Directora del INDH emite declaración sobre actual situación de seguridad

“El crimen organizado está asociado al tráfico de drogas y también al tráfico y la trata de personas, lo que afecta los derechos de todos y muy en especial de mujeres y de niñas, niños y adolescentes”.

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La directora del INDH hizo un llamado a todos los poderes y organismos del Estado a legislar y también a actuar según estándares de derechos humanos

Compartimos a continuación, declaración pública:

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, da a conocer sus apreciaciones sobre la actual situación.

1. Como INDH expresamos nuestra profunda preocupación por la crisis de seguridad que atraviesa el país, que se ha visto expuesta en hechos cuya violencia se ha intensificado a niveles que hace décadas no se apreciaban en Chile.

2. La seguridad es un derecho humano del cual todos somos titulares. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 instaura que todos tenemos el derecho a la libertad y a la seguridad personal. El Estado tiene el deber de protegerlo y garantizarlo.

3. El INDH viene alertando sobre la situación que enfrentan las zonas urbanas. El Informe Anual 2021 destinó un capítulo a los barrios críticos y recomendó al Poder Ejecutivo adecuar sus planes de intervención, de modo que el énfasis punitivo y de seguridad se inserte en una visión basada en un enfoque de derechos, con un marco que cumpla estándares internacionales de integración territorial y goce de garantías fundamentales.

4. Los recientes homicidios de Carabineros, así como las lesiones graves que algunos de ellos han sufrido en el desarrollo de su misión, nos plantea además otra urgencia. Con premura no sólo se debe legislar en torno a las atribuciones de las policías, sino entregarles el material necesario para su labor. Deben tener condiciones laborales, herramientas de seguridad y formación adecuadas para enfrentar a los infractores de la ley y a las nuevas formas de comisión de delitos.

5. El crimen organizado está asociado al tráfico de drogas y también al tráfico y la trata de personas, lo que afecta los derechos de todos y muy en especial de mujeres y de niñas, niños y adolescentes. Cualquier política pública destinada a abordar estos crímenes debe tener en cuenta el resguardo de las víctimas. Un sistema de seguridad democrática que dé cuenta de estos fenómenos debe construirse respetando y garantizando los derechos humanos.

6. Llamamos a todos los poderes y organismos del Estado a legislar y también a actuar según estándares de derechos humanos, de modo de proteger no sólo a las personas, sino a quienes tienen el monopolio de la fuerza por mandato de las leyes. Por ello se hace urgente convertir en ley las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), materia que desde hace años ha venido pidiendo el INDH.

7. La diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado de Naturaleza es que cuando surge la violencia el primero responde con las herramientas de la democracia y la ley, procurando que prevalezcan la justicia y la paz. Al mismo tiempo, lo hace con los aportes de todas las fuerzas políticas, preservando la unidad de la sociedad.

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