Gobierno de Milei lanza amenazas a quienes protesten: «Sepan que si se toman las calles, va a haber consecuencias»

Una política de seguridad con claras estrategias represivas fue lo que presentó este jueves 14 de diciembre la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. El foco de la Administración del presidente Javier Milei parece estar en controlar las manifestaciones en la vía pública cuando se viven momentos de zozobra social por el plan de ajuste económico anunciado.

Defienden el objetivo de «cumplir la ley» porque «la forma de pedir o buscar un beneficio social» ya no es «por la vía del corte» y porque «sin orden no hay libertad».

«Sepan que si se toman las calles, va a haber consecuencias», sentenció Bullrich al anunciar, además, que ante un delito «en flagrancia» vinculado al bloqueo de las calles podrán intervenir «de manera inmediata las fuerzas federales», de acuerdo con «los códigos procesales vigentes».  

«Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal (SPF), van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple», declaró Bullrich desde la sede del Ministerio de Seguridad, en Buenos Aires.

Las cuatro fuerzas federales a las que hizo mención la ministra son: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), consignó RT.

Asimismo, adelantó que se presentará un proyecto de ley para establecer nuevas penas, de acuerdo con el artículo 194 del Código Penal, que establece un castigo de prisión de 3 meses a 2 años a quien «estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire». 

Bullrich aclaró que las fuerzas de seguridad tendrán el objetivo de «dejar liberado el espacio de circulación», ya sea una vía principal o aledañas. Según dijo la ministra, «se va a poder manifestar en la vereda».

Otros de los polémicos puntos:

• Quienes lleven niños a las protestas serán duramente sancionados.
• Quienes impidan la libre circulación serán identificados.
• Los buses que transporten manifestantes, así como sus conductores, serán retenidos por la Policía.
• «Los costos de la seguridad los pagarán las organizaciones» políticas, sociales o sindicales que convoquen la manifestación. 
• Los cuerpos del orden emplearán «la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia» para la liberación de las vías bloqueadas.

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