La sombra de Barrick Gold en el escándalo del Tribunal Ambiental: el relator que certificó las inhabilidades trabajó cinco años para la minera
Los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitaron en un hecho sin precedentes, luego de que la propia página del órgano anunciara el rechazo a las medidas cautelares del proyecto Prospección Minera El Alto, conocido como Pascua Lama 2.0. La nota fue subida sin ninguna resolución que la respaldara y bajada horas después, según consignó Radio Biobío en su investigación publicada el 27 de septiembre de 2026.
El proyecto, perteneciente a Compañía Minera Nevada SpA —filial de Barrick Gold—, contempla 62 pozos de sondaje de diamantina sobre 43 plataformas en la alta cordillera de Alto del Carmen, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, con una inversión de US$35 millones. Radio Biobío detalló que la aprobación ambiental fue impugnada mediante tres reclamaciones, y que la filtración ocurrió la tarde del miércoles 23 de septiembre, cuando las comunidades aún esperaban un pronunciamiento.
Al día siguiente, entre las 18:53 y las 18:55 horas, el relator de la causa R-174-2026 certificó la inhabilidad de los ministros Alamiro Alfaro Zepeda, Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas, quienes invocaron haber «manifestado de cualquier modo dictamen sobre la cuestión pendiente». El abogado Bruno Barrientos declaró a Radio Biobío: «Llamamos al tribunal consultando por qué estaba esta noticia, si en ninguna parte constaba esa resolución… Nos dijeron que era muy raro, que era preocupante, y después bajaron la noticia«.
La controversia se profundiza por el posible conflicto de interés del relator Álvaro Funes Palacios, quien, según su perfil de LinkedIn consignado por Radio Biobío, fue durante cinco años jefe de Asuntos Legales de Barrick Gold en Minera Zaldívar, firma de la cual la minera es dueña del 50%.
La abogada Karinna Fernández señaló que la filtración «no sólo erosiona gravemente la confianza pública en la administración de justicia, sino que vulnera los estándares mínimos de imparcialidad y el debido proceso».
El secretario abogado del tribunal certificó el envío de las causas al Segundo Tribunal Ambiental en Santiago, donde podría repetirse la situación, ya que su jueza presidenta, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Compañía Minera Zaldívar.
El Primer Tribunal Ambiental respondió por mail que no emitiría «pronunciamientos adicionales» y que ha «reforzado sus protocolos y procedimientos internos».
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