Litio en Chile: OLCA denuncia opacidad y empresas judicializan transparencia en la Estrategia Nacional
En junio de 2024, el gobierno de Chile informó que 54 empresas de 10 países habían manifestado interés en la exploración y explotación de litio en 26 salares del país. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó entonces que “estamos hablando de 88 propuestas, de 54 empresas distintas, de 10 países diferentes, lo que indica un interés muy amplio por invertir en esta industria”.
Sin embargo, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) advirtió que este proceso se desarrolló bajo completa falta de transparencia. A través de una solicitud a la Subsecretaría de Minería, OLCA pidió el listado de las empresas interesadas, pero el organismo denegó la información, alegando confidencialidad.
En septiembre de 2024, OLCA presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que falló a su favor y ordenó a la Subsecretaría entregar el listado de las 54 empresas y los salares que motivaron su interés. No obstante, la disputa escaló, ya que el empresariado respaldó la negativa de la cartera de Minería y judicializó el proceso con recursos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Uno de los reclamos fue interpuesto por Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. (SOMINOR), vinculada al Grupo Errázuriz, que en el pasado fue favorecida por una licitación del gobierno de Sebastián Piñera y que mantiene un fuerte interés en proyectos como Producción de Sales Maricunga. Dicho proyecto enfrenta un revés tras la orden de realizar consulta indígena, dejando sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental.
El segundo recurso fue ingresado por la transnacional Enel, a través de su filial Enel Green Power Chile S.A. La compañía italiana, que ha promovido el negocio de las baterías y tecnologías asociadas al litio, busca evitar que se libere la información, pese a su fuerte presencia en el país y sus alianzas globales en el sector energético.
Para OLCA, este caso refleja un patrón que ha marcado la Estrategia Nacional del Litio: ausencia de participación, acuerdos poco transparentes como el de SQM-Codelco, y asociaciones con transnacionales cuestionadas como Río Tinto. “Pareciera ser que lo ‘virtuoso’ de la alianza político-empresarial guarda más de omisiones y negocios entre cuatro paredes que construcciones colectivas y proyectos transformadores”, enfatizó el Observatorio.
📌 Invitamos a leer el artículo completo publicado originalmente por Radio Universidad de Chile en el siguiente enlace:
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