El prontuario social y ambiental de las grandes empresas de la industria forestal: CMPC y Arauco

En febrero del año 2017, 110 organizaciones sociales pedían fin al modelo forestal y denunciaban responsabilidad empresarial en catástrofes.

Señalaban: “Creemos que la catástrofe que enfrenta el País a causa de la devastación por incendios en el centro sur de Chile, tiene como principal responsabilidad al modelo industrial forestal de monocultivos de árboles sostenido por el oligopolio de empresas, bajo el proteccionismo y promoción del estado de Chile, cuya expansión e invasión ha sido mayoritariamente a través de especies como pinos y eucaliptus, con tres millones de hectáreas de plantaciones, generando en múltiples localidades graves consecuencias, tales como: crisis hídrica, resequedad, empobrecimiento de territorios, desplazamiento de población rural, pérdida de soberanía alimentaria, perdida de bosques nativos, de flora y fauna, de ecosistemas, de humedales y la proliferación de numerosos focos de incendios a causa de sus composiciones y efectos, mientras sus sostenedores, son multimillonarios grupos económicos que además han obtenido suculentos beneficios otorgados con fondos fiscales por más de 40 años, desde una política pública exclusiva a favor de dos grupos económicos (Matte y Angelini) junto a la implementación del Decreto Ley 701, instrumento fáctico que si bien no se ha prorrogado, se mantiene en status quo al interior del Congreso con un proyecto de Ley desde el 2015”.

También agregaban: “Hacemos un llamado a los responsables del poder político estatal a terminar con el modelo forestal, nos está llevando a todos y a todas a un precipicio, cuyo debacle ha venido en aumento progresivo en medio de la inoperancia de las instituciones públicas y en medio del clientelismo político y redes de corrupción generada por los grupos económicos forestales. Son miles de millones de pesos del Fisco que se destinan anualmente para los intereses de los principales grupos económicos del País, tales como: costos de producción, investigación científica en universidades públicas, brigadistas Conaf para apagar sus incendios, fuerzas públicas para resguardar sus predios, mejoras viales ante la destrucción de caminos causada por alto tráfico de camiones que llevan las cosechas, anexos de tierras de campesinos y comunidades a sus intereses, distribución miles de litros de agua a zonas con crisis hídrica ubicadas en las de mayor concentración forestal, desarrollo de biotecnología para mejorar especies más resistentes a los cambios climáticos como zonas cordilleranas o para mayor succión de napas subterráneas. A esto se agrega la mantención de instituciones públicas a su haber como INFOR, como también estudios de mercados y acuerdos comerciales para mejorar sus exportaciones. Este saqueo estatal no puede seguir”.

De las tres millones de hectáreas señaladas de concentración forestal en el centro sur de Chile, unas dos millones son acaparadas para fines forestales por los principales grupos económicos: CMPC  del grupo Matte y Arauco – Celco del grupo Angelini.

A continuación, algunos registros sobre sus prontuarios sociales y ambientales, respectivamente:

1.-FORESTAL CELULOSA ARAUCO – CELCO DE ANGELINI

Arauco es una empresa forestal y celulosa perteneciente al grupo Angelini. El holding es uno de los más ricos del país, y tanto su cabecera, Roberto Angelini Rossi, como su hermana, Patricia Angelini Rossi, figuraron en la lista de millonarios que aumentaron sus fortunas durante la pandemia según la revista Forbes.

La huella socioambiental de Arauco

La empresa del Grupo Angelini acarrea un largo historial de conflictos socioambientales y territoriales debido al impacto de sus diversas áreas de actividades productivas en distintos sectores del país.

En 2004 ocurrió una muerte masiva de cisnes de cuello negro en el Río Cruces, en Valdivia, como consecuencia de la contaminación de la planta Celulosa Arauco Constitución (Celco). A mediados del 2004, la población estimada de cisnes de cuello negro en el Santuario Natural Carlos Anwandter, donde se ubica el río, era de seis mil ejemplares. En 2005, la Conaf estimó la población de cisnes en unos 500 ejemplares. 

Las acciones de la empresa de Angelini provocaron una disminución de aproximadamente 74% de la población de cisnes de cuello negro, y tomó casi una década en poder recuperar la cantidad de ejemplares de esta especie en el Santuario Natural Carlos Anwandter. 

El episodio del 2004 no ha sido el único en que esta planta de celulosa fue acusada de contaminar el Río Cruces. Diez años más tarde, Celulosa Arauco derramó 27,1 metros cúbicos de desechos -específicamente de licor verde, que es una mezcla de agua y un subproducto de la industria papelera denominado licor negro- en el torrente del río, provocando la muerte de más de dos mil peces, entre ellos, especies protegidas y en peligro de extinción. Debido a esto, cinco ejecutivos de la planta celulosa del grupo Angelini fueron formalizados.

Durante el pasado 2020, la Superintendencia de Medioambiente exigió a la misma planta celulosa Celco un reporte de sus emisiones y de la calidad del agua tras detectar, nuevamente, graves afectaciones al río: el luchecillo, fuente de alimento del cisne de cuello negro, desapareció en casi 80 kilómetros de la rivera del río. Además, el agua estaba turbia e investigadores encontraron altas concentraciones de sólidos particulados.

Pero esta zona no es la única afectada por actividades de la empresa del grupo Angelini. Durante el mismo 2020, un apicultor de Tomé denunció que tuvo que quemar 2,5 millones de abejas contaminadas tras ser afectadas por una fumigación realizada por Arauco. Según el apicultor Roberto Montero, la empresa papelera no dio el aviso legal de la fumigación y aseguró que los insectos comenzaron a morir inmediatamente por lo que se vio en la obligación de quemar las colmenas afectadas para evitar una pérdida total.

En 2019, vecinos de la planta Horcones, de la comuna de Arauco, denunciaron ser afectados por la contaminación ambiental producida por la empresa, además de señalar la planta como la responsable del déficit de agua para regadío. La misma planta había estado en la mira por una posible contaminación que habría afectado a pescadores artesanales de Coronel y Lota, pero tanto el Tribunal Ambiental como la Corte Suprema rechazaron la demanda ingresada contra Arauco.

Fantasmas del Grupo Angelini en el financiamiento irregular de la política

Las empresas de Angelini no han tenido que enfrentar a la Justicia solo por daños ambientales. El holding estuvo involucrado hace unos años en el escándalo por el financiamiento irregular a los partidos políticos.

Según una investigación de CIPER, en 2015 cinco empresas del Grupo Angelini presentaron rectificaciones tributarias: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur (que estuvo en manos del holding hasta junio de 2013), sumando más de $2.250 millones. “La cifra ubica al Grupo Angelini como el que más dinero ilegal proporcionó a políticos, después de SQM”, recogió el medio. 

La fiscalía tuvo al holding bajo la mira, pero no pudo proceder debido a que el SII no presentó una denuncia. CIPER logró establecer que el Grupo Angelini aportó a casi todos los sectores políticos del país. Entre los pagos encontrados por el medio digital, destacan pagos realizados a una sociedad integrada por Alberto Espina (RN), otra relacionada con la esposa de Gabriel Silber (DC), a un asesor de Felipe Harboe (PPD) y a una sociedad de Petro Yaconi, quien fue recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009, entre otros.

CIPER reveló, además, que la campaña de Michelle Bachelet recibió aportes de Copec, Arauco y Cruz del Sur a través de pagos irregulares a la sociedad Asesorías y Negocios, de Giorgio Martelli: “Copec entregó $57 millones a Asesorías y Negocios entre enero de 2012 y enero de 2013; Celulosa Arauco aportó con otros $151 millones a través de ocho facturas entre enero de 2012 y marzo de 2013; mientras que el 29 de noviembre de 2012 Cruz del Sur pagó a AyN una factura por $10 millones. En total, Copec, Arauco y Cruz del Sur le entregaron $218 millones a Asesorías y Negocios”, reconstruyó el medio.

2.- CMPC – FORESTAL MININCO DEL GRUPO MATTE

El Grupo Matte, familia Matte (Eliodoro, Bernardo y Patricia), son propietarias del Holding CMPC y entre sus principales actividades económicas está la expansión de la industria forestal y de la industria de celulosa (papeleras). Algunas de sus empresas son: Empresas CMPC (55,4% de la propiedad): empresa forestal integrada, con producción de madera, celulosa, papel y otros productos industriales y de consumo masivo.

Junto Con la celulosa – papelería una de sus principales empresas es Forestal Mininco con más de 750 mil hectáreas. En energía está Colbún (49% de la propiedad), que es una de las mayores empresas de generación eléctrica de Chile. En la Banca Comercial son propietarios de Banco BICE, que además cuenta con actividades de leasing, factoring, hipotecarias y comercio exterior. También en seguros de vida, securitización, inmobiliario, inversiones.

Como parte de este modelo de industria de monocultivos de especies exóticas de pinos y eucaliptus, están las industrias de Celulosa, varias de las cuales mantienen registros de denuncias por grave contaminación. Las platas del grupo Matte CMPC son: Laja, Santa Fe, Pacífico-Mininco.

Cabe recordar que uno de los mayores casos de colusión detectados en Chile, calificado así por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), fue el caso de denuncia por concertación de precios realizada durante más de diez años entre las más grandes empresas papeleras del país: CMPC, controlada por la familia Matte y SCA., quienes representaban el 90 por ciento del mercado de papeles tissue, y sus ventas anuales sumaban alrededor de 400 millones de dólares. Fueron condenados y ratificado así por la Corte Suprema en enero del 2020.

Asimismo, existen numerosos conflictos de tierras entre comunidades Mapuche y la principal empresa forestal del holding CMPC, Forestal Mininco, varios de los cuales han tenido graves hechos de violencia, con acciones de represión, criminalización y hasta muerte de jóvenes comuneros por parte de agentes estatales.