Sí hablemos de situaciones de derechos humanos

El mismo día que el Gobierno llama a restablecer el orden público, a vivir en paz y a condenar la violencia, el jefe de zona de la Quinta Región de Carabineros, haciendo referencia a las protestas del domingo en Viña del Mar, dice que “entonces no hablemos después de situaciones de derechos humanos”. Si bien su alocución no es del todo clara, es fácil ver que en su argumentación sostiene que los actos violentos de los manifestantes serían lo único condenable y que, por lo tanto, la acción de carabineros no ameritaría ningún reproche en términos de posibles violaciones a los derechos humanos. Parece que el general en cuestión, en congruencia con otras intervenciones previas de autoridades policiales sobre el tema de la violencia, no parece conocer los lineamientos nacionales e internacionales de los protocolos de la institución y del Estado en materia de derechos humanos, en los que básicamente se plantea que la actuación policial debe enmarcarse en el respeto irrestricto a la integridad física y psíquica de las personas, y, por lo tanto, siempre es necesario hablar de los derechos humanos, independiente del tipo de delito que puedan justificar la acción policial.

Por otra parte, esta y otras declaraciones relativas a la violencia en el marco del levantamiento social en curso, resultan totalmente carentes de sentido cuando carabineros no solamente no detiene a grupos de extrema derecha que se manifiestan armados en las calles de Santiago, sino que los escolta mientras estos agreden a transeúntes y a opositores al Gobierno. En síntesis, las acciones violentas no son valoradas como delitos según sus características, sino que según quién las ejecuta. Recordemos la persecución policial y judicial de la cual han sido víctimas miles de manifestantes, cuando al mismo tiempo el Gobierno apenas hace referencia a personas del barrio alto que intentaron comprar un fusil AK-47 y que han recibido un tratamiento jurídico mucho más benevolente que el de los manifestantes encarcelados.

De este modo, los llamados al fin de violencia y al restablecimiento del orden social no son más que una mera estrategia retórica de neutralización y criminalización de la protesta social, basada en buscar terminar con una determinada forma de violencia, la ejercida por la ciudadanía, y restablecer una determinada visión del orden social, un orden en el que la policía viola masiva y sistemáticamente los derechos humanos y donde el Gobierno impone fuertes limitaciones al derecho a manifestarse. En los últimos días, esto ha incluido diversas formas de censura, como la prohibición de llevar pancartas al Festival de Viña y la eliminación de grafitis, murales y rayados en el centro de Santiago, así como el ejercicio de la amenaza y el miedo, por ejemplo, a través del aviso del despliegue de 1.700 carabineras para las manifestaciones del 8 de marzo.

Si se quiere avanzar en la disminución de la violencia, es necesario abordarla no como un problema delictual sino como un problema político, que refleja el profundo malestar y rechazo de la sociedad chilena hacia el sistema político y económico que ha regido nuestro país en los últimos 30 años, y que se ha visto exacerbado por la falta de respuestas a las demandas ciudadanas y la impunidad frente a las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Mientras no hayan avances significativos en este sentido, no solamente es improbable sino absurdo pensar que la violencia va a disminuir por el mero hecho de condenarla, aumentar la represión y no hablar de los derechos humanos.

Por Roberto Fernández Droguett

Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile. Grupo de Trabajo Clacso Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia.