Declaran culpable a tres ejecutivos de ENAP por caso de contaminación

El caso Crudo Iraní investigó la trasvasije de parte del petróleo altamente tóxico en Talcahuano, donde en agosto de 2018 se produjo la primera emergencia ambiental, así como la segunda en Valparaíso, con cientos de personas atendidas en centros de salud de la zona a raíz de la contaminación generada.

Por Leonardo Buitrago

10/03/2023

Publicado en

Actualidad / Chile / Medio Ambiente

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El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró este viernes culpable a tres ejecutivos de ENAP en Valparaíso, por delitos medioambientales en el caso conocido como Crudo Iraní.

Por su parte, otros tres ejecutivos y funcionarios de la refinería Bío Bío, imputados también en este caso, fueron absueltos, refiere Bío Bío.

Se prevé que la lectura de la condena para los tres ejecutivos del ENAP se lleve a cabo el próximo 9 de mayo.

En concreto, se condenó a Edmundo Piraíno, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana por el delito de manejo de residuos peligrosos, no obstante, fueron absueltos por el delito relacionado al efecto dañino a la salud de los animales, así como a la salud vegetal.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió, el año pasado, penas por debajo a las solicitadas por el Ministerio Público y otros querellantes en contra de de los ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), acusados como responsables de delitos ambientales en el denominado Caso Crudo Iraní.

El caso Crudo Iraní investigó la trasvasije de parte del petróleo altamente tóxico en Talcahuano, donde en agosto de 2018 se produjo la primera emergencia ambiental, así como la segunda en Valparaíso, con cientos de personas atendidas en centros de salud de la zona a raíz de la contaminación generada.

El Consejo de Defensa del Estado, a través de un escrito de 172 páginas ingresado al Juzgado de Garantía, estimó en 3 años y un día de cárcel la sanción que deben recibir los ejecutivos de la Refinería de Concón por el episodio de contaminación vivido en Quintero, Puchuncaví y Ventanas.

La pena a la que apela el CDE está bastante por debajo de los cinco años de presidio solicitados por la Fiscalía y otros querellantes, como la propia Municipalidad de Quintero.

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