La Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Metropolitano recibió esta semana al Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio -Mosacat- y al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales -OLCA-, organizaciones que han unido fuerzas en defensa del territorio de Cerrillos frente al proyecto de Google de instalar un centro de datos en dicho sector de la capital.
La sesión, convocada por la consejera Leslie Venegas, quien preside la comisión y representa a Maipú, Cerrillos y Estación Central, abrió un espacio institucional a una discusión que hasta ahora las comunidades han dado prácticamente solas ante el peso de una compañía global, apuntaron desde OLCA.
Un problema que ya no es solo de Cerrillos
Jorge López, integrante de Mosacat, expuso los efectos que el proyecto podría provocar en la comuna. Habló del ruido, de las islas de calor y del consumo hídrico y eléctrico que demandaría la instalación, impactos que a juicio de la organización afectarían de forma grave a las comunidades.
Por eso el movimiento pidió al Gobierno Regional que financie un estudio independiente que evalúe «de forma real y concreta las principales afectaciones que va a tener este proyecto en Cerrillos», y llamó a las y los vecinos a sumarse a la organización.
Lucio Cuenca, director del OLCA, sostuvo en tanto que los antecedentes presentados obligan a mirar el conflicto a escala metropolitana.
«Aquí se han presentado antecedentes de lo que significa el impacto que generan los data centers como islas de calor, y si eso uno lo evalúa regionalmente, estamos frente a una problemática mayor que involucra al conjunto de la Región Metropolitana», advirtió.
Para Cuenca, la gravedad del asunto aumenta porque estos proyectos hoy escapan al control ambiental.
Según explicó, un cambio reglamentario realizado en febrero de este año dejó a los data centers fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que en la práctica los exime «no solo de evaluar ese impacto, sino también el conjunto de los impactos que tienen estas infraestructuras en los territorios, sobre todo en las zonas urbanas».
Lucio Cuenca también cuestionó a quién sirve esta infraestructura.
«La mayoría de los servicios que ofrecen los data centers que se instalan en nuestro país son para el comercio global, para el sistema financiero internacional. Es una actividad exportadora y, por lo tanto, muchos de estos data centers no los necesitamos en el territorio nacional», afirmó.
Comunidades desamparadas ante la ley
La consejera Leslie Venegas coincidió en que el fondo del problema es la ausencia del Estado.
«Sabemos que hoy día falta regulación normativa y ordenamiento por parte del Estado respecto de toda la infraestructura digital que está surgiendo», señaló Venegas, y agregó que a las externalidades térmicas se sumarían otras que podrían golpear directamente a la comunidad.
La autoridad regional alertó específicamente sobre el riesgo de contaminar el acuífero, ya que estas instalaciones almacenan grandes cantidades de diésel que podrían filtrarse.
A esto se agrega la sobrecarga de la red eléctrica, que a su juicio «puede tener también un impacto en el bolsillo de los vecinos y vecinas de la comuna».
Frente a ese escenario, llamó a presionar por cambios legales: «Hoy día estamos desamparados respecto a la normativa actual y eso tiene que cambiar, para que nuestra región y nuestro país no tengan que enfrentar los costos de un sistema desregulado», afirmó la consejera regional.
Desde OLCA recuerdan que el proyecto de Google en Cerrillos arrastra años de conflicto.
«Su versión original, aprobada en 2020, contemplaba extraer 169 litros por segundo de agua subterránea para enfriar sus servidores y fue revertida por el Tribunal Ambiental tras la acción de las y los vecinos. En julio de 2026 la compañía presentó un nuevo diseño de US$200 millones con enfriamiento por aire y 44 generadores diésel de respaldo, una versión que avanza sin una evaluación ambiental», advirtieron desde el Observatorio.
Seguiremos informando.
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