Ex seremi de Justicia y DDHH de Piñera es hijo de uno de los militares condenados en el caso de Víctor Jara

Juan Renán Jara Quintana, uno de los siete miembros del Ejército en retiro que fue condenado por la Corte Suprema en retiro por el asesinato de Víctor Jara Martínez, es padre de Juan Enrique Jara, quien se desempeñó como Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe recordar que en un fallo unánime, el lunes 28 de agosto, la Segunda Sala de la Corte Suprema, dictó sentencia definitiva estos ex integrantes del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, tanto del cantautor como del director de prisiones a la época de los hechos, Littré Abraham Quiroga Carvajal. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en Santiago.

De esta forma, Juan Jara Quintana, junto con Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, y Hernán Chacón Soto fueron condenados a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios; y a 10 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados. En tanto, el otrora oficial Rolando Melo Silva deberá purgar 5 años y un día y 3 años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente.

Sin embargo, Hernán Chacón Soto decidió quitarse la vida, cuando llegó la Brigada de Derechos Humanos de la PDI acudió a su domicilio, ubicado en calle Badajoz en Las Condes, para trasladarlo a la cárcel de Punta Peuco para que comenzara a cumplir la pena.

La PDI también confirmó que Raúl Jofré González y Nelson Haase Mazzei son los únicos exmilitares que faltan por detener en este caso y se encuentran prófugos de la Justicia.

En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte –integrada por los ministro Haroldo Brito, Jorge Dahm, la ministra Eliana Quezada y las abogadas (i) Carolina Coppo y Leonor Etcheberry– descartó error en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre de 2021.

En el texto se expone que entre el 13 y el 15 de septiembre de 1973 se practicaron interrogatorios a detenidos al interior del Estadio Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y/o administrativos previos, algunos realizados por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época y, entre otros, fue interrogado Víctor Jara, sin que de estas actuaciones quedara constancia alguna, como tampoco de los supuestos cargos imputados o de la formación de algún proceso.
Según el fallo, Víctor Jara habría recibido, a lo menos, 44 impactos de bala en el momento que fue ejecutado.

Hijo de uno de los condenados en el caso de Víctor Jara

Juan Jara Quintana es padre de Juan Enrique Jara, quien se desempeñó como Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta, durante la segunda administración de Sebastián Piñera. Asimismo, llegó a ejercer como titular de Gobierno Subrogante en la zona.

En su momento la designación de Juan Enrique Jara fue motivo de polémica y rechazo, debido a sus nexos familiares con uno de los autores del asesinato de Víctor Jara.

A través de los certificados de matrimonio y nacimiento del Registro Civil, se pudo corroborar que efectivamente es hijo de Juan Renán Jara Quintana.

De hecho, este dato fue omitido cuando se produjo el nombramiento de la autoridad el 2018, a pesar de la incompatibilidad de este antecedente con su cargo.

El vocero de la Agrupación Providencia, sitio de memoria en un ex centro de detención y tortura, Héctor Maturana, explicó en noviembre de 2019 que «nos dimos cuenta que no hubo transparencia en la designación de Juan Enrique Jara como Seremi de Justicia. Es un cargo que está ligado a justicia y derechos humanos. Al momento de asumir, él debió haber dicho que no correspondía por las implicancias de su padre. Para nosotros es un hecho gravísimo la poca transparencia en su designación».

Además, Maturana agregó en sus declaraciones a El Desconcierto que «en este mes (noviembre) no hemos tenido ningún contacto. Ellos como gobierno han hecho una pésima labor. La seremía de justicia y derechos humanos en ningún caso se ha referido a las muertes y violaciones que han sufrido los manifestantes en este estallido social, en ningún caso se han referido a las personas que han perdido sus ojos producto de los perdigones que dispara Carabineros. No hay información ni postura respecto a estos temas».

UDI, defensor de la dictadura y pro Kast

Enrique Jara es abogado de la Universidad de Los Andes, militante de la UDI y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet.

Incluso, en el minuto 37:42 del documental “I Love Pinochet”, aparece justificando la dictadura cívico militar, afirmando que la responsabilidad de la violación a los DD.HH. correspondería a “hechos aislados” de personas individuales, y que a su juicio la dictadura a fin de cuentas constituyó un rescate para Chile.

“Siento que fue una cuestión inevitable lo que ocurrió. Me duelen ciertas situaciones sí como cristiano, como católico, cuando hubieron violaciones a los DD.HH. obviamente que hay una cuestión que te molesta así un poco, pero en especial con personas, no así como el gobierno (militar) en general, sino que de repente funcionarios, militares. Pero sí en términos generales Chile se rehízo. O sea, hoy día es uno de los países más pujantes de América Latina, y en muchos países se está copiando en el fondo lo que se hizo en Chile; vemos Uruguay, Argentina. Vemos que EE.UU está analizando la reforma previsional que se hizo en Chile para crear el fondo de pensiones. En el fondo eso igual es lo que nos llena de orgullo lo que se hizo en Chile. Se hizo un país de nuevo en muchas cosas.” afirmó Juan Enrique Jara en el material audiovisual.

En 2009 fue candidato a diputado por la Región de Coquimbo. Durante la campaña, brindó entrevistas donde dijo que la educación la concebía como un bien de consumo y aseguró que presentaría un proyecto «para que las familias más pobres puedan elegir colegios más caros para sus hijos, apoyados por un subsidio del gobierno y entregar un bono para que ellos consuman mejor educación».

Además, se ha definido a sí mismo como religioso y «pro vida», manifestándose abiertamente en contra de los derechos de las mujeres sobre este tema. También se opuso a la píldora del día después y al aborto en tres causales.

En su cuenta en Twitter dejó ver su simpatía porel ultraderechista José Antonio Kast, a quién le ha llegado a escribir mensajes de apoyo en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, toda esta información que se podría encontrar en sus redes sociales, fue puesta de manera privada, en donde no se puede acceder de forma pública a sus comentarios en Twitter, siendo la misma situación en su cuenta de Facebook.

Amenaza a organizaciones sociales que convocaran a manifestaciones

La gestión de Enrique Jara como seremi de Justica en Antofagasta, también estuvo empañada por sus amenazas a organizaciones sociales que convocaron a marchas y movilizaciones en medio del estallido social.
“Queremos hacer un llamado también a las organizaciones, quienes convocan estas marchas, a su cuota de responsabilidad. La verdad es que quienes convocan a las marchas, y que finalmente terminan en violencia, también tienen cuota de responsabilidad”, indicó en declaraciones a la prensa el 26 de noviembre de 2019.
Luego, en una clara amenaza a estas agrupaciones, sentenció: “Nosotros como gobierno vamos a hacer exigibles todas las responsabilidades penales que establece la ley, a través de querellas de ley de seguridad interior del Estado y todo aquello que permita que la ciudadanía pueda recuperar el orden público y la paz necesaria”.

En esa ocasión, emplazó a los tribunales de justicia y fiscales a cumplir con su “responsabilidad”.
“Así como Carabineros y PDI trabajan día y noche exponiendo su vida, haciendo su trabajo, necesitamos que todas las instituciones del Estado pongan su deber de responsabilidad: Jueces, fiscales, defensores… Para que no quede impune el delito. Es importante que quienes cometan delitos, saqueos, incendios, delitos graves, sepan que vamos a aplicar como Gobierno todo el rigor de la ley contra ellos”,

Otro hecho que ensombreció su gestión se relaciona con el obstáculo que representó para demanda de las organizaciones sociales recuperar el sitio de memoria Providencia que fue declarado monumento nacional en mayo 2016, pero que se encontraba ocupado como escuela de suboficiales por parte de Carabineros.

Al respecto, Héctor Maturana explicó en noviembre de que su presencia «obstaculiza y dificulta el proceso iniciado por nuestra agrupación de convertir el espacio en un sitio memoria efectivo, que tenga incidencia en la formación de nuevas generaciones que sean protagonistas de su destino y con una férrea cultura de respeto y promoción de los derechos humanos, que derrote tarde o temprano las prácticas recurrentes de Carabineros, Ejército y otras ramas de las fuerzas armadas».

Maturana indicó que había tenido algunos diálogos con el Seremi de Justicia, pidiendo reuniones también con la Intendencia Regional, para encausar su demanda de recuperar el espacio y convertirlo realmente en un sitio de memoria, «donde tengamos acceso directo y plena participación». Pero explicó que «solo se han quedado en palabras de buena voluntad, nada en concreto, no ha tenido gravitación. Ahora que conocemos su enlace familiar, tampoco nos parece un interlocutor válido».

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