Congreso de España aprueba reforma laboral por un margen muy limitado y gracias a un error

Este jueves 3 de febrero, el Congreso de los Diputados de España ha aprobado la reforma laboral que deroga los aspectos más dañinos para los trabajadores introducidos por la anterior normativa, llevada a cabo por el Gobierno conservador del Partido Popular (PP) en 2012. 

La iniciativa ha salido adelante por un margen muy limitado, con 175 votos a favor y 174 votos en contra, y gracias a que un político del PP se ha equivocado en su voto. La sesión ha constatado también la división de la izquierda, ya que algunos partidos que apoyaron la investidura del presidente, Pedro Sánchez, votaron en contra mientras algunos partidos conservadores minoritarios respaldaron el cambio.

Se han posicionado a favor de la reforma el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP) –los dos socios del Gobierno de coalición–, Ciudadanos, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias (NC), Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC), Partido Democrático de Catalunya (PDeCat) y Compromís, además del diputado conservador que se equivocó en su voto. 

En contra ha tenido los votos del principal partido de la oposición, el PP, así como del ultraderechista Vox, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu, Junts, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Foro Asturias, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y un parlamentario díscolo de Ciudadanos. Además, los dos diputados de Unión de Pueblo Navarro (UPN), que en principio iban a votar a favor de la reforma tras un acuerdo con el Gobierno, finalmente han roto la disciplina del partido. 

Además de estos sobresaltos, se ha vivido un momento confuso después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, declarase derogado el real decreto por una mala interpretación de los votos presenciales y los telemáticos. Segundos después, y tras una revisión de la mesa, ha vuelto a tomar la palabra: «Los servicios de la cámara me informan que queda aprobado el real decreto ley».

Por otro lado, la división latente en el Hemiciclo no responde a la unanimidad con la que se ha alcanzado el acuerdo para la reforma, que ha conseguido el visto bueno del Gobierno, de los sindicatos mayoritarios de implantación nacional y de las organizaciones representantes de la patronal, tras meses de arduas negociaciones, en un texto considerado histórico por muchas voces.

Sus detractores en la Cámara se dividen entre los contrarios a cualquier tipo de reforma porque defienden las virtudes de la actual normativa –el caso de los partidos conservadores– y quienes se oponen por considerarla totalmente insuficiente –los partidos progresistas–.

Algunos de los cambios

Los impulsores de la reforma laboral destacan alrededor de una decena de avances que introduce la nueva legislación, poniendo el foco en la eliminación de la precariedad en el mercado laboral español.

En este sentido, la nueva normativa elimina los contratos por obra y servicio. Desde el Gobierno se defiende que esta medida pondrá fin a la precariedad laboral, al hacer del contrato indefinido la norma y dejar los contratos temporales solo para los casos en los que exista causa justificada.

Además, se penalizarán los contratos de muy corta duración, aquellos de menos de un mes, que tendrán que soportar una mayor cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, se sancionará con multas la contratación temporal irregular, de manera que se entenderá como estructural un puesto de trabajo que haya sido ocupado por figuras temporales durante más de un año y medio, por lo que el empleado que ocupe ese puesto adquirirá la condición de trabajador indefinido.

Otro de los avances que se destacan es el fortalecimiento de los sindicatos en la negociación laboral. Así, el convenio sectorial prevalecerá frente al de empresa en materia salarial. Aunque el logro más alabado en este sentido es el establecimiento de la ultraactividad, que se recoge como derecho. De esta manera el convenio caducado continuará vigente hasta que se produzca su renovación, cambiando la situación actual en la que las empresas no tenían ningún incentivo para negociar, puesto que al caducar los convenios, los trabajadores podían perder todas las mejoras logradas con ellos.

Fuente: RT.