¿Chipe libre a la industria salmonera? Revelan intervencionismo empresarial en Chile y Argentina contra derechos ambientales e indígenas

Presiones de  la industria salmonera por expansión en Chile y Argentina: El lobby empresarial contra leyes ambientales e indígenas

El crecimiento de la industria salmonera en Chile enfrenta una encrucijada: busca intensificar su expansión en la región de Magallanes. Esto, porque las ictiopatologías virales, bacterianas y parasitarias introducidas por la propia actividad en Los Lagos y Aysén —según denuncian comunidades y científicos— han generado un colapso sanitario y ambiental con altísimos costos, obligándola a migrar hacia nuevos entornos sanos. Dicha crisis, sustentada en reportajes de medios como el portal Noticias Ambientales a nivel internacional, evidencia los riesgos de la industria.

Allí, destaca las expresiones de Leticia Caro, parte de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, denuncia con fuerza la situación: “Cuando miramos el panorama general del avance de una industria con nula fiscalización, que modifica sus cifras a diestra y siniestra, que se beneficia de la poca legislación que existe, y ahora pretende derrocar los derechos indígenas, me parece una falta de respeto grave a las múltiples comunidades originarias. A punta de amenazas y sin siquiera tener estudios ambientales propicios, es avanzar hacia el enriquecimiento de unos pocos, sin medir las consecuencias de una industria gravemente contaminante”.

El objetivo de esta expansión, según se denuncia, es la región de Magallanes, que alberga el mayor número de áreas naturales protegidas de Chile. Sus paisajes únicos, conformados por glaciares, lagos, ríos y mares alimentados por nieves permanentes, resguardan una invaluable variedad de especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.

Desde Argentina, Antonela Guevara, la primera abogada del pueblo Selk´nam de Tierra del Fuego y líder comunitaria local, alerta la publicación internacional en Ladera Sur, sobre las tácticas de la industria: “hay un lobby muy intenso planteando a la salmonicultura como la salvación, cuando está probado que es una industria que destruye la naturaleza y además afecta a muchas otras industrias locales. Hay grupos interesados que instalan discursos confusos en los medios locales y quieren influir en la comisión”.

La referencia de Guevara apunta directamente a los intentos por modificar la Ley 1355 de Argentina. En junio de 2021, la legislatura fueguina aprobó por unanimidad este proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura en las aguas de Tierra del Fuego, actividad reconocida como una amenaza no solo al medioambiente, sino también a la salud y la economía provincial. Esta ley posicionó a la Argentina como el primer país del mundo en tomar una decisión de tal magnitud para proteger sus ecosistemas marinos.

Sobre estos intentos de modificación, Adrián Schiavini, científico del CONICET, profesor de la UNTDF e investigador de Wildlife Conservation Society, resalta Noticias Ambientales, sostiene con claridad: “esta propuesta para modificar la ley parece un nuevo intento de querer avanzar con un modelo productivo contaminante que ya dejó zonas muertas en Chile y que busca nuevos lugares para seguir produciendo salmones en nuestras aguas, un producto caro que no resuelve el hambre porque es para pocos y con poca generación de empleos”.

El antropólogo investigador del CONICET Ernesto Piana enfatizó el sólido origen y respaldo de la ley vigente: “la ley vigente es fruto de más de tres años de trabajo. En la investigación de los legisladores se convocó a científicos, ONGs, productores, pescadores, comunidad en general, se averiguó en el extranjero. Hubo una investigación muy extensa y paralelamente, hubo un movimiento binacional, junto con Chile. Si en el ’78 casi entramos en guerra, el rechazo a las salmoneras y la protección de las aguas fueguinas nos encontró unidos”.

«No pueden tener Chile Libre”

Juan Carlos Viveros, de la campaña Defendamos Patagonia, contextualiza la lucha en una crisis global: “en medio de una emergencia planetaria de contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático este tipo de industrias no puede tener “chipe libre” para instalarse donde apetezcan. Es precisamente ese “desordenamiento territorial” el que aprovechan, a través de un lobby gigantesco, para ir tras sus estrategias de crecimiento. En ello pasan a llevar a las personas, las comunidades, las culturas, los ecosistemas incluso las áreas protegidas del Estado que no debieran tener ningún tipo de actividad industrial contaminante”.

Finalmente, Viveros hace un llamado contundente y aclara un punto crucial: “Desde el archipiélago de CHILOÉ cuna de la industria y desde la Patagonia, llamamos al pueblo argentino a conservar su ley 1355. Una ley que ha sido un ejemplo mundial”. Y agrega: “Dejar claro que es falso que la industria no pueda instalarse en argentina. La ley prohíbe en sus aguas, es decir, que en tierra si podrían hacerlo y con ello reducir fuertemente sus impactos al mínimo. No lo hacen porque al cultivar en el agua, no pagan los costos de sus daños”.