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España extraditará a Uruguay a ex-militar represor de la dictadura

Será juzgado por los delitos de desaparición forzosa, homicidio, genocidio, torturas y privación grave de libertad


Chevige González Marcó

11/05/2018

El Consejo de Ministros de España aprobó la extradición a Uruguay del coronel retirado Eduardo Ferro acusado de cometer los delitos desaparición forzosa, homicidio, genocidio, torturas y privación grave de libertad, durante la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985).

Ferro es acusado de ser el responsable del secuestro y desaparición del militante del Partido Comunista Oscar Tassino en el año 1977, y de asesinar a Fernando Miranda, padre de Javier Miranda, presidente del Frente Amplio.

Se estima Ferro, de 71 años, abandonó Uruguay en el año 2016, antes de que se le impusiera el cierre de fronteras. La Justicia había impuesto una orden de captura nacional e internacional contra el militar retirado.

Este viernes 11 de mayo diversas agencias de noticia informaron que el Consejo de Ministro de España aprobó “la entrega a Uruguay del ex militar, Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, para su enjuiciamiento por los delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el período de dictadura, entre los años 70 y 80”.

“Ferro Bizzozero, quien se encuentra actualmente en España en situación de prisión provisional, será enjuiciado en su país por la desaparición de otro ciudadano uruguayo, bajo la acusación de presuntos delitos de desaparición forzosa, homicidio, genocidio, torturas y privación grave de libertad, todos ellos englobados en el estatus de lesa humanidad”, se indicó en la resolución del Consejo de Ministro español.

El ex coronel uruguayo “está identificado como uno de los principales protagonistas en dicho país de la denominada Operación Cóndor, una ofensiva dirigida por varias dictaduras latinoamericanas de finales de los años 70 para acabar con la disidencia política”.

En 2011, bajo la presidencia de José Pepe Mujica se difundió en la web los nombres de 465 víctimas de la dictadura, asesindos y desaparecidos. Esto con el objetivo de que los jueces del país conozcan los casos que pueden investigarse, incluidos 88 que permanecían bloqueados por la denominada  Ley de Caducidad.


El Consejo de Ministros de España aprobó la extradición a Uruguay del coronel retirado Eduardo Ferro acusado de cometer los delitos desaparición forzosa, homicidio, genocidio, torturas y privación grave de libertad, durante la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985).

Ferro es acusado de ser el responsable del secuestro y desaparición del militante del Partido Comunista Oscar Tassino en el año 1977, y de asesinar a Fernando Miranda, padre de Javier Miranda, presidente del Frente Amplio.

Se estima Ferro, de 71 años, abandonó Uruguay en el año 2016, antes de que se le impusiera el cierre de fronteras. La Justicia había impuesto una orden de captura nacional e internacional contra el militar retirado.

Este viernes 11 de mayo diversas agencias de noticia informaron que el Consejo de Ministro de España aprobó “la entrega a Uruguay del ex militar, Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, para su enjuiciamiento por los delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el período de dictadura, entre los años 70 y 80”.

“Ferro Bizzozero, quien se encuentra actualmente en España en situación de prisión provisional, será enjuiciado en su país por la desaparición de otro ciudadano uruguayo, bajo la acusación de presuntos delitos de desaparición forzosa, homicidio, genocidio, torturas y privación grave de libertad, todos ellos englobados en el estatus de lesa humanidad”, se indicó en la resolución del Consejo de Ministro español.

El ex coronel uruguayo “está identificado como uno de los principales protagonistas en dicho país de la denominada Operación Cóndor, una ofensiva dirigida por varias dictaduras latinoamericanas de finales de los años 70 para acabar con la disidencia política”.

En 2011, bajo la presidencia de José Pepe Mujica se difundió en la web los nombres de 465 víctimas de la dictadura, asesindos y desaparecidos. Esto con el objetivo de que los jueces del país conozcan los casos que pueden investigarse, incluidos 88 que permanecían bloqueados por la denominada  Ley de Caducidad.

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