Decenas de infracciones en Patagonia: Revelan favores estatales a salmoneras en gobiernos de Piñera y Boric

El perdonazo salmonero: Estudio revela cómo en los gobiernos de Piñera y Boric se realizaron operaciones a favor de empresas salmoneras

Fuente: Investigación de Maximiliano Bazán / Fundación Terram, publicada en CIPER Chile (Parte 1 y Parte 2 del 08.08.2025)

Una investigación de Fundación Terram, liderada por Maximiliano Bazán y publicada en CIPER Chile, expone cómo los gobiernos de Sebastián Piñera (2018-2022) y Gabriel Boric (2022-actual) operaron en favor de la salmonera Australis Seafood. Según revela Bazán, la empresa cometió decenas de infracciones ambientales, archivadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), pese a denuncias del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Los hallazgos incluyen concesiones irregulares en áreas protegidas y planes para engañar a autoridades (Leer Parte 1).

Durante el segundo gobierno de Piñera, Australis obtuvo cinco concesiones en la Reserva Nacional Kawésqar (Magallanes) en solo 52 días, mientras otras empresas esperaban 1.384 días. «Esta brecha evidencia trato preferencial», señala Bazán (Fundación Terram/CIPER). Tres de estas concesiones se lograron tras un acuerdo con la comunidad kawésqar Aswal Lajep, mediado por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca). Pese a ubicarse en un área protegida, se evaluaron con Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), evitando estudios rigurosos y participación ciudadana obligatoria.

Sobreproducción impune

La investigación identifica 30 casos de sobreproducción de salmones (2013-2023) que prescribieron sin sanción: 21 bajo Piñera, 7 en el segundo gobierno de Bachelet y 2 con Boric.

Según correos internos de Australis (citados por Bazán), la SMA bajo Cristóbal de la Maza adoptó una «decisión política de frenar sanciones». Estos excesos generaron ganancias estimadas en USD $59-89 millones para la empresa. La SMA archivó incluso casos denunciados por Sernapesca (Leer Parte 1).

En 2022, Australis se autodenunció por 48 casos de sobreproducción. El reglamento de la SMA permite eximir multas en autodenuncias, pero, como advierte Bazán (Fundación Terram/CIPER), aplicarlo globalmente sería un «perdonazo». 26 casos ya tenían denuncias de Sernapesca, lo que invalida el beneficio según el artículo 14 del reglamento. «La pregunta es si corresponde atenuar sanciones cuando hubo intervención política previa», cuestiona el investigador.

Compensaciones ficticias y aumento de producciones ilegales

Correos internos (revelados en la investigación) muestran que Australis diseñó planes para «compensar» excesos en concesiones no productivas. Ejemplo: el centro Costa sobreprodujo 3.560 toneladas en dos ciclos, pero la SMA aprobó compensar en «Patranca» (nunca operado). Lo mismo ocurrió con Córdova 3: su exceso de 3.661 toneladas se «compensó» en Córdova 6 (inactivo). «Fue un negocio redondo: evitaron multas y clausuras», destaca Bazán (Fundación Terram/CIPER).

El gobierno de Piñera aprobó aumentos de biomasa para centros como Isla Canalad y Obstrucción, pese a que ambos incumplían sus permisos ambientales. En Obstrucción, se autorizó un alza de 5.140 a 7.500 toneladas mientras registraba 1.998 toneladas de exceso. El Tribunal Ambiental anuló luego la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por «deficiente evaluación». Bazán revela que estos trámites se planificaron para eludir futuras sanciones por sobreproducción (Leer Parte 1).

Concesiones fantasmas e hipotecadas

De las 96 concesiones de Australis, 30 nunca produjeron salmones ni generaron empleo, pero se mantienen vigentes como activos financieros. La SSFFAA (Subsecretaría para las Fuerzas Armadas) evitó su caducidad usando ampliaciones de plazo por «fuerza mayor» durante la pandemia, pese a que la industria operó normalmente.

Bazán en la publicación de Fundación Terram/CIPER, detalla que 29 de estas concesiones «improductivas» fueron hipotecadas al Bank of China como garantía de un préstamo de USD $450 millones (Leer Parte 2).

Áreas protegidas

Australis mantiene 26 nuevas concesiones en trámite, 13 dentro de reservas nacionales (Kawésqar, Las Guaitecas). La investigación cuestiona la inacción de la SSFFAA y la Subpesca, que permiten modificar proyectos técnicos para incluir cultivo de algas y eludir caducidad. «Estas concesiones no son productivas, son especulativas: capturan bienes públicos para créditos», concluye Bazán. Fundación Terram exige auditorías y sanciones a funcionarios involucrados (Leer Parte 2).

 [Leer reportajes completos: Parte 1 y Parte 2 en CIPER Chile].