Comunidad Kawésqar denuncia discriminación racial en las comisiones regionales que rechazan sistemáticamente sus solicitudes de Espacio Costero y casa ceremonial
En una columna de opinión publicada, la dirigenta de la comunidad Kawésqar, Nómades del Mar, Leticia Caro, denunció que el Estado chileno ha rechazado sistemáticamente las solicitudes territoriales de su pueblo, calificando estos rechazos como actos de discriminación racial.
Según relató Caro en el medio, en abril de 2025 el Consejo Regional de Magallanes votó tres solicitudes de terreno en una misma sesión: aprobó sin discusión un espacio para acopiar tapas de bebidas y otro para piscinas de bomberos, pero rechazó la solicitud kawésqar de 1,26 hectáreas en San Juan para levantar una casa ceremonial. «Un consejero sostuvo que dejaríamos ‘la zona de San Juan toda cerrada’, y otro advirtió que la concesión podía ‘abrir un flanco de polémica entre distintas comunidades’«, consignó La Prensa Austral, según citó la autora.
«No hablaron de la ley. Hablaron de su incomodidad con nosotros», escribió Caro en su columna de ElDesconcierto.cl. La comunidad llevó el rechazo a la Corte Suprema, que les dio la razón: la negativa debía ser fundada. Sin embargo, el gobierno regional de Magallanes, encabezado por el gobernador Jorge Flies, respondió manteniendo el mismo «no», ahora escudado en que no «alcanzaba convicción suficiente». «Cuando un tribunal ordena dar razones y el Estado contesta con una frase vacía, es que la decisión ya estaba tomada«, sentenció la dirigenta.
La dirigente advirtió que la misma maquinaria se prepara para votar su solicitud de Espacio Costero Última Esperanza y Tawokser, y que «los mismos consejeros y autoridades que ya rechazaron antes a las comunidades kawésqar han dejado ver su negativa de antemano». «Cuando quienes deben decidir ya fijaron su posición antes de escuchar los antecedentes, la votación no es deliberación: es un trámite para ratificar lo resuelto mucho antes», denunció.
Caro explicó por qué los rechazos son racistas: «Nos niegan midiendo nuestros derechos con la vara de la productividad. La Ley Lafkenche no fue hecha para evaluar rentabilidad ni toneladas de producción: fue hecha para reconocer un uso ancestral del mar«. Añadió que «cuando una autoridad rechaza nuestra solicitud porque ‘afecta la actividad económica’, le exige a un derecho indígena que se justifique en la lógica de la empresa».
Además, citó el estudio «¿Paralización o coexistencia?» del Observatorio Legislativo para Comunidades Costeras (OLMAR), elaborado con datos de Subpesca, que demuestra que de las 1.323 concesiones salmoneras otorgadas en el sur austral, la mayoría convive con los Espacios Costeros sin verse afectada.
«Cerca del 27% de esas concesiones permaneció inactivo entre 2012 y 2022. Es la propia industria la que subutiliza el mar que ya tiene, mientras se nos acusa a nosotros de bloquearlo«, reveló.
La columna también consignó que esta situación se repite en Los Ríos y Chiloé, donde las comisiones regionales rechazaron solicitudes que la Conadi ya había acreditado. «En Aysén ocurrió lo más grave: en noviembre de 2025 la Corte Suprema declaró que los rechazos a las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain fueron ‘arbitrarios, discriminatorios y contrarios’ a la Ley Lafkenche y al Convenio 169 de la OIT. Un mes después, la comisión de Aysén volvió a rechazar, por unanimidad», relató.
La dirigenta concluyó que «cada uno de estos rechazos cae siempre del mismo lado y beneficia al mismo interés: la industria salmonera, que necesita el borde costero libre de derechos indígenas para expandir sus concesiones«. «Los consejos regionales, las comisiones de borde costero y las gobernaciones actúan, resolución tras resolución, alineados con esa industria y contra las comunidades. Cuando el resultado es siempre el mismo, deja de ser casualidad y pasa a ser un sistema», sentenció en ElDesconcierto.cl.
«Un espacio costero no cierra los canales. Una casa ceremonial no le quita el mar a nadie. Lo que incomoda no es lo que pedimos: es que seamos nosotros quienes lo pedimos. Eso es racismo«, afirmó Caro. Y advirtió: «Mientras cada órgano del Estado siga entendiendo nuestros derechos como un estorbo para la industria, y no como un deber que la ley le impone, la respuesta será siempre la misma. Pero que quede por escrito antes de que voten Última Esperanza: ya no es solo nuestra palabra. Es la Corte Suprema la que llamó a esto por su nombre«.
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