Clausuran C5N en Buenos Aires

La clausura de dependencias del canal de cable C5N, dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Mauricio Macri, provocó duras críticas por parte de dirigentes políticos, quienes alertaron acerca de los ataques contra la libertad de expresión.

Clausuran C5N en Buenos Aires

Autor: Lucio V. Pinedo

Los responsables del canal C5N denunciaron que el gobierno porteño procedió a la clausura preventiva de un galpón, donde la empresa guarda sus equipos móviles, en el barrio de Palermo, y planteó que la decisión es «un nuevo intento por silenciar la señal de noticias». Poco después, y según trascendió el hecho, se retiraron la fajas de «clausura».

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La acción fue efectuada por la Agencia Gubernamental de Control (AGC), dependiente de Mauricio Macri, el líder del PRO. Al tomar esta medida, se violó el decreto que motivó justamente Macri, en el año 2013 (según se ha opinado en su momento, impulsado con el fin de resguardar, principalmente, los intereses del Grupo Clarín, luego que la Corte Suprema de Justicia decretara la constitucionalidad de la Ley de Medios).

«Lo que pretenden clausurar está prohibido por la ley que ellos mismos sancionaron», dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Además, el candidato a Jefe de Gobierno del Frente para la Victoria sostuvo que esta resolución fue ejecutada por las fuerzas dirigidas por Macri, como «represalia» a C5N.

Según se podría inferir, la clausura busca intimidar, debido a información que el canal hizo conocer sobre Niembro y el PRO. Por su parte, el Grupo Indalo (al cual pertenece el canal afectado), de Cristóbal López, denunció que Macri quiere sacarlos del aire.

Los principales periodistas políticos de C5N, como Gustavo Sylvestre y Roberto Navarro, acusaron al macrismo de buscar «amordazar» y cercenar la libertad de expresión. Sin embargo, desde la transmisión evitaron comunicar las causas legales de la clausura.

Al respecto, también realizaron declaraciones los ministros de Defensa (Agustín Rossi), de Trabajo (Carlos Tomada), de Economía (Axel Kicillof) y de Justicia (Julio Alak). Todos ellos repudiaron el accionar y lo tildaron de «autoritario». También legisladores nacionales y titulares de organismos como el AFSCA y ANSES expresaron su disconformidad. Es decir, con mayor o menor oportunismo, todos los dirigentes oficialistas aprovecharon la ocasión para levantar la voz contra el principal contrincante por la presidencia en la elecciones próximas.

El candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, sostuvo que «la libertad de expresión es un pilar de la democracia», y remarcó: «siento indignación, es una etapa de censura que no quiero vivir más en Argentina». «Esta acción contra C5N tiene que ver con una secuencia de hechos que se inició con la deslegitimación de la elección de Tucumán, porque cuando la gente no vota como quieren ellos, o cuando un medio no informa como quieren, pasan estas cosas», señaló.

Tras siete horas de clausura, inspectores del Gobierno porteño se presentaron en la puerta del canal para anunciar que el cierre del galpón de móviles quedaba sin efecto. Por su parte, desde el gobierno de la Ciudad, a través del legislador Cristian Ritondo, señalaron que se trató «de un error administrativo».

Ley 4565

Entre los artículos del decreto del 2013 violados, se cuenta, por ejemplo, el número 25, que expresa que «Las instalaciones de medios de comunicación ubicadas en el territorio de la Ciudad necesarias para la difusión de expresiones, informaciones, opiniones o ideas, mediante cualquier soporte o modalidad no podrán ser clausuradas ni sus equipos decomisados por la administración pública salvo mediante orden judicial que se encuentre firme».

Otro artículo violado, el número 13, sostiene que «la Ciudad no podrá dictar actos administrativos que, directa o indirectamente, afecten las libertades de imprenta, prensa y expresión tuteladas por la Constitución Nacional».

Asimismo, el artículo 15 indica que «no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien en la Ciudad ni la de los medios de comunicación que en ella tengan su domicilio o instalaciones, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de información, opiniones o ideas, si no fuere por orden judicial de tribunal competente, en virtud de sentencia firme».


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