Gobierno y SEA apresuran proceso de «participación ciudadana» con el objetivo de imponer proyecto minero Vizcachitas

Putaendinos envían carta al SEA en la que denuncian presiones por parte de la institución para llevar a cabo, de manera apresurada, el proceso de Participación Ciudadana (PAC) del proyecto de sondajes de la minera Vizcachitas Holding. De la misma forma, la comunidad denuncia faltas en el protocolo y la deficiente divulgación que se ha realizado sobre el PAC entre la comunidad, quienes han sido los protagonistas a la hora de detener este proyecto minero, que implicaría graves daños en la cordillera putaendina.

El 2 de noviembre 25 organizaciones sociales, agrícolas y ambientales enviaron una carta a la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, Paola La Rocca Mattar. En esta carta las agrupaciones putaendinas manifiestan su opinión frente al PAC que lograron obtener, gracias a la presión social y la ejercida en tribunales, dentro del proyecto “Sondajes Mineros de Perfectibilidad Las Tejas” de la minera Vizcachitas Holding, de Los Andes Cooper, que de aprobarse estaría ubicada en la comuna de Putaendo.

El área en la que se inserta el proyecto es una zona de valor ecológico, ambiental y de inmensa diversidad, que contiene humedales y vegas importantes para la flora y fauna de la zona. Además a 3,5 kilómetros del punto cero del yacimiento -en el sector Las Launas- hay un glaciar de roca que alimenta los ríos Hidalgo y Rocín, este último principal afluente del río Putaendo, los putaendinos hacen uso de estas aguas. Pese a que uno de los últimos slogan del gobierno ha sido “protejamos los glaciares”, la institucionalidad ambiental pareciera no compartir en la práctica estas preocupaciones.

Sin embargo, el 26 de agosto de este año la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió por unanimidad el Recurso de Protección a favor de la comunidad, quienes exigían que el proyecto minero contemplara la PAC y se anulara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) dada por el SEA, en un primer momento. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema el pasado 17 de septiembre.

En la carta los putaendinos denuncian que se han enterado, a través del Municipio de Putaendo, que el SEA está proponiendo realizar la apertura del proceso desde mediados de Noviembre hasta mediados de Diciembre, contemplando algunas actividades presenciales en el territorio, aunque la mayoría será efectuada vía online.

Frente a la propuesta, las organizaciones de Putaendo, manifestaron su preocupación frente a la injustificada celeridad con la que el SEA está tratando la participación ciudadana, aún en plena pandemia y con trámites administrativos pendientes.

En la carta exponen que a pesar del fallo de la Corte Suprema, hasta el momento, la RCA del proyecto sigue figurando en el sistema como “Aprobado”. “Esto nos parece grave en la medida que no se ha cumplido con la anulación de este instrumento y no es claro con la comunidad respecto al cumplimiento de lo ordenado por la Corte.”, expresan las organizaciones.

Es por esto que como primera medida la comunidad exige que antes de comenzar a planificar la PAC, se concrete la anulación de la RCA, ya que este es un paso necesario para validar la participación ciudadana.

Además, denuncian que el SEA no se ha comunicado con los más 2.000 habitantes y organizaciones que solicitaron oportunamente la participación ciudadana. Algunas organizaciones han recibido algún mail o llamada, mientras que se ha sabido que el SEA se ha reunido con algunos dirigentes de Juntas de Vecinos. Sin embargo, los intentos de la institución ambiental no han alcanzado a la mayoría de los involucrados en el proceso.

“El proceso de planificación de esta consulta, debido al alto interés que suscita debe garantizar que sea informado y cuente con una alta capacidad de convocatoria. Hasta el momento, su Servicio no ha actuado en consonancia a la importancia que este proceso debe tener, luego de esperar más de un año –judicialización de por medio- para lograr que el proceso se realice. Por tanto, consideramos que el SEA debiese tener una comunicación activa con los solicitantes del proceso y una planificación que garantice la participación de toda esta población.”, señala la carta.

Las organizaciones señalan además que debido a la situación de pandemia producto del COVID-19 se vuelve muy dificil proveer las condiciones mínimas para asegurar una convocatoria amplia, informada e inclusiva.

“En la situación de pandemia no se dan las condiciones mínimas para garantizar y asegurar una convocatoria inclusiva. Exigimos al SEA reconsiderar las fechas y postergar, tomando en cuenta que este proceso nos costó mucho a los putaendinos ganarlo, por lo tanto estamos atentos para que se cumpla bajo toda la norma legal que nos garantice transparencia y confiabilidad en el proceso.”, argumenta Patricia Fuentes, presidenta de Putaendo Resiste, una de las organizaciones firmantes de la carta.

En función de los criterios del gobierno, las organizaciones consideran que la PAC debiese activarse al menos cuando la comuna pase a la Fase 4 del plan Paso a Paso. La carta señala además que en términos óptimos, el proceso debiese iniciarse desde Marzo, ya que en verano se reactivan los trabajos de temporada, que podrían dificultar la participación.

Es en virtud de todos estos argumentos que la comunidad exige al SEA reconsiderar las fechas y formatos propuestos. Así, hacen el llamado a la institución a postergar la instancia ciudadana para cuando el contexto permita un proceso seguro y de calidad, advirtiendo que intentarán por todos los medios influir para que el proceso no se realice hasta que existan las condiciones necesarias.

“Cabe recordar que este proceso no se habría dado si no es por el empuje e interés que nuestra comunidad y sus organizaciones vivas han demostrado. Nos hemos ganado la oportunidad de hacer observaciones al proyecto y por tanto, exigimos que el Estado representado a través de SEA, entregue las condiciones adecuadas para ello.”, finaliza la carta, invitando tanto a la directora regional del SEA como a los funcionarios involucrados en el proyecto a mantener una reunión con la comunidad.

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