Bolivia: el terror que persiste en las sombras

Por Denis Rogatyuk

La muerte de Orlando Gutiérrez, líder de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), pocos días después de la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales, conmocionó al movimiento sindical y socialista del país.

Gutiérrez fue considerado uno de los líderes sindicales más importantes del país sirviendo como secretario ejecutivo de una de las federaciones mineras más militantes, así como un organizador clave de la resistencia contra el régimen de Jeanine Áñez. Durante los primeros días del golpe —tras las elecciones de octubre— Gutiérrez encabezó las marchas de mineros armados con dinamita (símbolo tradicional de la lucha contra dictaduras y regímenes militares) hacia La Paz en defensa de la victoria de Evo Morales. Fue uno de los líderes de las protestas y bloqueos masivos de agosto de este año que casi paralizaron al país y obligaron al régimen a confirmar la fecha de las elecciones para el 18 de octubre. 

Durante la campaña electoral del MAS, jugó un papel clave en la organización del apoyo del sindicato minero y de otras organizaciones de trabajadores a Lucho Arce y al restablecimiento de la democracia. Al día siguiente de las elecciones, se informó que Gutiérrez fue atacado por un grupo de matones armados y sufrió graves heridas en la cabeza. Pasó los siguientes días en cuidados intensivos en una clínica privada, antes de fallecer el 28 de octubre, a los 36 años. Su abogada personal, Nadesha Guevara, ha informado que el dirigente sindical había estado recibiendo amenazas de muerte desde agosto de este año (por su participación en las protestas y huelgas) e incluso solicitó medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nunca fueron otorgadas. Algunas de estas amenazas se originaron en el grupo paramilitar con sede en Cochabamba, Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

El asesinato de un importante dirigente sindical, particularmente después de las elecciones, es algo sin precedentes en la historia moderna de Bolivia y marca un punto de inflexión en el nivel de violencia que la extrema derecha del país está dispuesta a emprender. El asesinato de una figura tan importante en el movimiento sindical como Gutiérrez demuestra la desesperación de la extrema derecha por evitar el regreso del poder popular al Gobierno y su objetivo de aterrorizar y marginar, tanto al MAS, como a las organizaciones sociales y sindicales que lo apoyan. Sin embargo, no es la primera vez que la extrema derecha asesina a un miembro de la resistencia antigolpista en el país.

La historia de la violencia

Durante sus 12 meses en el poder, el régimen de Áñez desató una ola de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Terror sancionado por el Estado a través de los diversos grupos paramilitares, persecución legal de activistas y mucho más. Las masacres de noviembre en Senkata, El Alto y Sacaba, Cochabamba, que dejaron 35 activistas muertos, fueron los ejemplos más destacados de represión estatal, junto con el encarcelamiento de varios exministros del Gobierno de Evo, intento de arresto de otros 9 exministros que tomaron refugio en la residencia del embajador de México, y el encarcelamiento de activistas y funcionarios del MAS, como Patricia Hermosa (quien sufrió un aborto espontáneo en prisión), exjefa de gabinete de comunicaciones de Evo Morales. Otras detenciones y encarcelamientos destacados han incluido a los dirigentes sindicales y comités vecinales de El Alto, como Jesús Vera, de FEJUVE, así como los intentos de aprehender a los dirigentes sindicales Juan Carlos Huarachi, de la Central Obrera Boliviana (COB); Andrónico Rodríguez, el vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba; y Leonardo Loza, del sindicato de trabajadores rurales CSCIOB. Periodistas como René Huarachi, de la emisora de radio y televisión Bartolina Sisa, también fueron secuestrados y torturados por las fuerzas de seguridad en marzo.

Si bien el aparato de seguridad del régimen se diseñó para crear un clima de miedo y represión, los grupos paramilitares sancionados por el Estado fueron responsables de la mayoría de las acciones violentas contra los activistas y simpatizantes del MAS en el terreno, además de generar intimidación y amenazas en línea.

El más destacado de estos grupos, el RJC, es el encabezado por Yassir Molino, y se activó por primera vez en la semana siguiente a las elecciones generales de octubre de 2019. Este, junto con otros grupos anti-MAS, procedió a levantar bloqueos, ataques e incendió edificios públicos, como el edificio del tribunal electoral en Cochabamba, y apoyó activamente el motín policial y el golpe militar que derrocó el Gobierno de Morales. Desde noviembre de 2019 hasta octubre de 2020, el grupo se ha involucrado en una amplia gama de otras acciones. Estos incluyen, pero no se limitan a:

-Ayudar a las fuerzas policiales y militares a reprimir las protestas antigolpistas en Cochabamba el 11 de noviembre de 2019.
-Atacar a mujeres indígenas en plazas y espacios públicos de la ciudad de Cochabamba.
-Acabar y agredir a los manifestantes en la localidad de K’ara K’ara, Cochabamba, durante la crisis de alimentos y agua provocada por la mala gestión del Gobierno.
-Atacar la sede del Gobierno regional de Cochabamba, así como acosar a la gobernadora del MAS de la provincia, Esther Soria.
-Atacar a los manifestantes obreros y campesinos en las zonas rurales de Cochabamba durante el mes de agosto e intentar desmantelar las barricadas viales levantadas por ellos.
-Atacar y dañar los edificios públicos pertenecientes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la capital administrativa de Sucre, Bolivia, así como construir barricadas en llamas a su alrededor.
-Atacar los convoyes de campaña del MAS en varias ocasiones durante el período septiembre-octubre de campaña electoral.

El otro grupo paramilitar prominente en cuestión, la Unión Juvenil Crucenista (UJC), es una organización más antigua y tiene sus orígenes en el movimiento político falangista del país, como se evidencia en sus lemas y en los gestos con las manos: todavía realizan el «Saludo Romano» de las organizaciones fascistas y nazis de todo el mundo. La organización también está fuertemente influenciada por las secciones fundamentalistas de las iglesias católica y evangelista y ha jugado un papel histórico tanto en el movimiento separatista de Santa Cruz como en los intentos fallidos anteriores de derrocar el Gobierno de Evo Morales, durante el período 2008-2009. Sus acciones y tácticas son paralelas a las del RJC, aunque la UJC cuenta con un grupo de apoyo mucho mayor en Santa Cruz, así como con el respaldo financiero de la clase terrateniente ultraconservadora de la región. Luis Fernando Camacho, uno de los líderes del golpe de 2019, y Branko Marinkovic, una de las figuras clave del movimiento separatista 2008-09, han sido, en el pasado, líderes de la organización.

Varias organizaciones más pequeñas también operan en la ciudad y en la región de La Paz. El Grupo La Resistencia, que se ha involucrado principalmente en protestas y bloqueos, así como en hostigamiento a simpatizantes del MAS. El grupo Valkyria es otra organización que atacó violentamente las oficinas de la Defensoría del Pueblo en La Paz debido a sus constantes críticas a los abusos a los derechos humanos del régimen de Áñez.

Estos grupos han perdido gran parte de su impulso, confianza y poder organizativo desde la victoria del MAS el 18 de octubre, probablemente debido a la pérdida de apoyo del régimen saliente de Áñez. Sin embargo, se han mantenido activos en las protestas desde entonces, exigiendo que se descarten los resultados de las elecciones, que tanto militares en activo como retirados intervengan en el proceso de transición e instalen una dictadura cívico-militar similar a la de Hugo Bázner y Luis García Mesa. 

La ultraderecha boliviana se reorganiza

Una vez que se conocieron los resultados finales, la reacción de los opositores del MAS ha estado en línea con la reacción de la derecha a las victorias electorales de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda: negación, histeria, reclamo de fraude y demanda de una intervención militar. Si bien los principales líderes de la oposición, con la excepción de Luis Fernando Camacho, han reconocido el resultado final de las elecciones, no se puede decir lo mismo de los diversos grupos civiles y paramilitares que han apoyado el golpe.

El más destacado de la organización es el Comité Cívico Pro Santa Cruz o Comité Cívico de Santa Cruz (SCZ) y su líder, Rómulo Calvo. Calvo, quien se hizo conocido en agosto de este año por llamar a los manifestantes antigolpistas «bestias humanas» que «muerden la mano que les da de comer», sucedió a Fernando Camacho como presidente del comité después de que el primero iniciara su campaña presidencial. Siguiendo los pasos de su predecesor, él y el comité han estado llamando a protestas contra la validez de las elecciones y el nuevo Gobierno del MAS. Las protestas en el resto del país han seguido un patrón similar, con bloqueos de carreteras y mensajes y demandas similares, y las de Cochabamba también están siendo reforzadas por el RJC.

Sin embargo, a diferencia de las protestas que se organizaron entre fines de octubre y principios de noviembre de 2019, estas carecen del respaldo de Estados Unidos, la OEA, así como de la presencia de la policía y las fuerzas armadas en sus filas. Aunque hasta ahora ninguna figura importante de la policía o el ejército ha respaldado las protestas, varios políticos y figuras militares retiradas han respaldado los llamamientos a un Gobierno militar. Algunos de ellos incluyen al legislador de extrema derecha de Santa Cruz, Ronaldo Descarpontriez; y al militar retirado Jorge Santiestevan. Los manifestantes también han estado instalando un campamento fuera de los cuarteles y bases militares de todo el país (principalmente en Santa Cruz), exigiendo la intervención del ejército.

Además de plantear falsas acusaciones de fraude, el bloque anti-MAS también ha centrado sus energías en otra medida implementada por los legisladores del MAS antes del traspaso del poder. El 28 de octubre, los diputados salientes de la Asamblea Plurinacional y el Senado aprobaron las medidas para eliminar la mayoría de dos tercios requerida para aprobar 11 medidas diferentes, entre ellas, la capacidad del legislativo para degradar y procesar a miembros de la policía y las fuerzas armadas por delitos perpetrados por el régimen de Áñez. Los dos principales candidatos de derecha en las elecciones de 2020, Carlos Mesa y Fernando Camacho, junto con los medios privados del país han calificado (irónicamente) esta medida de autoritaria y apoyado las protestas en su contra. El Comité Cívico de Santa Cruz y su líder, Rómulo Calvo, también han venido apoyando estas acciones.

ONG que apoyaron un «Cambio de Régimen» siguen activas en Bolivia

Otro grupo que ha aparecido de manera destacada en las nuevas protestas es una ONG financiada por Estados Unidos, Rios de Pie (Standing Rivers). De julio a septiembre de 2019, llevó a cabo una intensa campaña en las redes sociales #SOSBolivia con el fin de «aplacar» la presidencia de Evo Morales por los fuegos que asolaron la región de Chiquitania en Santa Cruz. La organización también jugó un papel destacado en la legitimación del golpe y el Gobierno de Jeanine Añez, así como de la violencia perpetrada por ella. Curiosamente, a pesar de su perspectiva «ambientalista», el grupo ha estado casi completamente ausente en cualquier esfuerzo por contener los incendios forestales masivos que asolaron Santa Cruz durante 2020 (incluso más grandes que los de 2019), y en cambio ha centrado sus esfuerzos en intentar deslegitimar los resultados de las elecciones de 2020 y protestar contra las medidas legislativas del MAS.

El grupo está dirigido por Jhannise Vaca Daza, una graduada de la Harvard Kennedy School que cuenta entre sus exalumnos a personas como el líder golpista de extrema derecha venezolano Leopoldo López y el economista neoliberal Ricardo Hausmann. Sin embargo, el currículum de Daza es más impresionante que su historial académico. Entre las organizaciones para las que ha trabajado se encuentran la Human Rights Foundation (fundada por el primo libertario de Leopoldo López, Thor Halvorssen), el Centro para Estrategias y Acciones No Violentas Aplicadas o CANVAS, financiado por NED, y la más destacada de todas, Red Atlas. Esta última organización está compuesta por movimientos políticos de derecha, libertarios y de extrema derecha de todo el mundo, y se ha vinculado a la creación de cientos de miles de cuentas falsas en las redes sociales con el propósito de apoyar a regímenes de derecha (como en el caso de Bolivia) desestabilizar Gobiernos de izquierda, como los de Venezuela y Nicaragua, o intentar intervenir en los procesos electorales del lado de la extrema derecha, como fue el caso del plebiscito nacional chileno del 25 de octubre de 2020. Uno de los patrocinadores y financiadores más destacados de la organización es el ex primer ministro de derecha de España, José Maria Aznar. Además, se convirtió en una de las voceras clave del proceso golpista en Bolivia, presentándose durante la reunión de la OEA el 14 de diciembre y descartando la existencia de un “golpe” en Bolivia o las masacres ocurridas durante noviembre.

Por último, pero no menos importante, al igual que sus contrapartes en la UJC, ha mantenido puntos de vista de la supremacía blanca, llegando incluso a decir «nunca pensé que diría esto, pero estoy de acuerdo con Hitler», en un tuit publicado en 2012. Estas opiniones parecen haber pasado desapercibidas tanto para sus partidarios como para sus detractores. Es probable que desempeñe un papel importante en cualquier movimiento de protesta anti-MAS y antiindígena en el futuro, así como en cualquier intento, en curso, de cambio de régimen en el país.

Conclusión

La victoria electoral del MAS ha revitalizado la lucha anticapitalista y antiimperialista en la región, además de ayudar a romper el ciclo de golpes de Estado, victorias electorales de la derecha y el regreso del neoliberalismo. Sin embargo, esta victoria podría ser agria y de corta duración si los peligros de la violenta oposición de derecha en el país no se reconocen y se tratan adecuadamente. Los próximos cinco años verán una batalla larga y prolongada entre el Gobierno socialista elegido democráticamente de Lucho Arce y David Choquehuanca, y la oposición de extrema derecha opuesta a la mera idea de ser gobernada por una mayoría plurinacional. La izquierda internacional debe estar inequívocamente del lado del Movimiento al Socialismo.