Opinión

Tierra, techo y trabajo

Al elegir el nombre de León XIV, el pontífice retomó el camino que León XIII abrió en 1891 con la encíclica Rerum Novarum. Aquel documento denunció los sueldos de hambre en las fábricas, condenó la usura de los bancos y defendió el derecho de los obreros a formar sindicatos frente a la patronal. Ciento treinta y cinco años después, las oligarquías del continente buscan devolver a la clase trabajadora a las condiciones laborales del siglo XIX, eliminando las leyes que protegen el empleo y el descanso.

Tierra, techo y trabajo

Por Jean Flores Quintana

En pleno Buenos Aires y frente a la cúpula del gobierno de Javier Milei, el papa León XIV planteó que la economía tiene que estar al servicio de los pueblos. Exigió protección directa del Estado para los jubilados con pensiones de miseria, los cesantes, los trabajadores informales y las personas con discapacidad bajo la bandera de tierra, techo y trabajo.

Ese mensaje recorrió Montevideo, la capital argentina y Lima durante este 2026.

Su paso le quitó el argumento religioso a las derechas sudamericanas que llevan más de un siglo usando la cruz para justificar la desigualdad, blindar el negocio de los grandes grupos económicos y achicar el plato de comida de las familias trabajadoras mediante el recorte del gasto público.

Al elegir el nombre de León XIV, el pontífice retomó el camino que León XIII abrió en 1891 con la encíclica Rerum Novarum. Aquel documento denunció los sueldos de hambre en las fábricas, condenó la usura de los bancos y defendió el derecho de los obreros a formar sindicatos frente a la patronal. Ciento treinta y cinco años después, las oligarquías del continente buscan devolver a la clase trabajadora a las condiciones laborales del siglo XIX, eliminando las leyes que protegen el empleo y el descanso.

Para Milei, la justicia social constituye una aberración y un robo que el Estado comete cuando cobra impuestos.

Esa idea copia palabra por palabra la receta que el economista Friedrich Hayek instaló en la Escuela Austríaca y que sus fanáticos usan para sostener que cualquier ayuda social destruye la libertad del mercado. En esa forma de ver el mundo, el alza del pan, los combustibles y el arriendo funciona como un ajuste normal donde el gobierno tiene prohibido intervenir para proteger los salarios, reservando el aparato público para cuidar las ganancias de las empresas y mandar a la policía a reprimir las protestas.

El negocio privado disfrazado de moral cristiana

La derecha chilena y sudamericana conoce de memoria esa mezcla entre negocios privados y religión conservadora. Jaime Guzmán la dejó amarrada en la Constitución de 1980, cuando unió el catolicismo tradicional con el modelo de los Chicago Boys para entregar las pensiones a las AFP, la salud a las Isapres y los recursos naturales a las grandes compañías bajo la regla del Estado subsidiario.

Hoy José Antonio Kast administra esa misma herencia desde La Moneda mientras el país suma un millón de cesantes y el valor de la UF asfixia a los hogares endeudados, impulsando rebajas tributarias para los más ricos al mismo tiempo que recorta el gasto social. Es el mismo esquema que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil al entregar la selva amazónica y las tierras fiscales a los grandes dueños del campo en alianza con obispos conservadores y pastores que lucran con la fe.

Ante el reclamo de mejores sueldos y derechos, los sectores más ricos de América Latina han respondido siempre con limosna o con represión.

Todos ellos tratan la propiedad privada de los consorcios como un privilegio intocable y borran el principio católico básico que enseña que los bienes de la tierra deben asegurar una vida digna para todas las familias.

En Montevideo y en Lima, León XIV apuntó directo al centro de ese modelo de acumulación. En Uruguay recordó que la legitimidad de un gobierno descansa en asegurar el bien común y permitir que los hogares vivan de su trabajo. En el Perú, donde el sacerdote Gustavo Gutiérrez escribió las bases de la Teología de la Liberación, el Papa criticó que la ciencia y la tecnología queden en manos de unos pocos privilegiados mientras crece la pobreza urbana y rural, exigiendo priorizar a los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y los migrantes frente a la especulación bancaria.

Llevar ese llamado al terreno del Estado exige hoy políticas públicas que las derechas bloquean en cada parlamento de la región, desde impuestos permanentes a las grandes rentas y leyes de negociación colectiva por rama hasta la construcción masiva de vivienda pública y la recuperación soberana del litio, el cobre y el agua dulce.

Ante el reclamo de mejores sueldos y derechos, los sectores más ricos de América Latina han respondido siempre con limosna o con represión.

En el siglo XIX, los dueños de las haciendas atribuían la pobreza campesina a la voluntad divina y trataban cualquier huelga como un ataque al orden. Cuando el pueblo organizado rompió ese silencio y los curas comprometidos tomaron partido por los pobres en Medellín en 1968 y en Puebla en 1979, el poder económico respondió con dictaduras militares.

Bajo el pontificado de Juan Pablo II, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo usó la jefatura del Consejo Episcopal Latinoamericano para comandar en toda la región la persecución contra las comunidades de base. La operación unió el Documento de Santa Fe de Ronald Reagan en 1980, redactado para destruir a la Teología de la Liberación y cuidar a las empresas estadounidenses, con la orden que firmó en 1984 el cardenal Joseph Ratzinger para prohibir que la Iglesia explicara la pobreza desde la desigualdad de clases.

En cada país, ese plan del Vaticano lo ejecutaron los obispos que oficiaron como capellanes de los cuarteles y socios de la derecha económica, desde Adolfo Tortolo en Argentina, Eugenio de Araújo en Brasil y Pedro Aparicio en El Salvador, hasta Jorge Medina con Pinochet y Juan Luis Cipriani con Fujimori en el Perú.

Contra esa Iglesia de los salones empresariales y los regimientos se levantó en toda la región una fila de obispos y curas obreros que pagaron con su vida la defensa de los humildes.

Los curas que pusieron el cuerpo junto a los trabajadores

Contra esa Iglesia de los salones empresariales y los regimientos se levantó en toda la región una fila de obispos y curas obreros que pagaron con su vida la defensa de los humildes.

En Colombia, el sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo demostró con cifras el acaparamiento de la tierra antes de caer en combate en febrero de 1966 junto a la guerrilla campesina. En México, el obispo Sergio Méndez Arceo apoyó las huelgas fabriles y recibió a los exiliados del sur, a la par que Hélder Câmara y Pedro Casaldáliga enfrentaban a los terratenientes en Brasil.

Ese mismo compromiso llevó a que la dictadura argentina asesinara al obispo Enrique Angelelli en una ruta de La Rioja en 1976 y a que la oligarquía salvadoreña matara de un disparo en el altar a monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980.

En Chile, el cardenal Raúl Silva Henríquez enfrentó a Pinochet con la creación del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad para salvar perseguidos y documentar las torturas. En las poblaciones y hospitales, los sacerdotes de base corrieron la misma suerte de la clase obrera. Los militares fusilaron a Joan Alsina en el puente Bulnes en septiembre de 1973, torturaron hasta la muerte a Miguel Woodward en el buque escuela Esmeralda e hicieron desaparecer a Antonio Llidó desde los cuarteles de la DINA.

En la población La Victoria, Pierre Dubois se paraba con los brazos abiertos frente a las tanquetas y André Jarlan fue asesinado en septiembre de 1984 cuando una bala de Carabineros atravesó la madera de la casa parroquial mientras leía la Biblia.

El paso de León XIV en este cierre de 2026 recoge esa memoria de sangre y expone a las derechas del continente como simples recaudadoras del bolsillo de las grandes empresas.

Con un Vaticano que condena los abusos de la banca y exige leyes para asegurar sueldo digno, vivienda estatal y sindicatos fuertes, la disputa por la justicia social se juega donde dieron la vida Camilo Torres, Joan Alsina y André Jarlan, ahí donde las familias trabajadoras pelean cada mes su liquidación de sueldo, la jornada laboral, el presupuesto de los consultorios y el control público de las riquezas de América Latina.

Por Jean Flores Quintana

Politólogo


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