El avance industrial es necesario. Sin embargo, se requiere preservar el medio ambiente y la armonía de las comunidades. El descontento ciudadano logró la suspensión de la instalación de la termoeléctrica en Punta de Choros.
La protesta masiva de los ciudadanos, detuvo la construcción de la termoeléctrica a carbón, que la empresa Suez Energy, pretendía instalar en la cercanía de Punta Choros. Esto demostró que una ciudadanía activa y con capacidad de propuesta, influye en decisiones que parecían una verdad absoluta, al menos para un grupo de funcionarios públicos de la Conama de Coquimbo, que votaron por la realización del proyecto eléctrico, sin importar el costo ambiental, que su decisión implicaba.
En medio del debate medio ambiental y ecológico, que produce esta decisión, hay que dejar en claro, que nadie se opone al avance industrial necesario en un país periférico como Chile. El crecimiento industrial, arrastra una demanda de energía que de algún lado debe proveerse. Ello no está en discusión, como piensan algunos sectores empresariales.
Tampoco se desconoce que mayores proyectos productivos, otorgan más capacidad de mano de obra e impacto en el mercado y la economía. Sin embargo, la experiencia reciente de BP petróleos, que contaminó miles de kilómetros del océano en el Golfo de México y las costas de Estados Unidos, marcó un precedente respecto de la defensa del medio ambiente, por parte de los ciudadanos, cada vez más informados, que expresan su opinión, y además, viven conectados en plataformas sociales, de fácil concertación y comunicación.
Se hace necesario mayor injerencia del Estado en el control y fiscalización de importantes sectores productivos del país, que logran altas tasas de ganancias financieras, aplicando bajos costos, sin ninguna responsabilidad social ni empresarial.
Esta mención parece importante, en medio de feroces ataques en contra de las organizaciones ciudadanas que se oponen a este tipo de centrales eléctricas, y que ruegan por más progreso, pero sin dañar el medio ambiente, como se pretendía en Punta de Choros.
El Estado debiera reconocer que le es imposible fiscalizar una parte importante del sector productivo del país, con la rapidez y eficacia que se requiere y debiera garantizar recursos estatales para la organización de los ciudadanos, en la defensa preventiva del medio ambiente. Esto resulta esencial, para empoderar a una ciudadanía, que se moviliza de manera responsable en la defensa del medio ambiente y que en casos como este, participa activamente en la defensa de lo que considera esencial para su entorno y la naturaleza que le rodea.
Por Jorge Montecino
Docente Universidad Arcis Valparaíso