El régimen político chileno no es representativo

Hablar en general de los últimos veinte años, obliga a referirse al traspaso desde la dictadura hasta el acto del 11 de marzo del año ‘90, en que Pinochet entrega al elegido señor Aylwin el gobierno, pero no el poder, pues continúa a cargo de la Comandancia en Jefe del Ejército y, en realidad, en […]

Por Wari

25/04/2010

Publicado en

Actualidad / Columnas

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Hablar en general de los últimos veinte años, obliga a referirse al traspaso desde la dictadura hasta el acto del 11 de marzo del año ‘90, en que Pinochet entrega al elegido señor Aylwin el gobierno, pero no el poder, pues continúa a cargo de la Comandancia en Jefe del Ejército y, en realidad, en situación de mandamás de las Fuerzas Armadas. El sistema político que se instaura no es todo lo contrario a la dictadura, sino mecanismos híbridos que mantienen todos los decretos leyes y la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet.

El panorama que podría  imaginarse antes de la fecha designada suponía que las personas que se iban a hacer cargo de las más altas funciones en Chile fueran personas de gran formato en sí mismas y en sus posiciones, respecto de la mayor ruptura histórica de Chile en toda su historia.

No ocurrió así. Las personas en las más altas funciones fueron individuos que habían demostrado históricamente su mediocridad, como el presidente de la Democracia Cristiana en los años anteriores, que fue a entenderse con el presidente Allende en agosto de 1973, movido por el espíritu de no llegar a ningún acuerdo con el Gobierno presidido por Allende (testimonio de Radomiro Tomic a fines de 1973 en París, cuando viajaba a Ginebra por su trabajo en Naciones Unidas, frente a Rafael Agustín Gumucio, Marta Rivas de Gumucio, Cecilia Echeverría de Uribe y Armando Uribe Arce -quien escribe-. Por desgracia, los otros testigos han fallecido pero, comprometo mi fe y mi palabra de que ese parecer de Tomic fue tal cual lo repito).

No tuvieron sino un mediano o mediocre formato quienes ejercieron el poder ejecutivo limitado y el Congreso. Comparando este último con el Senado en los años cincuenta, el entonces senador Ignacio Pérez Walker dijo que su idea de cómo corresponde que actúe el Senado conforme a las experiencias de su abuelo, Don Horacio Walker Larraín, constataba que ese cuerpo legislativo del cual formó parte era muy inferior al de aquella época.

Los poderes del Estado, incluyendo el judicial, ejercieron sus funciones en los primeros años de la Concertación con injustificado temor y pánico de que Pinochet y las Fuerzas Armadas reaccionaran con violencia al Chile no-dictatorial. Era imposible frente a la situación de relaciones internacionales y de una época de fin de la Guerra Fría que pudiesen, Pinochet y los suyos, aplicar la fuerza de las armas de nuevo en Chile.

Pese a las críticas de la llamada Concertación al Gobierno militar durante éste, no sólo recibieron en herencia el sistema, o más bien dicho la ideología neoliberal capitalista de mercado desregulado (o sea sin control suficiente), satisfacieron también los deseos que tenía la dictadura cuando entró en conversaciones con la Concertación, el año ‘88, con intervención de los partidos que luego formaron, después del ‘90, la Alianza por Chile (UDI, RN).

De hecho el primer Gobierno fue un co-gobierno de todas las fuerzas políticas mencionadas, en el cual se admitió la vigencia de todos los decretos leyes y de la Constitución (que el señor Aylwin, pocos años después de dictada en el ‘80, declaró que había que aceptarla “como un hecho”. ¡La principal manifestación del derecho público, que es la Constitución, debe ser considerada como un hecho!). Por ejemplo, el Decreto Ley 600, que establece para las inversiones extranjeras un contrato con el Estado de la naturaleza de los llamados “contratos leyes”, que habían sido repudiados en el Congreso nacional el año 1971. También, a partir del primer Gobierno, se abrió el país entero a las inversiones extranjeras, sobre todo a la gran minería del cobre; las cuales no se habían realizado en la dictadura por temor a la inestabilidad del régimen militar, por parte de extranjeros. Así, en el curso de los gobiernos de la Concertación y de acuerdo a la oposición RN-UDI, se han desnacionalizado los dos tercios de la producción y exportación de la gran minería del cobre chileno. Esta situación inaceptable, es un baldón que tienen los políticos que en ello han colaborado.

Los acuerdos previos al ‘90, en los años ‘88 y ‘89, entre políticos de la Concertación, la Alianza y el Gobierno de Pinochet, llevaron a que no se pudiese, por renuncia de los partidos políticos, examinar y menos alterar las privatizaciones de bienes y empresas del Estado en Chile, como tampoco las conductas con trazas de delito realizadas por Pinochet y los miembros de su gobierno.

Los siguientes tres gobiernos de la Concertación, que sin usar el nombre de democracia de los acuerdos, continuaron entendiéndose en todo lo fundamental con la oposición de la Alianza, fue la continuidad de ese mal comienzo para la democracia y los intereses públicos chilenos que había significado el período inicial de paso de la dictadura a algo que no es todavía una democracia.

Pese a las reformas constitucionales y otras, porque se han enfrentado las elecciones desde la de 1989 hasta las últimas en Chile, dos bloques de partidos políticos que coinciden plenamente en la ideología neoliberal capitalista de mercado desregulado. Pues bien, en el informe del Programa de Naciones Unidas, para el Desarrollo (PNUD) del año 2003, se hizo encuesta en cada una de las regiones del país -fue realizada por Naciones Unidas así es que es más seria que las habituales en Chile-, preguntando si los encuestados estaban de acuerdo o no con lo que la encuesta llamaba el modelo económico y financiero. Sólo el 7,3% de los encuestados de todo el país declaró que estaba de acuerdo con ese modelo y que era el único posible. Más del 90% de los encuestados en total, declaró que era un sistema que favorecía a unos pocos y perjudicaba a los demás, y que debía modificarse. Esas opiniones revelan una posición del electorado mayoritario que no ha podido manifestarse en ninguna de las elecciones políticas parlamentarias y presidenciales desde fines del ‘89 hasta ahora. Esto demuestra que el régimen político chileno no es representativo.

Se puede sostener que ha habido variaciones respecto del régimen dictatorial. Por cierto.

Las violaciones a los derechos humanos no han sido, desde hace veinte años, sistemáticas, aunque las ha habido. En seguida se sostiene por los defensores de este sistema que hay elecciones periódicas, bien conducidas conforme a las leyes, lo que es efectivo; pero esas elecciones han estado sujetas a la no representatividad que hemos mencionado. Mientras esto continúe siendo así, no se puede sostener seriamente que existe democracia. El que escribe, ha sido 17 años seguidos profesor de derecho público y ciencias políticas en la Universidad de París Uno (Panthéon-Sorbonne) y sabe de lo que está hablando. También lo ha sostenido, por ejemplo, Felipe Portales en sus libros: Que no hay una verdadera democracia en Chile. Se observará que en ninguna parte habría verdadera democracia, esa es cuestión de escala. Los obstáculos para que el pueblo chileno exprese su voluntad son demasiado grandes en Chile como para compararlo con otras democracias, que podrán tener defectos pero no son tan graves.

Para terminar, quiero observar que los sectores políticos que han ejercido funciones de gobierno, parlamentarias, y también en el poder judicial, no han contado ni siquiera con una, o dos, o tres personas que históricamente puedan ser llamadas de calidad sobresaliente, como sí ha ocurrido en otras épocas anteriores de nuestra historia. El espíritu de quienes han ejercido estas funciones es de una visible mediocridad. Aun cuando reconozco que algunos han demostrado “la excelencia de la mediocridad”.

Por Armando Uribe Arce

Premio Nacional de Literatura. Miembro de la Academia Chilena de la Lengua y de la Real Academia Española. Experto en Derecho Minero y diplomático entre 1967 y 1973. Ha publicado gran cantidad de obras de política, religión, derecho penal, mineria, ficción y poesía.

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