Era despertar un día más para los moradores de la favela Jacarezinho el 6 de Mayo de 2021. Algunos bajaban por las estrechas escaleras del morro rumbo a sus trabajos, otros se aprestaban a abrir sus puestos para vender un lanche (colación) y la gran mayoría estaba en sus casas aún durmiendo cuando comenzaron a sentir los primeros anuncios de lo que sería una jornada que bañaría de sangre el morro y que pasaría a la historia como la matanza más grande hecha en Río de Janeiro.
La favela de Jacarezinho está localizada en la región de Manguinhos, zona norte de Río de Janeiro, y en ella viven 37 mil personas, siendo considerada la comunidad con mayor presencia de afrobrasileños de toda la ciudad. El historiador Julio César Paixao llama la atención a que la relación con los afrobrasileños de parte de los poderes está atravesado por el miedo de que la revolución de quienes fueron esclavizados en Haití (1791-1825) se repitiera en Brasil, último país en abolir la esclavitud en 1888. “Ese miedo era muy común en Brasil e influenció directamente la represión a quienes estaban esclavizados”- comenta el historiador
Durante el periodo colonial Jacarezinho fue una región de quilombos, es decir, espacios formados por personas que fueron esclavizadas que arrancaban de las condiciones de explotación de las haciendas. Estos fugitivos se escondían en las grutas de la región, conocidas como Preto Forro, según cuenta William Reis, de la organización AfroReggae. El morro comenzó a ser habitado en la década de 1920 por medio de la ocupación de terrenos, proceso profundizado por las remociones de las favelas del centro entre las décadas de 1940 y 1970.
“Se puede decir que Jacarezinho es un quilombo urbano” – afirma el activista Ruma Gabriel, entrevistado por Reis, agregando que las primeras ocupaciones de 1920 fueron en la parte más alta del cerro, llamada de Azul. “Esa característica de los negros de hacer sus casas en los alto de los cerros era justamente por el miedo a la policía, que pasó a desempeñar el papel de Capitães do Mato, deteniendo a estas personas’’.
Siglos después la policía llega también buscando afrobrasileños, esta vez con el argumento de la guerra a las drogas. La operación comenzó cuando unos 200 agentes fuertemente armados salieron de la Cidade da Polícia, a escasos 100 metros de la favela, en cuatro vehículos blindados. A eso de las seis de la mañana comenzaron a cercar la favela, siendo apoyados por agentes de la Polícia Militar.
Según los moradores, un cuarto para las seis de la mañana sintieron el fuerte sonido de las aspas de dos helicópteros policiales que comenzaron a pasar a escasos metros encima del techo de las casas de la favela. Las aeronaves blindadas son de modelo similar al usado en la guerra de Vietnam y llevaban fusileros de la Polícia Civil apuntando a las casas. En los accesos al morro tres carros blindados (llamados caveirão) se posicionaban y los 200 policías armados con fusiles de asalto estaban listos para ingresar a la comunidad.
Al bajar del caveirão para remover una barricada dejada por los traficantes en la calle José Maria Belo, uno de los policías recibió un disparo en la cabeza, quedando grave y siendo llevado a un hospital en donde murió. El tiro desató la venganza de los escuadrones policiales formados en la doctrina de estar frente a una guerra no declarada. El delegado asesinado, Marcos Amim, pertenecía a la Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) y fue descrito por sus compañeros como un agente fascinado con participar de acciones operacionales y con amplio conocimiento de armas de fuego.
Cuando un agente policial resulta asesinado en una operación, estudios comprueban que la actuación inmediata produce de tres a cuatro veces más letalidad que el padrón. Así lo confirmó la investigadora Terine Husek Coelho en un trabajo para el Instituto de Segurança Pública (ISP), quien tras analizar el periodo entre enero de 2010 y diciembre de 2015, estableció una correlación de muertes que indica que después de que un agente policial pierda la vida en una localidad, las probabilidades de que un civil sea muerto en medio de una acción policial aumentan 1150% el mismo día, un 350% el día siguiente y un 125% entre cinco y siete días después.
Las balas percutadas por la policía ese día alcanzaron hasta la línea 2 del metro de Río de Janeiro, cuyos pasajeros tuvieron que ponerse a resguardo de los disparos en la estación Triagem. De igual modo dos pasajeros fueron heridos, uno por esquirlas de disparo y el otro por los vidrios rotos del carro de metro. Los que iban en el metro tuvieron la suerte que no tuvieron los habitantes del morro.
La fatal estadística se cumplió dentro de la favela y morro arriba. Le tocó esta vez a Jonas do Carmo dos Santos (32), obrero y trabajador de una pizzería con dos hijos, uno de 7 años y otro de apenas un mes, a quien su esposa pidió ir por el pan para el desayuno y no volvió más, según relató Folha. Ella se enteró tras recibir una foto a través de Whatsapp del cuerpo tirado en un beco (pasaje estrecho) de la favela. “Me contaron que cuando los policías llegaron el beco estaba lleno y todo el mundo salió corriendo. Alguien fue baleado en la cabeza y mi marido recibió un tiro en la pierna. Después del tiro llegaron cerca y terminaron de ejecutarlo. Fue una ejecución, vinieron para matar. Si después del tiro lo hubieran detenido y llevado para ser interrogado hubiese sido mejor”- fue su relato.
MEDIA HORA DE MASACRE
– “Me ayuda, me ayuda por el amor de Dios”- fue lo que le dijo a una mujer que abrió su puerta a un joven desarmado que estaba herido en el pie. Media hora después entró la policía golpeando el portón. Preguntaron a la dueña de casa si había alguien allí. Ella dijo sí pero que había niños. Con violencia mandaron a salir la familia afuera, mientras el chico estaba refugiado en uno de los cuartos, el de una niña de nueve años. Ella estaba en el living, a pocos metros, aterrorizada junto a su familia, los policías le dijeron que tapara la cabeza de la niña y dispararon al joven.
Respecto de esa matanza, la compañera de Cleiton da Silva de Freitas Lima (27), con quien tuvo un niño de tres años, cuenta que “mi marido quedó en pie, ellos entraron en la casa, lo colocaron de espalda y dispararon. Los dueños de la casa me contaron. Ya no tenía arma. Ya no tenía nada. Ellos estaban arrodillados pidiendo para no morir y los mataron de igual forma. Ellos fueron para matar, no para apresar”. Entre las 7 y media de la mañana y las 8 la policía carioca se dedicó a vengar a su compañero asesinado, siendo el periodo en que las pocas pesquisas disponibles dan cuenta de la mayor cantidad de muertos, ocurridos en el Beco da Zélia y el Beco do Caboclo.
Una mujer contó que su hijo la llamó a las ocho y ella le preguntó dónde estaba para ir a ayudarlo. “Había mucho joven siendo intimidado y nosotros íbamos para allá, para poder salvarlos y que se los llevaran presos por lo menos”- relató. Sin embargo, “cuando mi hijo se fue a entregar, en el Beco do Caboclo, junto con los otros, los mataron a todos. Fue la hora que mi hijo paró de hablar conmigo. Fui hasta allá y tenían a cuatro intimidados. Me dijeron que mi hijo estaba en la casa. Quedé en el beco esperando a que mi hijo saliera, pero no salió. Mi hijo no va a volver más. Esto no fue una operación, fue una matanza. ¿esto va a quedar impune?”
Lo mismo relató la mujer de Rômulo Oliveira Lúcio (29), quien también se entregó y fue ejecutado. “Los policías entraron dentro de su casa y él se rindió. Él (policía) dijo ‘perdiste’ (…) él se rindió, fue tomado vivo y fue ejecutado a cuchilladas”. Otro caso fue el de una mujer que fue obligada a salir de su propia casa, tras ser invadida por los agentes policiales buscando a su nieto, a quien acabaron ultimando.
Una de las historias, recogida por el Instituto Anjos da Liberdade, contó que un joven estaba con un bebe en el regazo antes de ser muerto. El policía obligó al joven a entregar el menor a un familiar y le dijo que iba a morir, matándolo allí mismo. Mujeres también denunciaron que integrantes de la Polícia Civil las trataron de “piranhas” junto con atacarlas con spray pimienta y amenazas de disparo.
Las ejecuciones extrajudiciales fueron seguidas de escenas de barbarie. Djefferson Amadeus, abogado y coordinador del Instituto de Defesa da População Negra (IDPN), contó que el cuerpo sin vida de un joven negro fue sentado por los policías en una silla, quienes le introdujeron sus propios dedos en la boca. Joel Luiz Costa, abogado del mismo IDPN, por su parte ha exhibido la foto de una silla plástica azul con el agujero de un disparo en el respaldo quedó como testigo material de uno de los asesinatos realizados. Cuatro de los seis presos contaron en su primer interrogatorio que fueron obligados a cargar los cuerpos de los jóvenes asesinados para el caveirão. También recibieron golpes y patadas, salvando con vida sólo porque estaban en presencia de sus familiares al llegar la policía.
No corrió la misma suerte Natan Oliveira de Almeida (21), cuya madre aseguró que su hijo entró vivo en el caveirão tras entregarse. No estaba baleado. Al llegar el vehículo policial al hospital el joven estaba muerto con un disparo en el estómago.
CUERPOS SECUESTRADOS Y SIN NOMBRES
La operación duró hasta las tres de la tarde. Tras la balacera desatada el morro quedó en silencio. Los moradores recién comenzaron a asomarse desde sus casas. En algunos becos o en el patio de un vecinos aún yacían los cuerpos de los jóvenes baleados. Algunos vecinos tomaron fotos que comenzaron a circular entre los moradores mientras los familiares que no veían aparecer los suyos comenzaron una frenética búsqueda.
Cuando la policía se fue llevó consigo todos los cuerpos de los jóvenes asesinados. Dejaron si cientos de cascos de balas de fusil esparcidos por el suelo. Hay imágenes de alguien tirando un balde con agua a un charco de sangre y luego comenzó a lavar la sangre pegada en las baldosas de las casas, en los muebles, en los muros, en el pavimento. Un registro de ocurrencia de la misma policía detalló que 24 cuerpos fueron removidos sin pericias previas. Las muertes ocurrieron en diez lugares diferentes de la favela, pero sólo en tres de los jóvenes ultimados se pudieron recolectar pruebas forenses. Tampoco los cadáveres fueron llevados para el Instituto Médico Legal, sino que a un hospital cercano. Los policías, bajo el argumento de prestar ayuda médica, se llevaron los cuerpos en el caveirão. Una de las razones esgrimida que la cifra de muertes ese día superó la capacidad de gestión de los muertos en una ciudad de por sí violenta, no existiendo suficientes rabecões (vehículos forenses) en todo Río de Janeiro para llevar tantos cadáveres.
Levi Miranda, médico legista, ex teniente del Ejército brasileño y perito asistente de la Defensoría Pública en Río de Janeiro contó en 2019 a The Intercept Brasil, que “cuando la policía mate, desarman el lugar del enfrentamiento y fingen prestar socorro”. Sostuvo además que la mejor defensa de los policías que comenten crímenes era imposibilitar la recolección de pruebas que permitirían el establecimiento de culpas. En las primeras horas tras la matanza al igual como no hubo cuerpos para los exámenes forenses, tampoco hubo nombres. En una conferencia de prensa, dada unas horas más tarde, la policía sostuvo que había 24 muertos, todos los cuales tenían antecedentes o estaba involucrados con el tráfico. El vocero policial aseguró en la ocasión que no había ninguno sospechoso, “pero sí homicidas, traficantes y criminales”.
Silvany Euclênio, profesora y activista, en entrevista a Brasil 247, llamó la atención en las primeras horas tras la matanza que “no hay nombre, no hay rostro”. Agregó que “nos vamos a comenzar a enterar de quienes fueron asesinados después que en la comunidad los familiares vayan de casa en casa preguntando: ¿usted sabe quién es? ¿tiene una foto? ¿sabe el nombre? ¿tiene identidad? Porque de depender del Estado o de los medios corporativos van a permanecer sin rostros, sin nombres. Son ciudadanos, e incluso en el caso de que fuesen todos sospechosos ¿quién a esas personas les dio el poder para juzgar y ejecutar?”.
Consultados respecto de si hubo ejecuciones extrajudiciales, el delegado de la policía, Felipe Cury, dijo que “la única ejecución que hubo fue la del policía”. Sólo en lo que va del año ya van 22 agentes policiales muertos en diferentes operativos en Río de Janeiro. En cambio, según sostiene Human Right Watch, en el mismo período de tiempo las distintas policías que operan en la ciudad han matado a más de 450 personas.
En la ocasión el delegado Cury justificó la matanza citando un amplio prontuario de quienes estaban muertos (pese aún a no poseer sus nombres). El policía sostuvo que la operación policial fue hecha tras una investigación de diez meses y fue llevada a cabo tras una una orden de la DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) para apresar a 21 jóvenes, acusados según los informes de la misma policía de tráfico de drogas, homicidio, secuestro, robos de líneas del tren e involucramiento de adolescentes en el crimen. La policía también aprovechó de mostrar un gran arsenal de armas incautado, montando la escena en la que llegaban hasta con la bala de un obus de asalto, pero que en el registro final de los papeles eran 16 pistolas, 12 granadas, seis fusiles, una escopera y una subametralladora.
Sin embargo, algunos días después trascendió un informe de inteligencia de la propia Polícia Civil, hecho después de la operación en la favela reconoció que el único objetivo fue cumplir el mandato de prisión de 21 personas por tráfico de drogas y que Jacarezinho era uno de los cuarteles generales del Comando Vermelho (CV), albergando gran cantidad de armamento. El informe final de la DPCA tampoco hizo mención a la existencia de corrupción de menores para el tráfico, ni de ninguna de las excusas dadas por la policía el jueves de la masacre (robo de líneas de tren, homicidios o secuestros) existieron más que en la conferencia de prensa y en los noticiarios de TV del día de la matanza.
También los datos contradicen la argumentación inicial de la policía, que los acusó a todos de criminales. También a medida que pasaban las horas fue aumentando el número de muertos: 28 en total, de los cuales apenas cuatro estaban en el listado de 21 mandatos de prisión. De todos los asesinados, sólo 12 había sido sorprendidos en alguna ocasión portando drogas o tuvieron en el pasado alguna condena ya cumplida por tráfico.
Rodrigo Mondego, fiscal de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), dijo que por lo menos siete no tenían ningún antecedente criminal.
Además, si bien la policía mostró en la conferencia de prensa aprehensión de drogas, el material no fue lacrado como determina la ley, rompiéndose así la cadena de custodia, según ha acusado la defensora pública Mariana Castro.
Sin embargo no pocos analistas ven en la matanza y en la conferencia de prensa posterior un recado. En la ocasión el delegado Rodrigo Oliveira, acusó a lo que denominó “activismo judicial” de tener las manos manchadas de la sangre del policía muerto y de dificulta la actuación de la policía, lo que ha significado “el fortalecimiento del tráfico”.
El policía hacía referencia a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que por la necesidad de mantener la gente en casa por la crisis del Covid-19 y la letalidad policial, había prohibido en junio de 2020 la realización de operaciones policiales de amplia envergadura en las favelas.
La acción policial misma fue llamada Operação Exceptis.
Al otro día, Allan Turnowski, secretario de la Polícia Civil se sumó al recado a través de las pantallas de TV, argumentando que fue una operación planeada y que los policías no arrancaron, sino que respondieron al tiroteo. “De un lado la facción criminal, del otro lado el Estado. Hay que demostrar que nunca esas facciones van a enfrentar el Estado, que el Estado va a ser siempre más fuerte que ellos. Tuvimos 40 puntos de tiro. Son 26 muertos de 27 con antecedentes criminales. No son ciudadanos que fueron heridos en una acción errada de la Policía civil, eran criminales, traficantes que pusieron resistencia a la Policía Civil”.
Luego el policía agregó que “existen líderes de esa facción politizados, con acceso a las redes sociales que dicen para sus traficantes porque eso genera para la policía y evita que vuelvan para sus comunidades. Más que una operación es una lucha del estado contra una facción criminal. La policía hizo su papel”. Turnowski planteó finalmente una división entre el Estado, la gente de bien y la policía civil. “Las personas tienen que decidir de qué lado quieren quedar”- sentenció.
Silvio Almeida, abogado y doctor en Filosofía y Teoría del Derecho, reflexionó a través de un twitter que la conferencia de la Polícia Civil fue más que una entrevista colectiva, siendo un acto de afirmación de poder que no se somete a ninguna ley y desconoce la constitución brasileña. Almeida sostuvo que “la intención evidentemente no era dar cuentas de la operación más letal producida en la historia de Rio de Janeiro, sino que dar un recado, un mensaje en la forma de espectáculo, firmado con sangre en el piso y en las paredes de las casas”.
El jurista agregó que “los enemigos fueron nombrados sin vacilación. Son los defensores de los derechos humanos y las instituciones que obstaculizan la cruzada promovida por las ‘personas de bien’ Son abogados, jueces, fiscales, activistas, políticos que impiden la ‘justa’ lucha contra el crimen”. Luego agregó que esto es posible porque miembros de las instituciones del Estado y la prensa concuerda o se beneficia con la barbarie. “Esa conferencia de prensa fue el grado cero de la barbarie. El recado fue dado de forma limpia y clara: no habrá ley ni tratado internacional que los pare. Ellos decidieron quien merece morir y los ‘humanos’ no somos nosotros”.
Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político y autor del libro Elite da Tropa, coincidió con Almeida respecto del accionar policial en Jacarezinho, considerándolo también “una demostración más de barbarie sin límites”. Sostuvo que “además de la práctica reiterada en las favelas, tenemos un desafío lanzado al Supremo, con consecuencias muy grandes para lo que queda de democracia”. Planteó que se trata en el fondo del “genocidio de jóvenes negros y pobres en las favelas y territorios vulnerables. Si el STF no reacciona, estará legalizando la barbarie”.
LA NARRATIVA DE LOS MEDIOS
El día de la masacre, a los dos helicópteros de la policía apuntando sobre la favela se sumaron los helicópteros de los canales de televisión. La red Globo transmitió en directo, apuntando sus cámaras hacia los techos de las casas para mostrar en directo como unos jóvenes intentaban arrancar entre las terrazas y los patios. Uno lleva un arma y la imagen fue repetida decenas de veces remarcando el periodista que la operación era contra bandidos y criminales.
El programa Cidade Alerta, de la red Record y perteneciente a Edir Macedo, quien a su vez es pastor jefe y principal accionista de la Iglesia Universal, también se sumó al despacho en directo. Cidade Alerta es transmitido todos los días de la semana por las pantallas de Record y nutre sus contenidos acompañando desde el cielo acciones policiales en vivo y desplegando una narrativa tan espectacularizante como estigmatizadora, la que coloca a bandidos y traficantes de un lado y ‘gente de bien’ y policías por el otro. En la transmisión que hicieron de la matanza, mientras acompañaban a los policías mezclaban con imágenes de archivo de incursiones en Jacarezinho hechas hace algunos años de parte del actual presentador del programa, quien en una narrativa heroica acompañaba a un grupo de policías a un lugar en donde supuestamente los traficantes realizaban los ajusticiamientos.
Los cuatro principales canales de TV abierta brasileña acostumbran reproducir la narrativa policial y la separación de los actores entre buenos y malos. Los medios repitieron varias veces que el origen de la intervención policial era el combate a los traficantes y el uso de niños, argumento que en la opinión pública brasileña pareciera blanquear y justificar cualquier intervención policial.
El periodista de la Band, otra señal de TV abierta, contó que traficantes entrenaban niños desde 12 años para entrar en el tráfico. En tanto que el canal bolsonarista Jovem Pan presentó la noticia diciendo que 24 sospechosos de ligación con el tráfico de drogas murieron.
En una declaración firmada por las organizaciones y colectivos que actúan en Jacarezinho, éstas sostuvieron que “el papel de los medios hegemónicos en reforzar una narrativa de la criminalización de la pobreza y los espacios de favela, sin poner en pauta la masacre que ocurría en vivo, convirtió la acción del 6 de mayo en un gran espectáculo, fundamental para un proceso de naturalización de la barbarie ocurrida en la favela de Jacarezinho”.
Silvany Euclénio puso el acento en disputar las narrativas y atender al hecho de que la policía tiene la capacidad de decretar la pena de muerte en Brasil. En la narrativa de los medios masivos, destaca Euclénio, esos cuerpos serían menos importantes. “¿Quiénes son ellos para determinar que se trataba de 24 sospechosos? ¿La policía tiene la prerrogativa de determinar que lo sean los cuerpos de determinadas comunidades? ¿Tienen la capacidad de definir entre detener los sospechosos o matarlos de acuerdo al lugar de la ciudad donde viven?”.
Las organizaciones de Jacarezinho también consideraron que “el genocidio contra los cuerpos negros y favelados sigue naturalizado y sin causar espanto. Las instituciones públicas, como en un acuerdo tácito, siguen en silencio, sin crear ningún tipo de mecanismo efectivo que pueda frenar el exterminio”.
UNA POLICÍA LETAL
Un estudio entre enero de 1998 y marzo de 2021, realizado por el Instituto de Segurança Pública (ISP) determinó que 20.957 personas murieron en enfrentamientos con la policía sólo en el estado de Río de Janeiro, es decir, una media de una persona asesinada por agentes del estado cada 10 horas; lo que suma 79 personas por mes. Sólo en 2020 murieron 1.245 personas a manos de la policía. Los años de mayor letalidad coinciden con el ascenso al poder de Bolsonaro, ocurriendo en 2019, una cantidad de 1.814 muertes víctimas de intervención policial.
Según un Relatorio Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía, estas son generalizadas en Brasil. En 2020 la policía del Estado de Río de Janeiro mató 1.239 personas, un promedio de 3 personas por día; en tanto que la policía del Estado de São Paulo produjo 814 muertes. El portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Rubert Colville, sostuvo que en Brasil hay un uso histórico “desproporcional e innecesario” de la fuerza policial, llamando la atención a que las escenas de los crímenes fueron alteradas, lo que impidió las pericias.
La matanza de Jacarezinho fue la mayor hecha por la policía en Río de Janeiro. Superó los tristes récord anteriores, como la efectuada en 1998 en Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense, cuando fueron asesinadas 23 personas; o la ocurrida en Vigário Geral, en 1993, cuando murieron otras 21 personas; o la ocurrida en 2007 en el complexo do Alemão, donde hubo un saldo de 19 muertos. La matanza del jueves 7 de mayo sólo se compara a la realizada por un grupo de paramilitares integrado por policías que asesinó a 29 personas, incluyendo mujeres y niños en los municipios de Nova Iguaçu y Queimados en 2005.
La letalidad policial se acompaña además de la impunidad. Y a Jacarezinho justamente le ha tocado la peor parte desde antes del fatídico 6 de Mayo. Un reportaje de Globo dio cuenta de que pese a haber grandes pruebas de ejecución de parte de Policías Militares en el asesinato de un joven de 26 y tres adolescentes de 16 años al interior de una casa, hecho ocurrido en 1998, recién en marzo pasado los agentes fueron condenados reos por homicidio. En la oportunidad los policías con el pretexto del “combate al tráfico” invadieron una casa, matando a tiros a sus moradores. Acusaron que recibieron tiros en dos ocasiones y entregaron dos fusiles y una pistola, los que habrían sido encontrados con los muertos. Al igual que 23 años después, los cuerpos fueron llevados para el hospital, deshaciendo los agentes la escena del crimen.
Incursiones diarias en la favela acabaron dejando un saldo de 40 muertos en siete meses, según detalló el reportaje de Globo. Los autores del crimen de los adolescentes siguieron ejerciendo como policías y cometiendo crímenes seguros de su impunidad. Según comentó el mismo medio, tres de los seis agentes involucrados fueron condenados por tortura recién en 2012 tras la muerte de otro hombre en Jacarezinho, sólo tres meses después del homicidio cuadruple, estando implicado incluso el oficial, quien llegó a ser teniente coronel de la policía. En 2009 en otra operación en la misma favela, fueron ultimadas nueve personas, siete en la misma casa.
Sin embargo, hay resistencias. En Jacarezinho un actor importante ha sido Rumba Gabriel, quien cuando fue dirigente de la comunidad, desarrolló el proyecto ‘Condomínio Favela’, que consistía en colocar portones y cámaras en las favelas para registrar la acción de los policías con letreros que advertían ‘’Sorria policial, você está sendo filmado’’. La acción provocó la disminución de los abusos policiales, aunque también volcó a los agentes tras Rumba, quien tuvo que refugiarse en Estados Unidos por un tiempo.
¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
La víspera anterior a la matanza el presidente Jair Bolsonaro estuvo reunido en el Palacio das Laranjeiras con el recién asumido gobernador Claudio Castro (PSC), quien se estrenaba en el cargo tras reemplazar al también bolsonarista Wilson Witzel, destituido por corrupción en contratos de insumos para enfrentar la pandemia.
Según el periodista Mauro Lopes con Bolsonaro no hay coincidencias. El presidente de extrema derecha también estuvo en Salvador de Bahía horas previas al asesinato por policías del también ex policía Adriano da Nobrega, considerado el asesino de la concejal Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes. Da Nobrega era jefe del escritorio del crimen que operaba en el barrio de Río das Pedras en Río de Janeiro y bien próximo al hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, quien tenía contratadas a la madre y esposa del miliciano. Se sabe que el auto en que iban los asesinos de Marielle, luego de cometer el asesinato pasó por el condominio en donde vive Bolsonaro. Lopes sostiene que “no creo en coincidencias, sino en convergencias. La desocupación del territorio ligada al comando Vermelho, en Río de Janeiro, abre paso para que el territorio sea ocupado por las milicias ligadas al clan Bolsonaro”.
Para el abogado André Barros, la matanza fue un medio utilizado por Bolsonaro para enfrentar el STF y las limitaciones impuestas por la pandemia. En una lucha abierta de poderes entre el ejecutivo y el poder judicial brasileño, el presidente mostró sus armas.
En sus cuatro periodos como diputado estadual, según un cálculo hecho por la revista Piaui, Flávio Bolsonaro (hijo del presidente) rindió homenaje a por lo menos 23 policías que acabaron siendo condenados por la justicia por diversos crímenes, siendo varios de ellos ligados a las milicias cariocas.
Una investigación realizada por el Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (GENI-UFF) da cuenta de que las milicias controlan el 25,5% de los barrios de Río, abarcando el 57,5% de la superficie territorial de la ciudad. El crecimiento es altísimo para una facción que en 2000 comenzó a articularse con fuerza, a diferencia de las facciones de traficantes, como el Comando Vermelho, ocupante del 24,2% de los barrios, el Terceiro Comando (8,1%) y Amigo dos Amigos (1,9%), organizaciones que comenzaron sus actividades a principios de los 90.
Según el mapa hecho por GENI-UFF, el poder de las milicias es mayor que todos los grupos de narcos juntos, alcanzando 686,75 kilómetros cuadrado. También GENI-UFF dio cuenta de que las policías de Río de Janeiro realizan cuatro veces más operaciones en territorios dominados por el tráfico de drogas en relación a los bajo el control de milicianos.
Con la suspensión del STF de acciones policiales durante la pandemia operando, hasta fines de febrero fueron realizadas 400 incursiones, de las cuales un 44% fueron hechas en localidades del Comando Vermelho; seguidas de un 34,4% en espacios en disputa; un 11% contra el TCP, que está aliado en algunas zonas con paramilitares; y las milicias, las que fueron el objetivo de la policía sólo en un 10,7% de las operaciones.
La reacción del presidente brasileño en las redes sociales tras conocerse la matanza fue de felicitar a sus miembros. Sostuvo que los medios y la izquierda ofenden a los cariocas al tratar a las personas muertas como víctimas, siendo igualados así “al ciudadano común, honesto, que respeta las leyes y al prójimo”.
En tanto su Vice-presidente Hamilton Mourão se limitó a comentar que “todos eran bandidos, agregando que “lamentablemente, esas facciones del tráfico eran verdaderas narcoguerrillas”.
Hace poco un profesor de historia, cuyas reflexiones son seguidas por importantes periodistas brasileños, intentando hacer comprender el clima que se vive en Río de Janeiro, comentaba que ante la ausencia de agentes del Estado imparciales, la única fuerza que en estos días está impidiendo la expansión de las milicias en la ciudad de Rio de Janeiro es precisamente el Comando Vermelho.
LAS VOCES QUE SURGEN TRAS LA MATANZA
El amparo de los medios masivos a la narrativa policial produce que gran parte de la sociedad brasileña apoye o guarde silencio frente a las matanzas de los policías. Al revisar las noticias en los medios y leer los comentarios, son mayoría los que reproducen la narrativa de que “bandido bueno es bandido muerto” y de apoyo al accionar de la policía. De hecho, algunos agentestienen sus propios canales en Youtube, a través de los cuales muestran sus acciones cotidianas. Una vez ocurrida la matanza de la policía carioca, no tardaron en apoyarla, teniendo miles de seguidores y visualizaciones.
Silvany Euclénio echa de menos la capacidad de la sociedad brasileña de indignarse con las muertes , lo que denomina como “una capacidad de indignación selectiva”. Agrega que en Brasil se mata un joven negro cada 23 minutos. “Si no nos indignamos con eso, estamos perdiendo nuestra humanidad”- sentenció.
Sin embargo, pese al silencio de las mayorías, la narrativa criminalizante de los medios masivos y la impunidad policial, en la misma favela de Jacarezinho a las pocas horas de terminar la matanza aparecieron las primeras voces de resistencia. En su gran mayoría eran mujeres afrobrasileñas, las que en un gesto espontáneo se tomaron una calle al retirarse la policía e iniciaron una marcha. Tal vez sus hermanos, sus novios, sus amigos no podían asistir. O fueron asesinados o estaban aún escondidos. Más que por ser traficantes, por ser negros. Las que pudieron salir a protestar eran adolescentes, incluso niñas, y la primera palabra que balbucearon al intentar generar un grito colectivo fue ‘¡Justicia!’.
Un día después, viernes de tarde, a las cinco comenzó una marcha en la Av. Dom Hélder Câmara, a la bajada de Jacarezinho, donde fue convocada la sociedad carioca. Llegaron más de un centenar y su reclamo no logró conmover a la sociedad brasileña. Los jóvenes asesinados por la policía comienzan a tener un nombre y un rostro, apareciendo algunas de sus fotos en un lienzo y en camisetas que llevan sus amigas. En un beco de la favela, un lienzo negro fue colgado y con letras rápidas decía ‘descansen en paz’, enumerando afectos al Indio, Cara preta, Pezao, Pé, Kako, Branco, Jonas, Digo Digo, Pato, Bigao, Apac, Jacar.
En la convocatoria a la protesta durante la tarde de ese día, Felipe Gomes, un muchacho de Jacarezinho habló ante las cámaras del canal SBT, contando la llegada del helicóptero disparando hacia comunidad, la detrucción de la copa de de agua de la favela planteando que estas operaciones no tienen otra finalidad que los muertos: “Nosotros venimos a pedir la solidaridad de todos quienes moran en la favela, que busquen de alguna forma que podamos frenar estas operaciones que no tienen otra finalidad que no sean muertos”.
Era un joven de no más de 18 años y estaba tan triste como enrabiado. Su llamado era el más sensato en un clima de odio alentado por el bolsonarismo al interior de los cuarteles, la sensación de impunidad, la conferencia de prensa de la policía usada para mandar recados, los apoyos del gobierno estadual y federal a una matanza de jóvenes inocentes, una prensa cómplice y una legión de seguidores cavernarios de youtubers policiales. El chico reclamaba que “nosotros buscamos un nivel de inteligencia de parte de la seguridad pública de Río de Janeiro que no pase porque nuestros niños y nosotros presenciemos escenas de guerra dentro de nuestras comunidades”.
Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano
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