegan a los puertos (el 95% de las importaciones y exportaciones en Chile dependen de ellos). Quien controla las carreteras, autopistas e infraestructura posee una capacidad de bloqueo inmediato.

Pero a diferencia de un paro contra un gobierno de izquierda, marcado por la confrontación frontal, aquí operó una negociación entre pares que comparten afinidad ideológica y saben que no pueden destruirse mutuamente sin debilitar su propio proyecto político.

Segundo: ¿Cuándo y dónde ganan?

El acuerdo responde a una temporalidad y una espacialidad muy concretas.

¿Cuándo? En el momento exacto en que los grandes gremios empresariales declararon que, si bien comprendían las razones de la movilización de pequeños y medianos transportistas, su prolongación provocaría un grave daño a la economía nacional.

Fue un mensaje inequívoco a todas las partes a cerrar una salida rápida y evitar un escalamiento del conflicto que paralizara las exportaciones y el abastecimiento.

¿Dónde? En dos planos simultáneos. Primero, en el espacio cerrado de la negociación cupular: entre cuatro paredes, entre el gobierno y las grandes confederaciones del transporte (que estaban en contra de la movilización), y de espaldas a los pequeños y medianos empresarios principalmente organizados en asociaciones regionales (que fueron sus iniciadores), quienes no tuvieron más opción que aceptar el acuerdo a regañadientes pese a la disconformidad de sus dirigentes y bases.

Segundo, en las infraestructuras de circulación del capital: el despeje los grandes corredores logísticos del Norte Grande, el Centro y el Centro-Sur para garantizar la normal circulación de mercancías hacia los puertos, bajo amenaza de aplicar la ley de seguridad interior del Estado a aquellos reacios que no depongan las movilizaciones.

Tercero: ¿Quiénes pierden?

En primer lugar, pierden los pequeños y medianos propietarios de camiones, principalmente presentes en regiones.

Son ellos, quienes operan muchas veces como subcontratistas precarizados de las grandes flotas, los que salieron primero a paralizar las rutas, quebrados y asfixiados por el alza sostenida de sus costos operativos derivados de los aumentos del precio del diésel.

Sin embargo, al considerar insuficiente un acuerdo cupular que no resuelve su fragilidad estructural, han quedado marginados de la mesa, aislados en su movilización y bajo la amenaza del gobierno de reprimirles con todo el peso de la ley. Es un claro ejemplo de cómo, una vez más, el Estado subsidia al grande mientras deja a su suerte al chico.

Con ellos también la demanda por terminar con los cobros en las carreteras (movimiento No + TAG), que expresaba un reclamo ciudadano transversal de alivio al bolsillo de millones de chilenos, quedó invisibilizada y excluida de la negociación, blindando con ello una vez más el negocio de las autopistas concesionadas.

En segundo lugar, pierde la ciudadanía que carece de camiones para bloquear carreteras. Es esa mayoría social la que viene soportando en silencio los efectos acumulativos del bencinazo de principios de año: el aumento de la inflación y el desempleo, el encarecimiento de la canasta básica y una severa pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Mientras el transporte de carga logra desacoplar su estructura de costos de los vaivenes internacionales hasta inicios de 2027 y los grandes empresarios ven reducida su carga impositiva por las medidas adoptadas por el gobierno en la llamada ley de reconstrucción, las familias trabajadoras financian una vez más con sus impuestos el subsidio de sectores empresariales con poder de coacción.

En tercer lugar, en términos políticos, pierde hasta ahora la oposición. Frente a este conflicto y su desenlace ha quedado atrapada en el cálculo táctico de no oponerse a una rebaja de combustibles por temor al costo púbico y en la carencia de un discurso y propuesta alternativa.

Con ello han cedido por completo la iniciativa a la derecha política y económica, que resolvió la crisis antes que siquiera llegara al Congreso. El episodio vuelve a dejar al desnudo la debilidad estructural del progresismo que depende para hacer política de la institucionalidad legislativa: por ellos si los conflictos sociales no pasan por el hemiciclo, sencillamente no existen.

Cuarto: ¿Cómo actúa una vez más el poder?

El problema estructural que una vez más devela esta movilización, como decíamos, es que el Estado subsidia al grande mientras olvida, reprime y deja a su suerte al chico. El mecanismo con el que se procesan los conflictos en el país, pactos cupulares donde los más golpeados quedan relegados debajo de la mesa, vuelve a ponerse en escena.

El gobierno ocupó todo el peso institucional y financiero del Estado, desde los subsidios fiscales hasta la amenaza penal a descolgados, al servicio de proteger las utilidades de una minoría económica, cuestión que nunca hizo a lo largo de todo este año en favor de las familias trabajadoras de nuestro país.

Jorge Sharp