La nueva institucionalidad en DDHH «paralizada»

El miércoles 28 de abril los consejeros, elegidos el año pasado para integrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Pamela Pereira, Luis Hermosilla y Sergio Fuenzalida, sostuvieron al fin una reunión con el ministro secretario general de la presidencia, Cristián Larroulet, para conversar sobre la implementación por el Gobierno de la nueva institucionalidad en derechos humanos que debería comenzar a funcionar en el país.

En la cita, los consejeros del futuro INDH le manifestaron al ministro Larroulet su preocupación, porque la entidad, que de acuerdo a la Ley 20.405 debería comenzar a operar este año, está en una virtual paralización, ya que la Contraloría indicó que faltaba un decreto para su instalación. Ese sería el motivo por el cual ni siquiera formalmente han tenido su primera sesión, pese a que se han estado reuniendo provisoriamente en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), en cumplimiento del mandato dado por quienes los eligieron.

El ministro Larroulet les aseguró, en la cita, que va a clarificar el mecanismo que se requiera para echar a andar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que, en materia de financiamiento, se les asignarán fondos del Tesoro Público, que ascenderían a cerca de los Mil millones de pesos.
Hasta el cierre de esta nota no hay avances concretos, sólo promesas que todavía no se concretizan.

El INDH

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estará conformado por once consejeros dentro de los cuales uno de ellos será su director ejecutivo. De acuerdo a la Ley 20.405, su objetivo será la promoción y protección de los derechos humanos.

Entre sus tareas podrá “deducir querella respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas”. También deberá emitir un Informe Anual sobre la realidad de los derechos humanos en nuestro país y emitir recomendaciones a los distintos organismos del Estado, entre otras obligaciones que tendrá por ley.

Recordemos que el Senado designó como consejeros a los abogados Pamela Pereira y Luis Hermosilla; la Cámara de Diputados eligió a Roberto Garretón y Miguel Luis Amunátegui; la sociedad civil, en una reunión convocada en febrero pasado por el Ministerio del Interior, eligió a Claudio González, de Fasic; Lorena Fríes, de la Corporación Humanas; al abogado Sergio Fuenzalida y al dirigente de los Ex Presos Políticos de la Quinta Región Enrique Núñez. Por el lado del Gobierno, la ex Presidenta Michelle Bachelet designó a María Luisa Sepúlveda y a Gonzalo Muñoz. La designación de Sepúlveda está confirmada por decreto visado por la Contraloría. Sobre la situación de Muñoz, se sabe que el actual Ejecutivo retiró de Contraloría el decreto que lo designaba desconociéndose las razones, hasta el día de hoy, que tuvieron.

Finalmente, las Facultades de Derecho de las universidades integrantes del Consejo de Rectores y de universidades autónomas, eligieron al abogado Eugenio Díaz para formar parte de esta entidad encargada de velar por los derechos humanos en Chile.

Por Pablo Ruiz

Comunicaciones de Fasic
Miembro del Observatorio de la Escuela de las Américas y la Comisión ‘Ética Contra la Tortura