«Ahora van por los derechos indígenas»: Ofensiva del Gobierno y sectores de derecha apunta a las tierras y espacios costeros de pueblos originarios

La Cámara pidió derogar la Ley Lafkenche con 78 votos a favor, mientras el Gobierno impulsa una reforma que flexibilizaría las restricciones sobre tierras indígenas. Organizaciones y especialistas advierten una ofensiva contra los derechos territoriales mapuche y costeros con consecuencias jurídicas de proporciones.

«Ahora van por los derechos indígenas»: Ofensiva del Gobierno y sectores de derecha apunta a las tierras y espacios costeros de pueblos originarios

Cerco a los derechos indígenas: Advierten ofensiva contra las tierras indígenas y los espacios costeros

El 3 de noviembre de 2026, 78 diputadas y diputados votaron a favor de la Solicitud de Resolución N° 89, que pide al Presidente de la República enviar un proyecto de ley para derogar la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche. Hubo 46 votos en contra y 9 abstenciones. Dos días después, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia derivó el requerimiento al Ejecutivo para coordinar una respuesta formal.

La votación llegó cuando organizaciones indígenas y analistas ya miraban con inquietud otros movimientos. Tras los recortes sociales y la presión sobre la institucionalidad de derechos humanos, advirtiendo que el foco se desplaza ahora hacia las tierras indígenas y los espacios costeros de uso consuetudinario.

Populismo, ideología y «eficiencia»

El gobierno de José Antonio Kast ha avanzado bajo el paradigma de la «austeridad y eficiencia», que presenta el gasto social como insostenible y propone reducir el Estado para «liberar» al mercado. Sus críticos lo consideran un paradigma falso. Señalan que los déficits se usan para justificar recortes y evitar alzas de impuestos, que pesa la capacidad de lobby de los sectores de mayores ingresos y que la ideología prioriza la propiedad privada sobre la equidad.

El Gobierno negocia con los sectores que tienen mayor poder y los más afectados son los sectores más vulnerables.

La tierra indígena, en el centro

El Ejecutivo anunció una reforma a la Ley Indígena 19.253 que, bajo el argumento de «igualdad de condiciones», eliminaría restricciones que protegen las tierras indígenas frente al arriendo de largo plazo y la hipoteca por parte de no indígenas. Según han señalado analistas, el beneficio iría a intereses industriales y empresariales, como forestales, mineras, energía e inmobiliarias. Organizaciones indígenas y expertos sostienen que «no se trata de una modernización, sino de la puerta de entrada para la pérdida definitiva del territorio», y que el rediseño de la consulta soslaya los estándares del Convenio 169 de la OIT.

En Radio Kurruf, el 10 de noviembre, Álvaro Millalen detalló la propuesta sobre el artículo 13, el que prohíbe enajenar, embargar, gravar o adquirir por prescripción tierras indígenas, salvo entre personas de una misma etnia. Nació en la Comisión para la Paz y Entendimiento del gobierno anterior, y hace pocos días personeros del Gobierno se reunieron en Temuco para promover su consulta. Permitiría arrendar terrenos indígenas a no indígenas o a personas jurídicas por hasta 10 años, y por hasta 25 con consulta a la CONADI. Millalen advierte: «Lo preocupante de esta iniciativa es que nada dice sobre qué tipo de actividades puede realizar el arrendatario sobre dicho terreno ni de quien regulará esa situación». Teme además que la tácita reconducción derive en una renovación de contratos, como ocurrió con los arrendamientos a 99 años, que significaron «el despojo por la vía legal de una cantidad importante del territorio mapuche».

Su alternativa es otra: «El tema central entonces no radica en la modificación de la ley, sino en la voluntad de inyectar recursos para su efectiva implementación y desarrollo, incluido recursos para el fondo de tierras». Y concluye: «Pareciera ser que la intención es desmantelar la poca legislación existente que de alguna manera ha servido para dar cierta protección al derecho que tienen los mapuche sobre una mínima parte de su territorio».

La Ley Lafkenche en la mira

La resolución si bien es solo una solicitud política al Ejecutivo y la ley sigue vigente y los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) constituidos continúan operando, da cuenta de la intencionalidad de sectores políticos en el país, en su totalidad ligados a las derechas.

Ver también / «Un callejón sin salida»: 20 comunidades mapuche llevan a la Contraloría el avance inmobiliario sobre tierras de título de merced en Temuco

Para derogarla, el Gobierno tendría que redactar un proyecto y aprobarlo en ambas cámaras. El oficio de Segpres y firmado por la jefa de la División Jurídico-Legislativa, Carolina Helfmann Martini, fue dirigido al ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal. Se le pidió coordinar la respuesta con Interior, Economía, Fomento y Turismo, y Desarrollo Social y Familia. Quienes respaldaron la medida argumentan, en medios salmoneros, que la norma frena la inversión y otros usos del borde costero, y esgrimen «certeza jurídica» y «desarrollo económico».

El día 6, apenas tres días después de la votación, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Los Lagos rechazó otras cuatro solicitudes de ECMPO. Según Lorena Arce, del Observatorio Ciudadano, desde 2024 más del 80% de las solicitudes votadas han sido rechazadas: 21 de 26 a nivel nacional. Entre ellas, la de Yaldad, en Chiloé, rechazada en agosto pese a años de acuerdos con pescadores y mitilicultores. Arce recuerda que el diputado Mauro González, quien votó a favor, llamó públicamente a rechazar nuevas solicitudes mientras no se modificara la ley. El 2 de noviembre, Subpesca adjudicó una consultoría para preparar la consulta indígena sobre cambios a la normativa. Arce lo dice así: «Discutir cambios legales es legítimo, pero eso no puede justificar que se deje de aplicar una ley vigente».

El respaldo a la derogación, según se informó, habría llegado hasta el propio Kast, quien ha dicho que «hay abusos» y que la ley debe modificarse. Arce rebate la comparación con la industria: «Es una comparación engañosa y equivocada: a diferencia de las concesiones salmoneras y las AMERB, que otorgan derechos exclusivos para determinadas actividades, los ECMPO no privatizan el mar ni establecen un uso exclusivo». La norma, aprobada en 2008, protege usos tradicionales y no entrega propiedad del mar.

Lo que dice el estudio de Subpesca

En ese debate irrumpió esta semana el Proyecto FIPA 2025-01, encargado por la propia Subpesca y difundido por la plataforma Espacios Costeros. Analizó 17 ECMPO y concluye, según El Ciudadano, que el 75% de los encuestados indicó que permiten recuperar recursos pesqueros (pág. 249). En 14 de los 17 se incluyó a «usuarios no titulares», es decir, organizaciones sociales y pescadores artesanales (pág. 59).

El estudio apunta también a la tramitación: la ley fija entre 2 y 3 años, pero el Estado demora entre 6,5 y 13,5 años (pág. 24). La plataforma sostiene que «la ley de Espacios Costeros funciona», pero que «falta que el Estado cumpla y apoye su implementación efectiva».

Una pregunta de fondo

Arce plantea la discusión en términos más amplios: «¿Son los derechos indígenas un obstáculo para el desarrollo, o es el modelo de desarrollo predominante el que sigue siendo incapaz de reconocer los derechos, las culturas, la biodiversidad y la participación de quienes habitan los territorios?». Para ella, los pueblos indígenas «no se oponen necesariamente a las actividades productivas, sino a que estas se impongan sobre sus derechos, sus formas de vida y los ecosistemas de los que dependen».

Anexo: votación de la Solicitud de Resolución N° 89

Sesión 87ª, 3 de noviembre de 2026. Resultado: aprobada, con 78 votos a favor, 46 en contra, 9 abstenciones y 0 dispensados. Votaron a favor:

Araya, Cristián; Arqueros, Carlo Alejandro Antonio; Arroyo, Roberto; Bassaletti, Enrique Alejandro; Becerra, Valentina Juliet; Beltrán, Juan Carlos; Bernales, Alejandro; Betancurt, Lilian Alejandra; Bobadilla, Sergio; Briones, Patricio Antonio; Bustos, Daniel Eduardo; Carter, Álvaro; Chandía, Carlos Luis; Charpentier, Paz; Coloma, Jaime; Concha, Sara; Contreras, Flor Rossany; Cretton, Eduardo Andrés; Cristoffanini, Sebastián; Del Real, Catalina; Durán, Eduardo; González, Mauro; Grohs, Erich Christ; Guzmán, Jorge; Hube, Constanza Verónica; Irarrázaval, Juan; Jéldres, Stephanie; Karlezi, Pier Giuseppe; Kast, José Antonio; Kast, Tomás Walter Rafael; Kunstmann, Leandro Jorge; Lilayu, Daniel; Lorca, Benjamín Israel; Malla, Luis; Marowski, Hans Alberto; Martínez, Cristóbal.

Menchaca, Cristian Enrique; Meza, José Carlos; Mora, Claudia Patricia; Moreno, Benjamín; Muñoz, Francesca; Muñoz, Paulina Andrea; Naranjo, Ximena Andrea; Naveillan, Gloria; Neira, Cristian Andrés; Neumann, Ricardo Andrés; Olavarría, Mario Antonio; Olivares, Javier Ignacio; Olmos, Paula Andrea; Orrego, Francisco Javier; Ossandón, Ximena; Pardo, Luis; Parisi, Zandra Esther; Pérez, Marlene; Ramírez, Guillermo; Ramírez, Rodrigo Alberto; Reyes, Claudia Elena; Riquelme, Alejandro Gabriel; Rodríguez, Javiera Valentina; Romero, Agustín; Romero, Natalia Angélica; Ross, Felipe; Sabat, Omar Rashid; Sánchez, Luis; Santelices, Macarena Eugenia; Schalper, Diego; Schubert, Stephan; Sulantay, Marco Antonio; Urcullú, Ignacio José; Urqueta, Eileen Patricia; Valdebenito, Alejandra; Valdés, Guillermo Victoriano; Valenzuela, Daniel Elías; Valenzuela, Juan Marcelo; Verdugo, Germán; Videla, Sebastián; Weisse, Flor; Zamora, Sebastián Nicolás.

Fuentes:

Obtén tu Pasaporte y apoya a El Ciudadano

Elimina la publicidad, accede a contenido exclusivo y sé parte de la comunidad.

Elige tu plan

Turista

$1.990 /mes

 


Sin anuncios · Publica tus artículos

Ciudadano — TOP

$4.990 /mes

 


Sin anuncios · Publicar artículos · PDFs · Newsletter exclusivo · Favoritos

Diplomático

$10.990 /mes

 


Sin anuncios · Publicar artículos · PDFs · Newsletter exclusivo · Favoritos · Voz editorial

Cancela en cualquier momento  ·  Sin permanencia


Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano