Fiscalía inició investigación por polémicos convenios de Seremi de Antofagasta

La Fiscalía inició una investigación por los convenios entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

«La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios», refiere el comunicado del Ministerio Público, citado por MegaNoticias.

Para la investigación, el Ministerio Público designó al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela.

Aranela – detalla la Fiscalía – se encargara de esclarecer «si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delito».

De igual forma, la Brigada de Delitos Económicos de Antofagasta de la Policía de Investigaciones (PDI) serán los encargados de realizar las diligencias corresppondientes al caso.

Para las investigaciones, se solicitará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Contraloría Regional y Seremi de Vivienda la entrega de los antecedentes relacionados con este hecho.

Cabe recordar que, por la polémica que se ha generado, , la militante por el partido Revolución Democrática anunció este martes la suspensión de su participación en la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Recientemente, diferentes parlamentarios pidieron la renuncia de Pérez tras la polémica por la adjudicación de un millonario convenio de $400 millones a la Fundación Democracia Viva, ligada a su pareja.

Ante esto, el lunes la diputada aclaró que no tiene “absolutamente ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos, ex funcionarios de la administración del Estado”.

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