Asociaciones gremiales del Poder Judicial iniciaron “jornada de reflexión en protesta”: acusan discriminación del reajuste salarial para el sector público

Representantes de diferentes asociaciones gremiales de fiscales, defensores, magistrados y funcionarios del Poder Judicial iniciaron este lunes una jornada de reflexión en protesta, en rechazo a la discriminación del reajuste salarial del sector público en un 12%.

Cabe recordar que esta iniciativa se votará este lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Los funcionarios del sistema judicial acusaron que se les excluía del “reajuste de remuneraciones del sector público (…) No sólo representa una disminución de los salarios de los operadores del Sector Justicia, sino que constituye un afectación al Principio Independencia Judicial y autonomía del sistema de justicia”, señalaron en un comunicado firmado por nueve asociaciones del sector, citado por La Tercera.

Entre quienes se expresaron se encuentra el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, quien emplazó a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a velar por los trabajadores del Ministerio Público.

“A la asociación de fiscales nos parece que las expresiones de la ministra de Justicia, de que hay que cuidar la Fiscalía, esto va exactamente en la dirección contraria, esto golpea al Ministerio Público, no lo fortalece, no lo cuida. Por lo tanto, el llamado es particularmente la ministra de Justicia -que es la ministra del sector- a que tome cartas en el asunto y que haga gestiones para revertir esta situación”, recalcó Bravo.

De igual forma, cuestionó la decisión de Ríos de negarse a pautar una reunión con el sector, tal y como lo habían solicitado el pasado viernes.

“Señalaron que esto estaba concentrado en el Ministerio de Hacienda, nos reunimos el viernes en la Dirección de Presupuesto, la Dipres, y nos recibió una funcionaria de esa entidad, señalando de que no había, en definitiva, ninguna voluntad para revertir esta situación”, aseguró el persecutor.

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La propuesta del reajuste salarial contempla un alza nominal del 12% para las remuneraciones de hasta $2,2 millones.

La propuesta dejó inconformes a los persecutores públicos, puesto que -al superar el salario mínimo contemplado por el Ejecutivo- tendrán un aumento fijo de $264.000